viernes, 28 de abril de 2017

LAS 67 DECISIONES INCONSTITUCIONALES DEL TSJ DESDE EL 6D-2015 CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA SOBERANÍA POPULAR y LOS DDHH

Las inconstitucionales Decisiones dictadas por el TSJ luego del 6D de 2015
(Listado informativo y cronológico con selección de las Decisiones de mayor impacto) 

                                                                                                          @JOSEVICENTEHARO
               
 Abogado / Consultor 
Profesor de la Especialización en Derecho Constitucional de la UCV con Títulos de Postgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política
Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional



I. Las Decisiones 58 del TSJ directamente adoptadas desde el 6-12-2015 contra la Asamblea Nacional  


1)    Decisión Nro. 260/2015 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de 30-12-2015, que suspendió los efectos de las proclamaciones de Diputados del Estado Amazonas a la Asamblea Nacional violando su inmunidad parlamentaria reconocida en la Constitución.

2)   Decisión Nro. 1/2016 de Sala Electoral del TSJ, del 11-1-2016, que ordenó a la Asamblea Nacional desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas a pesar que poseen inmunidad parlamentaria reconocida por la Constitución.

3)    Decisión Nro. 3/2016 de Sala Constitucional del TSJ, de 14-1-2016, que convalidó las inconstitucionales decisiones de la Sala Electoral sobre los Diputados de Amazonas.

4)  Decisión Nro. 4/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 20-1-16, que declaró constitucional el Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Económica y ordenó a poderes públicos cumplirlo, a pesar de la clara inconstitucionalidad del Decreto y de que todavía la Asamblea Nacional no se había pronunciado sobre su aprobación, como lo requiere la Constitución.

5)    Decisión Nro. 7/2016 de Sala Constitucional del TSJ, de fecha 11-2-2016, que puso en vigencia Decreto de Emergencia Económica a pesar de su no aprobación por la Asamblea Nacional y señaló que el control político del Parlamento no surte efectos jurídicos, en contra de lo establecido en la Constitución. 

6) Decisión Nro. 8/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 1-3-2016 que, al declarar inadmisible una acción de amparo, ratificó, que la Asamblea Nacional estaba en "desacató" hasta que desincorporó el 13-1-2016 a los tres Diputados del Estado Amazonas electos el 6 de diciembre de 2015 como Diputados, con lo cual cesó, a criterio de la Sala, ese supuesto "desacato" declarado por la Sala Electoral del TSJ.    

7)  Decisión Nro. 9/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 1-3-2016, que prácticamente eliminó inconstitucionalmente facultades de control político de la Asamblea Nacional (declarando, entre otros aspectos, que el mismo no tiene efecto jurídico alguno); ordenó abrir, de oficio, un procedimiento de nulidad contra la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios Públicos y particulares ante la Asamblea Nacional y sus Comisiones; y también, limitó o prácticamente eliminó, arbitrariamente, las facultades de investigación, interpelación y para ordenar comparecencias, que tiene la AN sobre los Altos Funcionarios de los Poderes Públicos.   

8)    Decisión Nro. 184/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 17-3-2016, que prorrogó el Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Económica a pesar de su no aprobación por la Asamblea Nacional como lo requiere la Constitución.

9) Decisión Nro. 225/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 29-3-2016, que declaró que la Asamblea Nacional no puede revocar ni anular designaciones de Magistrados del TSJ, en contra de lo previsto en el Reglamento Interior y de Debates de la AN.

10) Decisión Nro. 259/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 31-3-2016, que declaró inconstitucional la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela e impidió a la Asamblea Nacional garantizar la autonomía del Banco Central y el ejercicio del control político parlamentario sobre ese Instituto Emisor.

11) Decisión Nro. 264/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 11-4-2016, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional en abierta violación de una de las facultades constitucionales que tiene la Asamblea Nacional.

12) Decisión Nro. 274/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 21-4-2016, que señaló que el Proyecto de Enmienda que estaba siendo aprobado por la Asamblea Nacional, para recortar el período presidencial, no podría aplicarse al presente periodo constitucional.

13) Decisión Nro. 269/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 22-4-2016, que suspendió los efectos de artículos de Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional relacionados con sus atribuciones privativas en materia de control político y que, además, pretendió regular su funcionamiento interno, régimen de convocatoria de sesiones, derechos de palabra, entre otros, con un detalle tal, que violó su garantía constitucional institucional de autonomía como Parlamento y Poder Público electo por el pueblo.

14) Decisión Nro. 327/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 28-4-16, que señaló que Ley de Bono de Alimentación para Pensionados sancionada por la Asamblea Nacional queda sujeta en su implementación y vigencia, a la aprobación del Presidente al margen de las regulaciones y los plazos constitucionales (y la deja en un limbo jurídico).

