PRONUNCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

PRONUNCIAMIENTO DE LA

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

 EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

La Asociación Venezolana de Derecho Constitucional como organización que agrupa a profesores, investigadores y académicos en el área de Derecho Constitucional, Ciencia Política y disciplinas afines así como a defensores de Derechos Humanos; fundada en 1987, en Maracaibo, como una asociación civil de carácter académico e integrada fundamentalmente por miembros de la Sociedad Civil sin militancia partidista; inspirada en esta oportunidad por las mismas motivaciones que la llevó en el año 2007 a pronunciarse en contra del Proyecto de Reforma Constitucional que fue rechazado por los venezolanos en referendo realizado en diciembre de ese año; en esta oportunidad, a través de su actual Junta Directiva, asume nuevamente la responsabilidad de hacerlo en estos tan graves y difíciles momentos que vive la Nación venezolana y, por ello, se ve obligada, a alzar su voz frente a la pretensión ya inminente de imponer la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente mediante un procedimiento inconstitucional, ilegítima y contrario a la Justicia, y en tal sentido, manifestamos que:

1. La Constitución vigente en Venezuela desde el 31 de Diciembre de 1999 es el texto jurídico político que une a todos los venezolanos de las más diversas tendencias e ideologías políticas, que abarcan todos los factores de nuestra sociedad. Si bien nació bajo el signo y el símbolo político de una determinada tendencia política, fue aprobada por el pueblo mediante referendo el 15 de diciembre de 1999, luego de ser redactada por una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo a través de un referendo en el que también se sometieron a consideración las bases comiciales que eligieron los integrantes de esa Asamblea Constituyente de 1999. Ahora bien, con el tiempo se ha ido legitimando cada vez más y se ha ido consolidando como la Constitución de todos los venezolanos.

2. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nro. 2.830 de fecha 1 de Mayo de 2017 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.295 de fecha 3 de Mayo de 2017, “convocó” a una Asamblea Nacional Constituyente atribuyéndose ilegitima e inconstitucionalmente el Poder Constituyente que reside en el Pueblo como lo indican los artículos 5 y 347 de la Constitución que sólo permiten a los ciudadanos en su conjunto, mediante referendo (con base en el derecho y mecanismo de participación política previsto en los artículos 70 de la Constitución), convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, poder de convocatoria que es, por su naturaleza y por su esencia, intransferible, con base en el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos y el Derecho a una Democracia Participativa y Protagónica previstos en la Constitución de la República como Derechos Humanos.

3. Dicha “convocatoria” ha suscitado el pronunciamiento de los más importantes sectores políticos, académicos, universitarios, gremiales y, en general, de la mayoría de los venezolanos quienes se han expresado en prácticamente todas las entidades del país, en ejercicio de su derecho humano de carácter político tales como a participar libremente en los asuntos públicos y a la manifestación reconocidos por el los artículos 62 y 68 de la Constitución venezolana. Asimismo, ha originado el pronunciamiento de representantes de diversos países en la reunión de Cancilleres realizada por la Organización de Estados Americanos el 31 de mayo de 2017, así como la preocupación de líderes extranjeros y representantes de otros países y organizaciones internacionales.

4. Debemos reiterar que en una interpretación concatenada y armónica de los artículos 5, 63, 70, 347 y 348 de la Constitución, en concordancia con valores constitucionales del pluralismo político, la preeminencia de los Derechos Humanos y la democracia, propugnados por el artículo 2 de la propia Constitución, sólo el Pueblo, mediante un referendo con carácter vinculante puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

5. El artículo 348 de la Constitución invocado por el Ejecutivo Nacional para tratar de justificar y darle alguna “legalidad” a su ilegítima e inconstitucional “convocatoria” de Asamblea Nacional Constituyente, no lo faculta para convocar a tan relevante cuerpo colegiado que representaría al Poder Constituyente que reside en el pueblo, únicamente lo faculta para tener la “iniciativa de convocar”, es decir, de emprender los trámites para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que implicaría, en su caso, la solicitud ante el Poder Electoral –previo cumplimiento de las formalidades correspondientes–, de un referendo vinculante para que el Pueblo decida si en efecto convoca o no tal Asamblea Nacional Constituyente, todo a tenor de lo previsto en el artículo 70 y 347 de la Constitución.

6. Lamentablemente, se ha hecho una interpretación errada del Texto Constitucional al confundir la “convocatoria”, que sólo la puede hacer el Pueblo conforme a lo establecido en el artículo 347 de la Constitución, con la “iniciativa de convocatoria” que permitiría a cualesquiera de  los legitimados por el artículo 348 de la Constitución impulsar la convocatoria solicitando ante el órgano electoral un referendo vinculante para que el pueblo decida si convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente.

7. Este 31 de Mayo de 2017, mediante la Decisión Nro. 378, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha hecho eco de esa errada y peligrosa interpretación que le arrebata al Pueblo su legítimo e intransferible derecho político a ser consultado y decidir si convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente, trasladando tal poder ilegítima e inconstitucionalmente a quien detenta la Presidencia de la República, violando, con todo, los principios constitucionales establecidos en los artículos 5, 63, 70, 347 y 348 de la Constitución, en concordancia con valores constitucionales del pluralismo político, la preeminencia de los Derechos Humanos y la democracia participativa y protagónica, propugnados por el Preámbulo y el artículo 2 de la propia Constitución. Tal decisión judicial debe considerarse claramente nula y sin efecto jurídico como consecuencia de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución por violación de los Derechos Humanos de carácter político establecidos, en particular, en los artículos 63 y 70 de la Constitución, así como por violación de los principios y valores fundamentales previstos en el Título I de  la Carta Magna venezolana, a saber, la soberanía popular (Art. 5), el pluralismo político y la preeminencia de los Derechos Humanos y la Democracia (Art. 2).

8. En definitiva, en lo que se refiere a su “convocatoria”, la Asamblea Nacional Constituyente que ha impulsado el Ejecutivo Nacional y que ha refrendado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es abiertamente ilegítima e inconstitucional. 

