José Vicente Haro
Abogado
egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
DEA
en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista
en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del
Gobierno de España
Especialista
en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello
Fellow on Democracy, Development and
Rule of Law por Stanford University
Profesor
de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la UCAB de 2001 al 2015
Actual
Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Presidente
de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
Miembro
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Miembro
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional
I.
Salutación protocolar.
Ilustres Presidente y demás Miembros del Colegio de
Abogados del Estado Falcón con sede en Coro.
Dr. Wilmer Pereira, Presidente del Colegio de
Abogados, pero, sobre todo, querido y extraordinario exalumno, comprometido
profesional y gran impulsor por la presencia y la lucha activa del gremio de
abogados en la reconstrucción y recuperación de la justicia en Venezuela.
Ilustres Colegas Abogados, autoridades locales y
regionales, estudiantes de derecho y futuros juristas. Señoras y señores.
II. El papel
del abogado en la sociedad democrática y en el Estado Constitucional.
Los abogados somos, ante todo y sobre todo, el
reflejo fiel del Estado de la Justicia en Venezuela. No voy a hacer uso del
lugar común de todos los discursos de mis queridos colegas y amigos que siempre
atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio
Público y a los órganos auxiliares de Justicia, la total responsabilidad del
grado de injusticia que vivimos y padecemos hace bastante décadas los
venezolanos.
Antes de eso debemos reconocer y asimilar que, como
indica la Constitución venezolana, nosotros también somos, para bien y para
mal, parte del sistema de justicia y corresponsables de la situación actual de
la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela por acción y/u omisión. Todos
tenemos un “mea culpa” que hacer al respecto y, para dar el ejemplo, yo soy el
primero en dar un paso al frente y decir, sin ambages, complejos o temores, que
también soy corresponsable de la situación grave que vive Venezuela en materia
de justicia porque todos los días me acuesto pensando: he podido hacer más hoy
y no lo he hecho, he podido dar más, pero no lo he hecho, he cometido errores,
he podido hacer las cosas mejor, no soy perfecto y debo corregir aquello que
haya que corregir, superar lo que se deba superar, evolucionar ante todo y
continuar: puedo ser mejor de lo que soy, siempre se puede ser mejor, siempre
podemos ser mejores abogados.
Algunos pensaran que yo, José Vicente Haro, algo he
hecho por la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela y, tal vez, por
modestia no lo reconozco en este momento, pero, honestamente les digo desde lo
más profundo de mi corazón: sé que siempre se puede hacer más, pero por las
razones que fueren no hacemos más de lo que se nos permite o de lo que está a
nuestro alcance y yo también asumo la responsabilidad por todo aquello que tal
vez he podido hacer y el tiempo, las circunstancias y las limitaciones me lo
han impedido, pero nunca, nunca, podrán servir como excusa. Frente a las
injusticias no hay excusas que valgan en la lucha que debe librarse contra
ellas.
Cuando recuerdo el juramento que hice ante el
entonces Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda, al
recibirme como miembro de ese Colegio de Abogados, recuerdo haber jurado por
hacer valer la Constitución y las leyes, por trabajar y luchar por la justicia,
por hacer honor a nuestro Ministerio, recuerdo hacer jurado cumplir con el
artículo 2 del nuestro Código de Ética: “servir a la justicia, asegurar la
libertad y el Ministerio del Derecho”. Sin embargo, hoy, es poco lo que creo
que humildemente he hecho por la justicia, he podido hacer mucho más.
Recuerden: siempre se puede dar más y el único límite real y verdadero para
ello somos nosotros mismos.
III. El
abogado como Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos.
Cuando pensamos en lo que somos los abogados no podemos
dejar de mencionar que somos unos simples pero importantes agentes entre los
ciudadanos y las Instituciones. La correa de trasmisión entre los ciudadanos
que buscan justicia y las Instituciones que están obligadas a brindarla y
garantizarla porque, al fin y al cabo, somos quienes colocan al alcance de los
ciudadanos los mecanismos para hacer efectiva la Constitución y los Derechos
garantizados por la Constitución.
Por ello, la principal misión y compromiso que
tenemos los abogados es con la Constitución, los Derechos Humanos y los
Ciudadanos.
La Constitución es el documento político jurídico
en el que se basa y fundamenta el Estado Constitucional en general, pero en
particular, constituye ante todo el reconocimiento de la dignidad humana y de
los Derechos Humanos.
Los abogados somos los agentes llamados a
traducirla y hacerla realidad, tanto a la Constitución como a los Derechos
Humanos, para garantizar aquello que juramos al comenzar nuestro Ministerio: “servir
a la justicia y a la libertad”.
IV. El ejercicio de la abogacía y nuestros
compromisos con la Constitución y los Derechos Humanos.