15) Decisión Nro. 341/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 5-5-16, que señaló que Ley de Reforma de la Ley Orgánica del TSJ es inconstitucional.

16) Decisión Nro. 343/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 6-5-16, que señaló que Ley que otorga propiedad a Beneficiarios de Gran Misión Vivienda Venezuela es inconstitucional, violando el Derecho de Propiedad de los beneficiarios de esa Misión.

17) Sentencia Nro. 411/2016 dictada por la Sala Constitucional del TSJ, del 20-5-2016, que declaró "constitucional" Decreto de Estado de Excepción NO APROBADO por la Asamblea Nacional.

18) Decisión Nro. 460/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 9-6-2016, que declaró inconstitucional la LEY ESPECIAL PARA ATENDER LA CRISIS NACIONAL DE SALUD aprobada por la Asamblea Nacional, a pesar de la crisis humanitaria existente en Venezuela y que, además, le otorgó una amplia Ley Habilitante a Nicolás Maduro, de manera ilegitima e inconstitucional.

19) Decisión Nro. 473/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 14-6-2017, en contra de la Asamblea Nacional, sobre el asunto del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional al que ya se hizo referencia anteriormente, que le ordena al Parlamento acatar fallo inconstitucional Nro. 269/2016 en esa materia, ya citado.

20) Decisión Nro. 478/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 14-6-2016, que suspendió (inconstitucionalmente) los efectos de Acuerdos aprobados por la AN en fecha 10 y 31 de Mayo de 2016 y abre un procedimiento por supuesta controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por supuesta usurpación de funciones por parte del Poder Legislativo en materia de relaciones internacionales.

21) Decisión Nro. 496/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 29-06-2016 que, al declarar inadmisible un recurso de interpretación constitucional, ratificó la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que había sido dictada por la Asamblea Nacional.  

22) Decisión Nro. 612/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 15-7-2016, que desconoció la inmunidad parlamentaria que conforme a la Constitución tienen los Diputados Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto, Diputados Suplentes de la Asamblea Nacional.

23) Decisión Nro. 614/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 19-7-2016, que declaró inconstitucional la revocación que hizo la Plenaria de la Asamblea Nacional, del Acto de Designación de los Magistrados “Express” nombrados el 23-12-2015 por la anterior Asamblea Nacional de mayoría oficialista.

24) Decisión Nro. 615/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 19-7-2016, que declaró constitucional, la ilegitima e inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica NO APROBADO por la Asamblea Nacional.

25) Decisión Nro. 618/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 20-7-2016, que limita severamente las facultades contraloras que tiene la Asamblea Nacional sobre las operaciones que realice el Banco Central de Venezuela.    

26) Decisión Nro. 108/2016 de la Sala Electoral del TSJ, del 1-8-2016, que consideró y declaró desacato de la Asamblea Nacional por haber incorporado en sus curules a los Disputados del Estado Amazonas.

27) Decisión Nro. 126/2016 de la Sala Electoral del TSJ, del 11-8-2016, en la que se ratificó la medida de suspensión a los diputados de Amazonas y la región sur indígena e indicó, nuevamente, que la Asamblea Nacional está en un supuesto desacato.

28) Decisión Nro. 797/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 19-8-16, que anuló sesiones y decisiones de mayo y junio de la Asamblea Nacional por haber estado presentes en esas sesiones los Diputados del Estado Amazonas. 

29) Decisión Nro. 808/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-9-2016, que declaró NULA la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, y también, nulos absolutamente todos los actos jurídicos de la Asamblea Nacional que se hayan adoptado y se adopten mientras permanezca en supuesto desacato por mantener incorporados en su Plenaria a los Diputados del Estado Amazonas.

30) Decisión Nro. 810/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 21-9-2016 que puso en vigencia el inconstitucional Decreto de Estado de Excepción Decretado el 13-9-2016, NO APROBADO por la Asamblea Nacional.

31) Decisión Nro. 814/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 11-10-2016, que ratificó supuesto desacato de la Asamblea Nacional, declaró que sus actos son nulos e inválidos y dispuso que el Presidente puede dictar un Decreto Ley de Presupuesto para el año 2017, ratificando que el Estado de Excepción, inconstitucionalmente, le permitiría dictar Decretos Leyes al Presidente (sin que se le haya otorgado una Ley Habilitante por la Asamblea Nacional).
    
32) Decisión Nro. 893/2016 de fecha 25-10-2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que prohibió, mediante medida cautelar, a la Asamblea Nacional, realizar investigaciones sobre supuestos actos de corrupción realizados en PDVSA por su Ex-Presidente Rafael Ramirez, desconociendo absolutamente las facultades constitucionales de control político y para la determinación de Responsabilidad Política que tiene la Asamblea Nacional según los artículos 187.3 y 222, 223 y 224 de la Constitución.