9. Mediante Decreto 2.878 de fecha 23 de Mayo de 2017 publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41.156 de la fecha, el Ejecutivo Nacional, también, ilegítima e inconstitucionalmente, estableció, sin que mediara una consulta al pueblo mediante referendo (lo cual sí se hizo en 1999), las Bases Comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente “convocada” según Decreto Nro. 2.830 de fecha 01 de Mayo de 2017. Las referidas bases Comiciales violan abiertamente las garantías constitucionales del Derecho al Sufragio reconocido por el Artículo 63 de la Constitución, garantías que se refieren concretamente al principio de universalidad del sufragio, la elección directa por el pueblo de sus representantes, así como los principios de personalización del voto y representación proporcional que, conforme a nuestra Carta Magna, tienen el carácter de garantías constitucionales del Derecho Fundamental al sufragio y que determinan, a su vez, los principios básicos y parámetros mínimos del sistema electoral venezolano. Tales principios resultan absolutamente, menoscabados, manipulados, y abiertamente violados, en fraude a la Constitución, de los electores y del pueblo, en las Bases Comiciales ilegítimamente decretadas por el Ejecutivo Nacional sin que se hayan sometido a la aprobación del pueblo mediante referendo.

10. Cabe destacar, muy especialmente, que la elección de Constituyentes en dos ámbitos, uno territorial y uno sectorial, no garantiza el respeto a los valores fundamentales establecidos en el artículo 2 de la Constitución, referido al pluralismo político y la democracia que la propia Constitución garantiza como base fundamental de todo el ordenamiento jurídico venezolano y premisa en la actuación del Estado y todos sus Poderes Públicos. Además, los 7 ámbitos sectoriales arbitrariamente seleccionados e indicados en el Decreto mediante el cual se dictaron las Bases Comiciales para elegir a los Constituyentes es una expresión propia de una visión corporativista y, lo que es peor, son ámbitos que no son representativos de todo el amplio espectro de la sociedad venezolana y lejos de reflejarla y representarla evidencia una exclusión ilegítima y antidemocrática de sectores de la población que no estarán representados en, al menos, la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Tal exclusión refleja algo claro: la Asamblea Nacional Constituyente no representará a todos los venezolanos, habrá importantes y amplios sectores de la población abiertamente excluidos, en violación del principio de universalidad del voto y de los valores de pluralismo político y democracia. Se fragmentaría así la sociedad democrática, participativa y protagónica erguida en la Constitución y se reemplazaría, por un discriminatorio sistema corporativista descrito en una especie de estratificación social y política a conveniencia del “poder”; lo que vemos con preocupación, pues se avizora desde ya, la intención manifiesta en el desconocimiento de derechos políticos y en la instauración de graves restricciones políticas y sociales.

11. Por otra parte, de los 7 ámbitos sectoriales seleccionados arbitrariamente (empresarios, campesinos y pescadores, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores, Comunas y Consejos Comunales y Pensionados), se elegirán constituyentes con base en supuestos registros existentes de los integrantes de esos sectores que no tienen garantía alguna de confiabilidad, no han sido auditados por órganos o entes independientes, ni siquiera por el propio órgano electoral de manera transparente, clara y objetiva. Dichos registros no han sido publicados ni son de acceso público. En esto existe una absoluta opacidad que vulnera el principio de transparencia que debe regir todo registro y proceso electoral en Venezuela de conformidad con 294 de la Constitución.

12. En lo que se refiere a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el ilegítimo Decreto que establece las Bases Comiciales evidencia una violación clara al principio de representación proporcional, por una parte, por una subutilización, del sistema del voto lista, pero también por un uso manipulado y arbitrario del voto nominal cuya distribución por Estado y Municipio no guarda relación ni proporción alguna con la densidad poblacional (sobrerepresentando las minorías y desmejorando la representación de las mayorías) de las entidades territoriales que integran el Estado venezolano, todo lo cual refleja, como ya hemos señalado, una violación de las garantías de universalidad del voto que siempre se debe garantizar mediante un sistema electoral que armonice mediante criterios técnicos electorales objetivos y transparentes, los principios de proporcionalidad y personalización del voto que son garantías del derecho humano al sufragio establecido en el artículo 63 de la Constitución y que, además, determinan el sistema constitucional que debe regir el sistema electoral venezolano, para cualquier tipo de elección.

13. En definitiva, las Bases Comiciales “Decretadas” por el Ejecutivo Nacional sin consultar al pueblo como bases para elegir a los Constituyentes son bases comiciales absolutamente inconstitucionales y representan un grave peligro para el resultado y la “representación” que reflejaría la planteada Asamblea Nacional Constituyente que, al final, sólo estará integrada por un grupo de personas que representarán a un sector muy minoritario de la población venezolana, Constituyente que además, en cuanto a su funcionamiento, no se encontraría limitada en el tiempo, lo cual es aún más grave, ilegítimo y antidemocrático.

14. No podemos dejar de denunciar que el Poder Electoral, sin hacer cumplir armónicamente los principios constitucionales establecidos en el artículo 63 de la Constitución (universalidad del voto, elección directa de los Constituyentes, proporcionalidad y personalización del voto), ha dado curso de manera acelerada y atropellada al proceso de elección de los que serían miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, hasta el punto que, en menos de dos semanas de haberse emitido el inconstitucional e ilegítimo Decreto sobre las Bases Comiciales, ha realizado y culminado el proceso de postulación de los candidatos a constituyentistas. Queda de manifiesto, una vez más, la falta de autonomía e independencia del Poder Electoral Venezolano que, con todo, se hace partícipe de un grave proceso ilegítimo y antidemocrático de elección de la Asamblea Nacional  Constituyente planteada.

15. Tampoco podemos dejar de advertir e indicar que el “Proceso Constituyente” que se ha iniciado tiene la pretensión clara de establecer y consolidar por una vía antidemocrática e ilegítima, el Proyecto de Reforma de la Constitución que fue rechazado por el pueblo mediante referendo en el año 2007, y también, lo que es más peligroso, el denominado Plan de la Patria, que es un proyecto político ideológico inconstitucional y rechazado por la gran mayoría de los venezolanos, el cual pretende consolidar el llamado “Socialismo del Siglo XXI” que en nada se corresponde con los valores, normas y principios establecidos en la Constitución y que ha llevado a nuestro país a una crisis política, económica y social sin precedentes.