Cuando comenzamos y nos adentramos al ejercicio de
la abogacía como digna profesión que es, muchas veces nos sumergimos en el
trabajo del día a día, de los casos, de los clientes, de los honorarios. Vamos
haciendo de nuestra profesión toda una empresa, importante, digna y necesaria
en una sociedad, pero la más de las veces nos alejamos de lo que fue ese
juramento que hicimos ante nuestros Colegios de Abogados para defender la
Constitución, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia.
El día a día nos lleva por derroteros que nos
alejan de nuestra sublime misión y debemos reconocer que ello nos atrapa en un
“sino” en el cual o nos debemos a la profesión y a nuestros clientes, o nos
debemos a la justicia. Algunos logran armonizar ambas cosas, muchos otros no.
Entre tantas experiencias en Instituciones Públicas
y Privadas en mi actividad profesional, yo estuve casi 15 años de mi vida trabajando
para una Firma de Abogados muy importante en Venezuela que tiene muchas sedes
en varias ciudades del país, allí llegué, dentro de un complejo sistema a ser
abogado junior, luego abogado Asociado, posteriormente Socio y finalmente Miembro de la Junta Directiva o Consejo de
Administración. Y les diré algo, los dos últimos años allí, ya como Socio (2007-2009)
sentí ese divorcio terrible entre el ejercicio de la profesión y la justicia y
la libertad por la que juré al inicio de mi carrera, hasta el punto que mis
opiniones en televisión nacional o internacional o en prensa y radio, contra la
Reforma Constitucional en 2007 y en defensa de la Constitución, eran ya vistas como inconvenientes por varios
de mis socios, porque no era conveniente atacar al Gobierno o decir la verdad
que todos pensamos.
Para muchos abogados es más conveniente hacer
negocios y guardar silencio, ser indiferentes, ser cobardes. Basta criticar al
gobierno y los males de Venezuela campaneando un Whisky pero no enfrentando las
injusticias. Pero no soy quien para juzgar, la libertad implica, incluso, el no
hacer nada, con la paradoja de que esa inacción se convierta en tu propia
cárcel.
A finales de 2009 tome la decisión más importante
de mi vida, dejar de ser un abogado más, retirarme de esa Firma por cuestiones
de principios y valores éticos y, asumir, sin más y con todas las dificultades que ello me ha
implicado, la defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la
Democracia en Venezuela. No ha sido fácil, por el contrario, escogí el camino
más difícil, aquel que no me permitía el confort y me imponía el sacrificio,
humano, económico y sobre todo el riesgo y el peligro en medio de una dictadura
que poco a poco se ha ido consolidando. Al principio pensé ingenuamente, debo
confesar, que podría armonizar ambas actividades, la privada y la pública por
la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos. Al final tuve que darme
cuenta que cuando uno asume seriamente el compromiso por la defensa de la
democracia y los Derechos Humanos corres el grave riesgo de no poder asumir y
mantener adecuadamente otras responsabilidades privadas y ese fue mi caso y así
lo tuve que asumir muy duramente y cargo con orgullo, pero no sin algún pesar,
esa responsabilidad.
Todo ello se hizo dramáticamente patente para mi
cuando asumí gratuitamente y sin ninguna ONG que me patrocine y sin financiamiento
alguno, la defensa gratuita de casi 200 presos políticos de los cuales hoy solo
me quedan en prisión los terribles e injustos casos de Araminta Gonzalez y
Gregory Sanabria (este último acusado junta al Alcalde Antonio Ledezma en la
misma causa). Esta lucha por los presos políticos me ha llevado a situaciones
complejas y me han hecho enfrentar fuertes amenazas de muerte por parte del
SEBIN y el CICPC a varios de cuyos funcionarios he denunciado con nombre y
apellido, nacional e internacionalmente ante las Instituciones
correspondientes, todo lo cual, dio lugar a una Medida Cautelar que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dictó para mi protección en agosto de 2015.
Sin embargo, siempre las amenazas siguen, los riesgos están allí, pero más que
eso, puede el compromiso de lo que juramos cuando nos recibimos de abogados:
luchar por la justicia y la libertad.
Mi lucha no ha sido fácil, puede parecer
significativa para algunos, pero para mí, no es suficiente en resultados: no
duermo tranquilo sabiendo que Araminta Gonzalez cumple el mes que viene 2 años
sin que se haya dado apertura a su Juicio y que en este tiempo haya intentado
suicidarse 2 veces producto de las graves torturas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes de los cuales ha sido objeto por el hecho de ser una presa
política. No puedo dormir tranquilo pensando que en el SEBIN el estudiante
Gregory Sanabria ya lleva 1 año y 8 meses en igual situación, sin que se haya
abierto su causa a juicio y padeciendo graves problemas de salud. No nunca es
suficiente. Hasta que no se logra la justicia y la libertad no hemos completado
nuestra misión en los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad en materia
de Derechos Humanos.