33) Decisión Nro. 907/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 28-10-2016, dictada sobre el debate de la supuesta doble nacionalidad de Nicolás Maduro y con la cual se pretende evitar que la Asamblea Nacional ejerza su función de control político concluyendo la investigación que ha iniciado sobre el tema en febrero de 2016, de acuerdo con lo establecido en el Art. 222 de la Constitución y las denuncias que ante el Parlamento se han hecho al respecto. 

34) Decisión Nro. 938/2016 de la Sala Constitucional del TSJ,  de fecha 4-11-2016, que declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República sancionada por la AN y que insistió, una vez más, que la Asamblea Nacional estaría en "desacato" y que todos sus actos son nulos y sin validez alguna.

35) Decisión Nro. 939/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-11-2016, que declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sancionada por la AN y que insistió, también, una vez más, que la Asamblea Nacional estaría en "desacato" y que todos sus actos son nulos y sin validez alguna.

36) Decisión Nro. 948/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 15-11-2016, que a solicitud del Procurador General de la República declaró, nuevamente, que la Asamblea Nacional estaría en desacató y que sus actos serían nulos y sin validez jurídica alguna y que, además, ordenó expresamente, entre otros puntos (resumiendo): (i) que la Asamblea Nacional se abstenga de seguir tramitando un juicio político para la determinación de la Responsabilidad Política del Presidente de la República; y (ii) prohibió convocar y realizar actos de calle que alteren el orden público, instigaciones a las autoridades y Poderes Públicos. Esta decisión también sugiere (realiza una argumentación), según la cual se cuestiona que los medios de comunicación transmitan en vivo o en diferido las convocatorias a acciones de calle realizadas por Diputados de la Oposición y actores políticos que tendrían por objeto "despojar al actual Gobierno Constitucional del Poder", todo lo cual, según la Sala Constitucional, perturbaría el orden público.

37) Decisión Nro. 952/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 21-11-2016, que declaró "constitucional" y puso en vigencia la nueva prórroga del Decreto de Estado de Excepción Decretada por N. Maduro en fecha 13 de noviembre de 2016, no obstante que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones constitucionales NO aprobó dicha prórroga en sesión de fecha 15 de noviembre de 2016, con lo cual la Sala Constitucional violó, nuevamente, la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en esta materia. 

38) Decisión Nro. 1012/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 25 de noviembre de 2016, que declaró "inconstitucional" la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario Docente, argumentando, entre otros alegatos, que la Asamblea Nacional no habría acordado con el Poder Ejecutivo fuentes de financiamiento y viabilidad Presupuestaria para dicha Ley, lo cual es inconstitucional porque la AN no tiene esa obligación conforme a la Constitución para sancionar una Ley de esa naturaleza que procura garantizar el Derecho Humano al salario de los Docentes. Además, el TSJ argumentó nuevamente en esta decisión, que la Asamblea Nacional seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

39) Decisión Nro.1013/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 25 de noviembre de 2016, que declaró "inconstitucional" Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, violando así Derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución y en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas suscritos y ratificados por Venezuela. Además, el TSJ argumentó nuevamente en esta decisión, que la Asamblea Nacional seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

40) Decisión Nro. 1014/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 25 de noviembre de 2016, que declaró "inconstitucional" la Ley de Reforma de Ley Orgánica del Servicio de Policía, argumentando, entre otros alegatos, que la Asamblea Nacional no habría acordado con el Poder Ejecutivo fuentes de financiamiento y viabilidad Presupuestaria para dicha Ley, lo cual es inconstitucional porque la AN no tiene esa obligación conforme a la Constitución para sancionar una Ley. Además, el TSJ argumentó nuevamente en esta decisión, que la Asamblea Nacional seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

41) Decisión Nro. 1086/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 13 de Diciembre de 2016, que designó nuevamente a Socorro Hernández y Tania D’ Amelio como Rectoras del CNE para un nuevo período de 7 años, violando el Art. 296 de la Constitución. El TSJ argumentó una supuesta omisión legislativa para hacer esa ilegitima designación y, nuevamente, en esta decisión, sostuvo que la Asamblea Nacional seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

42) Decisión Nro. 1190/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 15 de Diciembre de 2016, que declaró (indebida e incorrectamente) "constitucional" del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Nro. 2.482 contentivo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 7, mediante el cual se Dictó el Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017 en el Marco del Estado de Excepción y Emergencia Económica” y, también, declaró "constitucional" el Decreto Nro. 2.483, contentivo del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 8 Mediante el cual se dictó el Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2017 en el Marco del Estado de Excepción y Emergencia Económica”, cuando al Presidente de la República la Asamblea Nacional no le ha otorgado una Ley Habilitante conforme al artículo 203 de la Constitución, y por lo tanto NO PUEDE dictar Decretos Ley: ni siquiera por aplicación de Decretos de Estado de Excepción.