16. Igualmente, advertimos que por todos los anuncios de carácter político que se han emitido hasta ahora por los miembros del  Ejecutivo Nacional, del partido de Gobierno y de la Comisión Presidencial designada para todo lo relacionado con el ilegítimo proceso constituyente que se ha iniciado, se pretende una vez más bajo la cuestionable teoría de los “Actos Constituyentes”, que la Asamblea Nacional Constituyente que se instale con todos los vicios que hemos denunciado y puesto de manifiesto, pretenda asumir funciones que corresponden exclusivamente a los Poderes Públicos constituidos conforme a la Constitución de 1999, funciones que abarcarían desde algunas de carácter jurisdiccional como otras de carácter legislativo, de control político y de naturaleza jurídico constitucional que sólo corresponden al Parlamento venezolano legítimamente electo por el pueblo el 6 de Diciembre de 2015. Cualquier “Acto Constituyente” que se pretenda erigir por una Asamblea Constituyente que se instale con todas las violaciones a la Constitución que hemos reiteradamente indicado, representarían actos abiertamente ilegítimos y antidemocráticos

Es por eso importante dejar claro que el  poder constituyente originario no es absoluto, tiene limitaciones consustanciadas con la Doctrina del Constitucionalismo relacionadas con:  los derechos humanos, sus garantías y progresividad; la soberanía popular, la democracia y la división de los Poderes; por lo tanto, ningún acto constituyente puede lesionar las garantías del debido proceso, ni disolver la Asamblea Nacional, actualmente en funciones,  constitucional, democrática y legítimamente electa; ni ejecutar cualquier otro acto violatorio de los referidos principios del Constitucionalismo Republicano, de gran arraigo en nuestra tradición histórica.

17. Finalmente advertimos que ningún referendo posterior sometiendo a consulta para, su aprobación o no, una nueva Constitución, en caso de realizarse (como se ha planteado en la ilegítima e inconstitucional ampliación de las Bases Comiciales consignadas al órgano electoral el lunes 5 de Junio de 2017), convalidaría ni podría legitimar en modo alguno los grandes y graves vicios de inconstitucionalidad con que se pretende imponer a los venezolanos una Asamblea Nacional Constituyente que pretende arrebatar el único documento en el que hoy por hoy se encuentran y ven reconocidos todos los que habitamos esta Nación. 

El titular del Poder Constituyente es el pueblo, ningún poder constituido (poder público) puede atribuirse su voluntad ni ejercer ese poder ilegítimamente sin violentar la Constitución, usurpar la soberanía y con ello pretender arrebatarnos la Constitución vigente, por todo lo cual, todos los venezolanos debemos ahora más que nunca ser defensores de la Constitución con fundamento en el artículo 333 de la Carta Magna. 

A los 7 días del mes de junio de 2017, por la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, 

                                                         José Vicente Haro García

                                                                   Presidente

María Elena León Álvarez Judith Useche 

Primer Vicepresidente       Segunda Vicepresidente  

María A. Bonnemaison Yelitza Barreto 

Juan Berríos                                                                  Ronald Chacín

David Gómez Gamboa                                                    Emercio Aponte 

Flor Avila                                                                              Víctor Genaro Jansen
Pierina Camposeo                                                          

                                                  Por los Ex Presidentes de la AVDC

                                                               Argenis Urdaneta    

   

Venezuela: ¿Un país sin Ciudadanos?

        

         por  José Vicente Haro García       

Algunos analistas atribuyen la situación de Venezuela a que no tenemos Ciudadanos, no tenemos ciudadanía. La crisis de la sociedad venezolana y del Estado fallido que tenemos actualmente pudiera contribuir, junto con otros elementos, a concluir que hemos llegado al presente en estas circunstancias, porque en efecto no tenemos Ciudadanos.

Sin Embargo, me permito, en el ejercicio de mi libertad de expresión y pensamiento, apuntar que tal vez la conclusión no deba ser tan radical o absoluta. Es cierto, tenemos millones de personas habitantes de un territorio que formó hace más de 200 años una Nación llamada Venezuela, con un Estado fallido en la actualidad, a causa de lo que todos sabemos y conocemos ha sucedido en nuestro país especialmente en los últimos 18 años. Yo acotaría: tenemos millones de personas, pero pocos Ciudadanos en comparación con nuestra población y con lo que se requiere para rescatar el país, la sociedad venezolana, la democracia de la Nación y restituir un Estado donde impere el Estado Constitucional para beneficio de todos los venezolanos.  

Es cierto que la gran mayoría de los habitantes de Venezuela ya no obran como Ciudadanos, ya no actúan con base en los valores y principios que determinan la ciudadanía, tales como: La Libertad, la Responsabilidad, el Compromiso, la Ética, la Honestidad, el Respeto, la Tolerancia, la Comprensión, la Solidaridad, la Igualdad, la No Discriminación, la Educación, el Trabajo, el Esfuerzo, la Constancia, la Meritocracia, la No violencia, la Equidad, la Justicia, la Participación, la Democracia y el Pluralismo, entre otros. Esta es lamentablemente la realidad de la sociedad venezolana y sobre esto sobran los estudios y referencias.

La mayoría de los habitantes de Venezuela han pasado a ser, prácticamente, solo personas y hasta simples semovientes (si se me permite la afirmación por más dura que sea), que salen día a día en busca de la satisfacción de sus instintos más básicos: sobrevivir, no morir, adquirir algún ingreso y con ello los medicamentos que con mucho esfuerzo se puedan encontrar, adquirir la comida que se pueda encontrar o alcance comprar para alimentarse y, en muchos casos, personas que ruegan y, hasta suplican, a las circunstancias, no morir en un Hospital o en una casa, porque, ya, en muchos casos, resulta hasta utópico llegar al Hospital y, mucho más, a una clínica. La realidad se impone con su cruda fuerza hasta aniquilar física y mentalmente a la persona destruyendo cualquier posibilidad para que los principios y valores ciudadanos rijan su accionar: se impone la supervivencia por encima de todo, queda a un lado todo lo demás, incluso, los derechos y deberes ciudadanos que nacen de los valores y principios ciudadanos y de la dignidad humana. Principios y valores ciudadanos, derechos y deberes ciudadanos pasan a ser algo etéreo para muchos, incomprensibles y hasta inservibles, muy lamentablemente: no dan de comer, ni curan una enfermedad. Reitero: la gran mayoría de las personas en Venezuela solo sobreviven.  

Frente a ese duro panorama, no podemos afirmar que no existan Ciudadanos en Venezuela, por el contrario, todavía a quienes, aunque seamos, por mucho, los menos, pese a las circunstancias, nos resistimos a renunciar a ser Ciudadanos y a abandonar Venezuela. Como siempre digo: Rendirse nunca, Retroceder jamás.