Disculpen por haberme puesto como referencia y
haber citado dos de mis casos como ejemplos, pero, creo, que es la mejor forma
de decirles a ustedes, colegas, amigos de carrera, que no basta con hacer
nuestro trabajo bien y atender bien a nuestros clientes: debemos mojarnos los
pies también asumiendo con solidaridad, humanidad, desprendimiento, humildad y
valentía (sin miedo), casos “pro bono” en materia de Derechos Humanos, porque
al fin y al cabo todos los abogados somos defensores de la Constitución y de
los Derechos Humanos. Y aclaro: no soy un ejemplo, solo soy un luchador más,
como lo son o pueden ser cada uno de ustedes.
V. Los
abogados como base fundamental para reconstruir el sistema de justicia y
recuperar el Poder Judicial en Venezuela.
Si hay ciudadanos que conocemos los problemas de la
justicia en Venezuela somos los abogados que acudimos día a día a las
Instituciones judiciales y ante los auxiliares de justicia a gestionar nuestros
casos.
Más allá de lo que debemos y podemos hacer
asumiendo con valentía y compromiso la defensa de la Constitución y de los
Derechos Humanos en Venezuela, tenemos otra tarea ineludible en un futuro
cercano y la cual no podemos esquivar: trabajar en la reconstrucción del
Sistema de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa
Pública, de la Defensoría del Pueblo y de las demás instituciones asociadas a
la justicia, incluyendo los cuerpos policiales que hoy, como el SEBIN y el
CICPC practican sistemáticamente la tortura como política de Estado.
Esto implica un compromiso adicional de carácter
institucional y gremial en el que tenemos que colaborar todos los que llevemos
la justicia como parte de nuestra lucha de vida y que tengamos y entendamos el
derecho como un Ministerio para la libertad.
Pero esa reinstitucionalización no pasa sólo por
nuestros órganos de la Administración de Justicia y órganos auxiliares, toca
también a nuestras Escuelas de Derecho, nuestra Academia y nuestra educación en
las ciencias jurídicas: no podemos seguir hundiéndonos o, por decirlo más
sutilmente, tolerando la mediocridad: debemos aspirar a más en lo individual y
en lo colectivo incluso desde el punto de vista académico.
Los retos son muchos, yo sólo les he señalado
algunos.
VI. Los
abogados y nuestra importante actividad gremial: el ejemplo del Instituto
Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado
en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado realizada en Santa Ana,
Coro, y protocolizado en marzo de 2016.
Finalmente y porque no puede haber lugar u ocasión
más propicia para ello, quiero resaltar la necesidad y obligación que tenemos
los abogados de involucrarnos en los asuntos de carácter gremial que pueden
contribuir a los objetivos tantas veces nombrados en este discurso.
En este sentido y aunado a la actividad gremial
ordinaria y extraordinaria en la que muchos estamos y debemos seguir
trabajando, hay que apoyar aquellas iniciativas que desde el gremio contribuyan
para el rescate de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, tales como
la reciente iniciativa, que ya es una realidad, el Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia
(INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del
Inpreabogado en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016, el cual está
presidido por el Dr. Wilmer Pereira pero que cuenta en su directiva con una
gruesa e importante representación gremial de otros representantes de Colegios
de Abogados de otros Estados del país.
Dicho Instituto tiene por objeto contribuir al
desarrollo profesional, ético, académico, jurídico y científico del Derecho en
Venezuela, así como la promoción y desarrollo de los Derechos Humanos en
Venezuela. Tarea muy importante en estos momentos siendo una iniciativa gremial.
Ese Instituto tiene en este sentido realizar alianzas científicas, académicas,
profesionales y académicas con Universidades, instituciones nacionales e
internacionales, así como gremios, para el cumplimiento de sus fines. En
materia de Derechos Humanos ya ha establecido convenios con la Comisión de
Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y con el
Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras instituciones en materia de
Derechos Humanos.
Son precisamente ese tipo de proyectos e
iniciativas que todos los abogados debemos apoyar individual o colectivamente
como gremio, aportando nuestro granito de arena y así ir poco a poco, pero más
temprano que tarde, rescatando ese sistema de justicia del que somos parte y
corresponsables.
Queridos y estimados colegas, ha sido un honor que
hayan depositado su confianza en mí para
hacerles extender este día del abogado, 23 de junio de 2016, mis
consideraciones sobre nuestro papel, como profesionales y gremio, en la Defensa
de la Constitución y los Derechos Humanos.
VII. Reflexión final.
Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:
Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:
“La diferencia entre lo que
hacemos y lo que somos capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de
los problemas del mundo” Mahatma Gandhi
Coro, 23 de junio de 2016.
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