Sin embargo, la Ciudadanía no sólo se vive e internaliza con base en la concientización en nuestro fuero interno, de los principios y valores ciudadanos, de nuestros derechos y deberes ciudadanos, sino también, como aspecto fundamental; con base en la identidad e identificación y el vínculo con la nacionalidad, con nuestra Nación, con nuestra Venezuela. Aquí un apartado necesario: muchos de los pocos Ciudadanos que nos quedan están perdiendo ese vínculo y ya no se hallan, no se ven o no encuentran en Venezuela. Estudian y trabajan con mucha constancia y esfuerzo con un solo propósito y esperanza: irse del país y, en la mayoría de los casos, no volver más, pero no podemos cuestionarlos, esa es una decisión que parte del ejercicio de su libertad y hay que aceptarlo y respetarlo. Este es el punto en que debemos comprender en que la Ciudadanía implica por concepto, el vínculo que por nuestra nacionalidad nos identifica y nos da la identidad con la Nación pero, ya muchos Ciudadanos venezolanos no se encuentran identificados con Venezuela, ya no sienten esa identidad. Esa es otra cruda realidad que debemos aceptar y asumir.

Sin restar importancia a las palabras de Uslar, volvimos de la frase “sembrar el petróleo” en el sino de la sociedad y política Venezolana y en la histórica deuda a la que le atribuimos muchos de nuestros males. Tal vez nunca comprendimos que la clave para construir la gran Nación que todos deseábamos ver en Venezuela, pasaba por sembrar los principios y valores ciudadanos, los derechos y deberes ciudadanos y en reforzar el vínculo de nuestros connacionales con la nacionalidad venezolana, con Venezuela, no simplemente en “sembrar el petróleo”.  

Nunca es tarde para comenzar a hacerlo, más en las circunstancias actuales, pero debemos comenzar desde el núcleo fundamental de la sociedad: la familia, la escuela, la comunidad hasta abarcar nuestra sociedad en general y, debemos hacerlo, como lo demuestran los estudios más avanzados: desde las edades más tempranas y desde la educación: desde el preescolar, la primaria en primera y segunda etapa y, por supuesto, en el bachillerato, en los niveles técnicos superiores y en la Universidad. Debe ser un proyecto que transversalice TODOS los niveles educativos y TODOS los niveles de nuestra sociedad.  

En la Venezuela de hoy los Ciudadanos son un bien escaso, en la Venezuela del futuro no lo sabemos, no soy optimista al respecto pero no me daré por vencido en poner cada grano de arena que pueda, para la construcción de ciudadanía. Lo que sí podemos afirmar es que una sociedad sin Ciudadanos estará condenada a vivir en manos de tiranía, bajo la sumisión y la dominación total.   

                    josevicenteharo@gmail.com

LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO EN LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA.

José Vicente Haro

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello

DEA en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid

Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España

Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello

Fellow on Democracy, Development and Rule of Law por Stanford University

Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la UCAB de 2001 al 2015

Actual Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV

Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional

I. Salutación protocolar.

Ilustres Presidente y demás Miembros del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui con sede en Barcelona.

Dr. Luis Beltran Calderon Mejías, Presidente del Colegio de Abogados, pero, sobre todo, amigo y abogado comprometido con la activa del gremio de abogados en la reconstrucción y recuperación de la justicia en Venezuela. Dres. Mounir Wakil, José Félix Gómez Fermin y Juan Ramón García P., miembros de la Junta Directiva de este Colegio de Abogados y de su Instituto de Estudios Jurídicos. 

Ilustres Colegas Abogados, autoridades locales y regionales, estudiantes de derecho y futuros juristas. Señoras y señores.

II. El papel del abogado en la sociedad democrática y en el Estado Constitucional.

Los abogados somos, ante todo y sobre todo, el reflejo fiel del Estado de la Justicia en Venezuela. No voy a hacer uso del lugar común de todos los discursos de mis queridos colegas y amigos que siempre atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de Justicia, la total responsabilidad del grado de injusticia que vivimos y padecemos hace bastante décadas los venezolanos.

Antes de eso debemos reconocer y asimilar que, como indica la Constitución venezolana, nosotros también somos, para bien y para mal, parte del sistema de justicia y corresponsables de la situación actual de la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela por acción y/u omisión. Todos tenemos un “mea culpa” que hacer al respecto y, para dar el ejemplo, yo soy el primero en dar un paso al frente y decir, sin ambages, complejos o temores, que también soy corresponsable de la situación grave que vive Venezuela en materia de justicia porque todos los días me acuesto pensando: he podido hacer más hoy y no lo he hecho, he podido dar más, pero no lo he hecho, he cometido errores, he podido hacer las cosas mejor, no soy perfecto y debo corregir aquello que haya que corregir, superar lo que se deba superar, evolucionar ante todo y continuar: puedo ser mejor de lo que soy, siempre se puede ser mejor, siempre podemos ser mejores abogados.  

Algunos pensaran que yo, José Vicente Haro, algo he hecho por la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela y, tal vez, por modestia no lo reconozco en este momento, pero, honestamente les digo desde lo más profundo de mi corazón: sé que siempre se puede hacer más, pero por las razones que fueren no hacemos más de lo que se nos permite o de lo que está a nuestro alcance y yo también asumo la responsabilidad por todo aquello que tal vez he podido hacer y el tiempo, las circunstancias y las limitaciones me lo han impedido, pero nunca, nunca, podrán servir como excusa. Frente a las injusticias no hay excusas que valgan en la lucha que debe librarse contra ellas.  

Cuando recuerdo el juramento que hice ante el entonces Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda, al recibirme como miembro de ese Colegio de Abogados, recuerdo haber jurado por hacer valer la Constitución y las leyes, por trabajar y luchar por la justicia, por hacer honor a nuestro Ministerio, recuerdo hacer jurado cumplir con el artículo 2 del nuestro Código de Ética: “servir a la justicia, asegurar la libertad y el Ministerio del Derecho”. Sin embargo, hoy, es poco lo que creo que humildemente he hecho por la justicia, he podido hacer mucho más. Recuerden: siempre se puede dar más y el único límite real y verdadero para ello somos nosotros mismos.

III. El abogado como Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos.

Cuando pensamos en lo que somos los abogados no podemos dejar de mencionar que somos unos simples pero importantes agentes entre los ciudadanos y las Instituciones. La correa de trasmisión entre los ciudadanos que buscan justicia y las Instituciones que están obligadas a brindarla y garantizarla porque, al fin y al cabo, somos quienes colocan al alcance de los ciudadanos los mecanismos para hacer efectiva la Constitución y los Derechos garantizados por la Constitución.

Por ello, la principal misión y compromiso que tenemos los abogados es con la Constitución, los Derechos Humanos y los Ciudadanos.

La Constitución es el documento político jurídico en el que se basa y fundamenta el Estado Constitucional en general, pero en particular, constituye ante todo el reconocimiento de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.

Los abogados somos los agentes llamados a traducirla y hacerla realidad, tanto a la Constitución como a los Derechos Humanos, para garantizar aquello que juramos al comenzar nuestro Ministerio: “servir a la justicia y a la libertad”.

IV.  El ejercicio de la abogacía y nuestros compromisos con la Constitución y los Derechos Humanos.  

Cuando comenzamos y nos adentramos al ejercicio de la abogacía como digna profesión que es, muchas veces nos sumergimos en el trabajo del día a día, de los casos, de los clientes, de los honorarios. Vamos haciendo de nuestra profesión toda una empresa, importante, digna y necesaria en una sociedad, pero la más de las veces nos alejamos de lo que fue ese juramento que hicimos ante nuestros Colegios de Abogados para defender la Constitución, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia.

El día a día nos lleva por derroteros que nos alejan de nuestra sublime misión y debemos reconocer que ello nos atrapa en un “sino” en el cual o nos debemos a la profesión y a nuestros clientes, o nos debemos a la justicia. Algunos logran armonizar ambas cosas, muchos otros no.

Entre tantas experiencias en Instituciones Públicas y Privadas en mi actividad profesional,  yo estuve casi 15 años de mi vida trabajando para una Firma de Abogados muy importante en Venezuela que tiene muchas sedes en varias ciudades del país, allí llegué, dentro de un complejo sistema a ser abogado junior, luego abogado Asociado, posteriormente Socio y finalmente  Miembro de la Junta Directiva o Consejo de Administración. Y les diré algo, los dos últimos años allí, ya como Socio (2007-2009) sentí ese divorcio terrible entre el ejercicio de la profesión y la justicia y la libertad por la que juré al inicio de mi carrera, hasta el punto que mis opiniones en televisión nacional o internacional o en prensa y radio, contra la Reforma Constitucional en 2007 y en defensa de la Constitución,  eran ya vistas como inconvenientes por varios de mis socios, porque no era conveniente atacar al Gobierno o decir la verdad que todos pensamos.

Para muchos abogados es más conveniente hacer negocios y guardar silencio, ser indiferentes, ser cobardes. Basta criticar al gobierno y los males de Venezuela campaneando un Whisky pero no enfrentando las injusticias. Pero no soy quien para juzgar, la libertad implica, incluso, el no hacer nada, con la paradoja de que esa inacción se convierta en tu propia cárcel.   

A finales de 2009 tome la decisión más importante de mi vida, dejar de ser un abogado más, retirarme de esa Firma por cuestiones de principios y valores éticos y, asumir, sin más y con  todas las dificultades que ello me ha implicado, la defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la Democracia en Venezuela. No ha sido fácil, por el contrario, escogí el camino más difícil, aquel que no me permitía el confort y me imponía el sacrificio, humano, económico y sobre todo el riesgo y el peligro en medio de una dictadura que poco a poco se ha ido consolidando. Al principio pensé ingenuamente, debo confesar, que podría armonizar ambas actividades, la privada y la pública por la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos. Al final tuve que darme cuenta que cuando uno asume seriamente el compromiso por la defensa de la democracia y los Derechos Humanos corres el grave riesgo de no poder asumir y mantener adecuadamente otras responsabilidades privadas y ese fue mi caso y así lo tuve que asumir muy duramente y cargo con orgullo, pero no sin algún pesar, esa responsabilidad.  

Todo ello se hizo dramáticamente patente para mi cuando asumí gratuitamente y sin ninguna ONG que me patrocine y sin financiamiento alguno, la defensa gratuita de casi 200 presos políticos de los cuales hoy solo me quedan en prisión los terribles e injustos casos de Araminta Gonzalez y Gregory Sanabria (este último acusado junta al Alcalde Antonio Ledezma en la misma causa). Esta lucha por los presos políticos me ha llevado a situaciones complejas y me han hecho enfrentar fuertes amenazas de muerte por parte del SEBIN y el CICPC a varios de cuyos funcionarios he denunciado con nombre y apellido, nacional e internacionalmente ante las Instituciones correspondientes, todo lo cual, dio lugar a una Medida Cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para mi protección en agosto de 2015. Sin embargo, siempre las amenazas siguen, los riesgos están allí, pero más que eso, puede el compromiso de lo que juramos cuando nos recibimos de abogados: luchar por la justicia y la libertad.   

Mi lucha no ha sido fácil, puede parecer significativa para algunos, pero para mí, no es suficiente en resultados: no duermo tranquilo sabiendo que Araminta Gonzalez cumple el mes que viene 2 años sin que se haya dado apertura a su Juicio y que en este tiempo haya intentado suicidarse 2 veces producto de las graves torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto por el hecho de ser una presa política. No puedo dormir tranquilo pensando que en el SEBIN el estudiante Gregory Sanabria ya lleva 1 año y 8 meses en igual situación, sin que se haya abierto su causa a juicio y padeciendo graves problemas de salud. No nunca es suficiente. Hasta que no se logra la justicia y la libertad no hemos completado nuestra misión en los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad en materia de Derechos Humanos.

Disculpen por haberme puesto como referencia y haber citado dos de mis casos como ejemplos, pero, creo, que es la mejor forma de decirles a ustedes, colegas, amigos de carrera, que no basta con hacer nuestro trabajo bien y atender bien a nuestros clientes: debemos mojarnos los pies también asumiendo con solidaridad, humanidad, desprendimiento, humildad y valentía (sin miedo), casos “pro bono” en materia de Derechos Humanos, porque al fin y al cabo todos los abogados somos defensores de la Constitución y de los Derechos Humanos. Y aclaro: no soy un ejemplo, solo soy un luchador más, como lo son o pueden ser cada uno de ustedes.    

V. Los abogados como base fundamental para reconstruir el sistema de justicia y recuperar el Poder Judicial en Venezuela.

Si hay ciudadanos que conocemos los problemas de la justicia en Venezuela somos los abogados que acudimos día a día a las Instituciones judiciales y ante los auxiliares de justicia a gestionar nuestros casos.

Más allá de lo que debemos y podemos hacer asumiendo con valentía y compromiso la defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos en Venezuela, tenemos otra tarea ineludible en un futuro cercano y la cual no podemos esquivar: trabajar en la reconstrucción del Sistema de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y de las demás instituciones asociadas a la justicia, incluyendo los cuerpos policiales que hoy, como el SEBIN y el CICPC practican sistemáticamente la tortura como política de Estado.

Esto implica un compromiso adicional de carácter institucional y gremial en el que tenemos que colaborar todos los que llevemos la justicia como parte de nuestra lucha de vida y que tengamos y entendamos el derecho como un Ministerio para la libertad.

Pero esa reinstitucionalización no pasa sólo por nuestros órganos de la Administración de Justicia y órganos auxiliares, toca también a nuestras Escuelas de Derecho, nuestra Academia y nuestra educación en las ciencias jurídicas: no podemos seguir hundiéndonos o, por decirlo más sutilmente, tolerando la mediocridad: debemos aspirar a más en lo individual y en lo colectivo incluso desde el punto de vista académico.  

Los retos son muchos, yo sólo les he señalado algunos.   

VI. Los abogados y nuestra importante actividad gremial: el ejemplo del Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado realizada en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016.

Finalmente y porque no puede haber lugar u ocasión más propicia para ello, quiero resaltar la necesidad y obligación que tenemos los abogados de involucrarnos en los asuntos de carácter gremial que pueden contribuir a los objetivos tantas veces nombrados en este discurso.

En este sentido y aunado a la actividad gremial ordinaria y extraordinaria en la que muchos estamos y debemos seguir trabajando, hay que apoyar aquellas iniciativas que desde el gremio contribuyan para el rescate de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, tales como la reciente iniciativa, que ya es una realidad, el Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016, el cual está presidido por el Dr. Wilmer Pereira pero que cuenta en su directiva con una gruesa e importante representación gremial de otros representantes de Colegios de Abogados de otros Estados del país. En el caso del Estado Anzátegui esa novel Institución cuenta con el apoyo de Eduardo René Franco como Vice Rector Académico, mejor representación por este importante Estado, quizás imposible,  

Dicho Instituto tiene por objeto contribuir al desarrollo profesional, ético, académico, jurídico y científico del Derecho en Venezuela, así como la promoción y desarrollo de los Derechos Humanos en Venezuela. Tarea muy importante en estos momentos siendo una iniciativa gremial. Ese Instituto tiene en este sentido realizar alianzas científicas, académicas, profesionales y académicas con Universidades, instituciones nacionales e internacionales, así como gremios, para el cumplimiento de sus fines. En materia de Derechos Humanos ya ha establecido convenios con la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y con el Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras instituciones en materia de Derechos Humanos.

Son precisamente ese tipo de proyectos e iniciativas que todos los abogados debemos apoyar individual o colectivamente como gremio, aportando nuestro granito de arena y así ir poco a poco, pero más temprano que tarde, rescatando ese sistema de justicia del que somos parte y corresponsables.

Queridos y estimados colegas, ha sido un honor que hayan depositado su confianza en mí  para hacerles extender este día del abogado, 23 de junio de 2016, mis consideraciones sobre nuestro papel, como profesionales y gremio, en la Defensa de la Constitución y los Derechos Humanos.

VII. Reflexión final. 

Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:

“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo” Mahatma Gandhi          

Barcelona, 23 de junio de 2016. 

Las Estrategias Fatales en la Política Venezolana

José Vicente Haro

       “Somos cómplices de este exceso de finalidad que hay en el objeto. Inventamos todas las estrategias con la esperanza de verlas resolverse en un acontecimiento inesperado. Inventamos todo lo real con la esperanza de verlo resolverse en un artificio prodigioso. Esperamos de cualquier objeto una respuesta ciega que turbe nuestros proyectos”. 

Las estrategias fatales

Jean Baudrillard

En los últimos cuatro meses he podido estar en, al menos, 17 ciudades o poblaciones de 13 Estados del país: Barcelona, Barquisimeto, Caracas, Coro, Cumaná, Maracay, Maracaibo, Mérida, Puerto Ordaz, San Carlos, San Cristóbal, Santa Barbará del Zulia, San Juan de los Morros, Tovar, Valencia, Valera, EL Vigía, entre otros, dando charlas o conferencias a las que he sido invitado para debatir o exponer las diferentes vías constitucionales, democráticas y electorales para un cambio de Gobierno en Venezuela, lugares donde he podido expresar mi opinión al respecto y sobre cada una de ellas.

En el curso de ese recorrido, cuando la MUD, el 8 de marzo de 2016, anunció la hoja de ruta para un cambio de Gobierno por vías constitucionales y democráticas, como muchos ciudadanos, interpreté que la propuesta de la MUD -de incluir todas las vías constitucionales viables dentro de esa hoja de ruta-, obedecía a una verdadera estrategia para concretar el cambio.

Ahora, sin embargo, para esta fecha, 24 de abril de 2016, he podido evidenciar que no fue así, lamentablemente. La MUD el 8 de marzo de 2016 como ya lo han declarado varios de sus dirigentes, a falta de un acuerdo unitario, decidió incluir todas las vías o alternativas que defendían los diferentes sectores o partidos de la MUD, como una solución salomónica a un punto en el cual no hubo y, todavía, no hay un total acuerdo.

Dentro de quienes creemos en la democracia y en el pluralismo político, consideramos lógico y hasta necesario que dentro de la oposición se tengan y defiendan diversas visiones y opciones políticas en temas que son del interés de todos los venezolanos. Yo mismo, en este tema en particular tengo mi opinión y apreciación sobre cuál debería ser la vía más idónea, integral y verdaderamente necesaria no sólo para un cambio de Gobierno en el país, sino para el cambio del sistema o del modelo que se nos ha impuesto en los últimos 17 años y que también tiene sus antecedentes en modelos que se implementaron desde 1958 e, incluso, décadas pretéritas, en Venezuela.

Sin embargo, escuchando a la gente, a los ciudadanos, en los diferentes lugares y ciudades a los cuales he podido ir hasta ahora, debo reconocer que la mayoría pide y, hasta reclama, una estrategia unitaria sobre la vía, mecanismo o camino constitucional, político y electoral que todos los venezolanos debemos recorrer para lograr el cambio que tanto reclama Venezuela y que hasta el momento no se ha concretado y corre el grave riesgo de no poderse concretar. En este sentido, todos debemos hacer el esfuerzo de ceder en nuestra apreciación particular y dar margen a una  estrategia unitaria que verdaderamente sea capaz de lograr el objetivo común que necesita Venezuela, para poder concentrar TODOS nuestros esfuerzos en esa estrategia y no diluirnos en distintas vías que si bien persiguen un fin común, pueden llegar a chocar en la práctica.

      

Con el pasar del tiempo, he caído en cuenta que la MUD en realidad no tiene una estrategia definida y consensuada sobre cómo debe concretarse el cambio de Gobierno en Venezuela, tampoco la tuvo cuando la Sala Electoral arbitrariamente le ordenó desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas y por eso aceptó, sin más, la decisión inconstitucional que le quitó la mayoría de 112 Diputados en la Asamblea Nacional que ganó por el voto ciudadano el 6 de Diciembre de 2015; tampoco la ha tenido para enfrentar los graves, inconstitucionales y antidemocráticos ataques que ha sufrido la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde su instalación, ataques que se han concretado a través de 9 decisiones de esa Sala, que han lesionado gravemente la democracia en Venezuela; tampoco la tiene para concretar la liberación de los presos políticos en Venezuela, presos que vieron una luz el 6 de diciembre de 2015, pero ahora están, de nuevo, en la incertidumbre, porque su libertad parece ya haber quedado en un segundo o tercer plano de la agenda política de la MUD.

En alguna ciudad dentro de mi itinerario de charlas y conferencias, tuve la oportunidad de conversar con un importante integrante de la MUD y líder de uno de los partidos políticos que integran el llamado G4 y (al charlar sobre aspectos constitucionales relacionados con una Ley que estaba en discusión en la Asamblea Nacional y sobre la vía constitucional que en mi opinión es la más idónea para concretar un cambio de Gobierno en Venezuela), me sorprendió que en la misma conversación me repitiera, al menos tres veces, que tal vez lo mejor que podía pasar es que Nicolás Maduro siga, por los momentos, siendo el Presidente de Venezuela y que los esfuerzos políticos y electorales, en su opinión, deberían concentrarse en ganar las Gobernaciones y Consejos Legislativos en las elecciones regionales que teóricamente serían en diciembre de este año, para luego de ganado un importante y contundente número de Gobernaciones, concretar el cambio de Gobierno en Venezuela, ya el año que viene, por una vía constitucional. Como justificación para su planteamiento me dijo, entre otras cosas, que “Maduro es el mejor jefe de campaña de la oposición”, en el sentido que, por su pésimo gobierno, estaba haciendo crecer a la oposición venezolana.

Tal vez por no ser un político y nunca haber pertenecido ni militado en un partido político, hasta ese momento no me había percatado de las estrategias fatales que pueden estar guiando a algunos integrantes de la MUD. Confieso que para mí, ese día, comencé a ver muchas cosas en una forma muy distinta.

Nunca he seguido a una persona o personas, sólo he seguido ideas, principios, valores o ideales: ideales de justicia, equidad, democracia y libertad. En el camino me puedo haber equivocado (seguramente y lo asumo), no soy quien para juzgar, mucho menos para juzgarme, pero sí estoy consciente de mi derecho a expresar lo que pienso y disentir de aquello con lo que no estoy de acuerdo.

Veo con gran preocupación y hasta con estupor que la MUD hasta ahora no haya logrado dentro de los diversos factores que la integran, llegar a una estrategia unitaria, una verdadera estrategia para concretar al cambio que ya con ansiedad y hasta con desesperación esperan, requieren y exigen muchos venezolanos. Puede terminar siendo una estrategia fatal seguir haciendo política aplicando la filosofía del personaje Eudomar Santos “Como vaya viniendo, vamos viendo”. Ahora más que nunca está comprometida la dignidad y vida de los Venezolanos, el futuro de los venezolanos frente a una dictadura socialista que trata de revestirse en un manto de la legalidad.

Cuando la dirigencia política tiene una agenda partidista, ajena a los intereses de los ciudadanos y en la que privan las tácticas para acceder o mantenerse en cargos públicos, por el cargo mismo, los ciudadanos comienzan a no sentirse representados por esa dirigencia y entonces en ese punto pueden ser presa fácil de la ansiedad, el pánico y la desesperación ante los graves problemas sociales, económicos y humanitarios que viven actualmente día a día, todo lo cual puede conducir a situaciones que lejos de contribuir a lograr el objetivo común que todos tenemos: rescatar a Venezuela; lleven al país a circunstancias aún peores que las que vivimos actualmente. Como siempre he indicado, en la vida y en la política siempre se puede estar peor, nunca se toca fondo.

Hace poco una ciudadana me comentaba con preocupación que al acercarse al Cabildo Abierto que realizó la MUD el 19 de abril, le preguntó a varios de los diputados allí presentes sobre la estrategia para lograr la libertad de los presos políticos después de todo lo sucedido con la Ley de Amnistía. La respuesta fue sorprendente para esta ciudadana: “después de lo que ha pasado, la libertad y salida de la cárcel de los presos políticos será el referendo revocatorio”, así le indicaron varios de los diputados a los que ella pudo consultar directamente. Al día siguiente, 20 de abril de 2016 se estaba aprobando en primera discusión el proyecto de Enmienda a la Constitución para recortar el mandato constitucional de la Presidencia de la República. Dos días después el TSJ volvió a arremeter contra la Asamblea Nacional con una inconstitucional sentencia en la que prácticamente “interviene” el Parlamento y el Presidente de la Asamblea Nacional anunció que el TSJ prepara una sentencia en contra del Proyecto de Enmienda Constitucional.      

  

“Inventamos todas las estrategias con la esperanza de verlas resolverse en un acontecimiento inesperado”.

Las estrategias fatales

Jean Baudrillard

Venezuela y la violación sistemática de Derechos Humanos: un problema de Estado y de ciudadanía

“Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
aprobada por la   primera Asamblea Constituyente de la 
Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789. 

¿Venezuela respeta los Derechos Humanos? Parece ya una pregunta con respuesta evidente con sustento en todas las decisiones, medidas, dictámenes, informes, señalamientos, recomendaciones y conclusiones que en los últimos años ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, entre otros. 

No! Venezuela no respeta los Derechos Humanos, como queda en evidencia en el pronunciamiento reiterado que los mencionados organismos y, otros tantos, internacionalmente, han emitido denunciando la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

Los casos graves de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, las más de 3700 detenciones arbitrarias y violatorias de Derechos Humanos durante los años 2014 y 2015, el casi centenar de presos políticos que existen actualmente en Venezuela con procesos judiciales en los cuales, en buena parte, no se ha producido una audiencia preliminar ni una apertura de juicio pero que mantienen decenas de presos en la cárcel durante más de un año, sin poder defenderse; las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y linchamientos que actualmente se han incrementado en el país, son sólo una muestra de la verdadera situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

A todo esto se suma aquello que no ha llegado, todavía, al pronunciamiento de instancias internacionales como la OEA o la ONU. Me refiero a las graves restricciones arbitrarias e inconstitucionales para la compra de alimentos, medicamentos y productos de salud e higiene personal, básicos y fundamentales para los seres humanos, a causa de las erróneas políticas económicas que ha mantenido el gobierno de Venezuela en los últimos 17 años. Casos como la solicitud de partida de nacimiento de los bebes o niños pequeños para poder comprar un par de paquete de pañales, las largas colas y entregas limitadas de números en esas largas colas a las puertas de supermercados y farmacias para comprar un par de paquetes o unidades de pollo, carne, pasta, leche, aceite, azúcar, huevos, jabón de baño, champú, acondicionador, toallas sanitarias, papel higiénico, desodorantes u otros productos esenciales para las personas, en cantidades muy limitadas, semanalmente, cuando se logran encontrar, porque en la mayoría los casos, tales productos no llegan a la población Venezolana, la cual debe hacer una procesión, de mercado en mercado, comercio a comercio y hasta de una ciudad a otra, para poder ver si tienen la suerte de encontrar alguno de esos productos o un medicamento en particular y, para verificar, si pueden comprarlos, porque sólo los pueden comprar un día laborable a la semana y uno de los dos días del fin de semana (sábado o domingo). 

Lo anterior son, claro, violaciones a Derechos Humanos de carácter social, a los que se suman por si fuera poco, el deplorable estado de los hospitales públicos, la falta de equipos e insumos médicos en instituciones públicas de salud, lo cual ha alcanzado ya a las clínicas privadas que otrora disponían de todos los instrumentos, equipos y materiales necesarios para prestar los servicios de salud, especialmente en casos de emergencia, lo cual ahora ya no es así. 

Los Derechos Humanos en Venezuela se han convertido en letra muerta escrita en una Constitución que ya no tiene mayor vigencia, que ha quedado como un simple símbolo político y que sólo es utilizada por los representantes oficiales de Venezuela en organismos internacionales, para decir que en Venezuela existen y se respetan los derechos humanos porque están escritos en la Constitución, tal como lo hizo Nicolás Maduro ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, sólo están escritos, no se respetan, entre lo escrito en la Constitución y la realidad que viven los Venezolanos, hay una brecha tan grande como la que hay entre el cielo y el suelo. 

Ahora bien ¿Quienes son los responsables de esta grave y tan precaria situación de Derechos Humanos en Venezuela? ¿Sólo el Gobierno?. Claro que el Gobierno y todas las institucionales del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y los órganos policiales como el SEBIN, el CICPC, la Policía Nacional, las Policías Estadales, las Policías Municipales, la Guardia Nacional, entre otros órganos del Estado, son grandes responsables -y los principales-, de la grave situación de Derechos Humanos en Venezuela. 

Pero no sólo el Gobierno es responsable de esta situación. Lo es también en buena parte la débil, dividida y muchas veces desarticulada oposición que hace política en el país, y que, por ejemplo, poco o nada han hecho, por la mayoría de los presos políticos en Venezuela porque sólo se ocupan de los políticos presos pero no de los ciudadanos que por ejercer sus derechos políticos y sin estar amparados o inscritos en un partido político, han ejercido tales derechos políticos y por ello han sido privados de libertad. Esto lo digo realmente con indignación, porque me consta directamente y lo he visto impresionado y asqueado de la forma en que la gran mayoría de los políticos y partidos políticos de oposición, se han olvidado de los presos políticos que no pertenecen a un partido político ni son líderes políticos, que representan, paradógicamente, más del 95% de los presos políticos que hay en el país. 

Sin embargo, la gran responsabilidad y debemos lamentablemente reconocerlo, la tienen los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, que hemos renunciado, con excepciones por supuesto (una minoría), a la lucha por el respeto de nuestros Derechos Humanos, nos hemos comportado como una simple masa electoral de elección en elección y a eso nos hemos reducido la gran mayoría de los venezolanos.

Por lo demás, los venezolanos se han resignado a no tener derechos, a que le violen los derechos, a perder gradual y peligrosamente sus principales derechos. Los venezolanos en realidad nunca se han comportado como un cuerpo de conciudadanos que ejercen sus derechos y deberes constitucionales y que hacen respetar sus derechos humanos. Los venezolanos se han conformado con ser una simple masa electoral que hace, ciegamente, lo que le dicen los políticos de uno u otro bando, uno u otro partido, recibiendo y agradeciendo, las migajas que deja el poder y la demagogia a su paso, a cambio de un voto.  

Por ello, el tema de los Derechos Humanos en Venezuela pasa de ser un problema coyuntural sólo atribuible al régimen que nos ha gobernado en los últimos 17 años. Se presenta, en realidad, como un problema cultural, educativo y social, propio de los venezolanos y su idiosincrasia, que, progresivamente y con gran falta de ciudadanía, en su gran mayoría, se han convertido en testigos y, a la vez, protagonistas y causantes de su propia destrucción. 

Mientras los venezolanos nos comportemos sólo como masa electoral y no como verdaderos ciudadanos, estamos destinados a una precaria situación de Derechos Humanos, por muchas más décadas, gobierne el gobierno que gobierne, haya o no cambio. Aquí el cambio debe comenzar por todos y cada uno de los venezolanos y su actitud frente a sí mismos y frente a su sociedad, frente a sus derechos y sus deberes como ciudadanos, frente a la Constitución.  

La situación es tan precaria que mucho me temo que no viviré para ver una Venezuela donde, sea el gobierno que sea, se respeten los Derechos Humanos y en la cual los venezolanos se comporten como verdaderos ciudadanos. Perdonen tanta franqueza pero después de tantos años luchando, contra la corriente, por el Derecho, la justicia y los Derechos Humanos, debo advertir lo que lamentablemente veo es, en mi humilde opinión, una cruda y dura realidad que tarde o temprano todos tendremos que reconocer para reflexionar y verdaderamente cambiar, si tenemos realmente la valentía y el coraje como ciudadanos, de hacerlo.

José Vicente Haro

Profesor de Postgrado de la UCV y de la UCAB

Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política

Defensor de Derechos Humanos 

  

   @JOSEVICENTEHARO