43) Decisión Nro. 1/2017 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 6-1-2017, que declaró inconstitucional la Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente sancionada por la Asamblea Nacional, nuevamente utilizando el argumento del supuesto "desacato" en que estaría la Asamblea Nacional y que señala, una vez más, que todos sus actos son nulos y sin validez alguna mientras persista ese desacato.


44) Decisión Nro. 2/2017 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 11-1-2017, que declaró inconstitucional y nulas las Sesiones de la Asamblea Nacional del 5-1-2017 (en la que se hizo la Designación de la nueva Junta Directiva de la AN) y del 9-1-2017 (en la que se Declaró el Abandono del Cargo del Presidente de la República), nuevamente utilizando el argumento del supuesto "desacato" en que estaría la Asamblea Nacional y que, señaló, que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrada para el 2017, sería una Junta Directiva ilegítima obra de una designación nula en virtud del supuesto "desacato" en que se mantendría la Asamblea Nacional. Esta Decisión indica, una vez más, que todos los actos de la AN son nulos y sin validez alguna mientras persista ese supuesto "desacato".


45) Decisión Nro. 3/2017 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 11-1-2017, que declaró (en violación a lo establecido en el artículo 237 de la Constitución), que N. Maduro debe presentar su rendición de cuentas o Informe Anual de su gestión ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional, arguyendo que al ser supuestamente nulas las Sesiones de la Asamblea Nacional del 5-1-2017 y del 9-1-2017, por el supuesto "desacato" en que estaría la Asamblea Nacional, la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrada para el 2017, sería una Junta Directiva ilegítima obra de una designación nula y que todos los actos de la Asamblea Nacional serían nulos y sin validez alguna mientras persista ese supuesto "desacato". Bajo este argumento entonces no tendría N. Maduro que presentar su rendición de cuentas o Informe Anual de su gestión ante la Asamblea Nacional, sino ante el TSJ, todo lo cual viola, como se ha indicado, el artículo 237 Constitucional.

46) Decisión Nro. 4/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 19-1-2017, que declaró constitucional y obligatorio para todos los Poderes Públicos (sin Aprobación de la AN y con efectos erga omnes), el Decreto Nro. 2.667 mediante el cual se volvió a Declarar Estado de Excepción y Emergencia Económica, Decreto publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41.074 de fecha 13 de enero de 2017, Decisión que es inconstitucional e improcedente porque, como mínimo, el referido nuevo Decreto de Estado de Excepción violó abiertamente los artículos 112, 115, 150, 187.7, 187.9, 240, 246, 265, 296, 299, 311, 312, 314, 315, 318, 319, 320, 338 y 339 de la Constitución. 

47) Decisión Nro. 5/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 19-1-2017, que declaró que (como consecuencia del fallo de esa Sala Nro. 2/2017 de fecha 11-1-2017, que, entre otros aspectos, declaró inconstitucional y nula la Sesión de la Asamblea Nacional del 5-1-2017 en la que se hizo la Designación de la nueva Junta Directiva de la AN para el período parlamentario 2017); la Junta Directiva actual de la Asamblea Nacional sigue integrada por Henry Ramos Allup como Presidente, Enrique Marquez como Primer Vicepresidente y Simón Calzadilla como Segundo Vicepresidente. Este fallo es inconstitucional, en este punto especifico y concreto (en lo que se refiere a la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional) por violar la garantía institucional constitucional de autonomía e independencia del Parlamento en el nombramiento de su nueva Junta Directiva para el año 2017.  


48) Decisión Nro. 6/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 20-1-2017, que declaró que el Ejecutivo Nacional y concretamente el "Presidente" de la República puede ejercer la atribución que conforme al artículo 187 numeral 15 le corresponde a la Asamblea Nacional que consiste en "Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos (25) años de su fallecimiento (...)", sin autorización alguna de la Asamblea Nacional, con lo cual una vez más se le arrebata otra facultad constitucional a la Asamblea Nacional. En esta decisión la Sala Constitucional nuevamente se fundamenta en el supuesto "desacato" en que estaría la AN y que ha seguido sirviendo de argumento principal para este tipo de Decisiones inconstitucionales como las recientes Decisiones 2/2017, 3/2017 y 4/2017, entre tantas otras.     

49) Decisión Nro. 7/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 26-1-2017, que declaró inconstitucional el Acuerdo de la Asamblea Nacional del 9 de Enero de 2017, que declaró el "Abandono del Cargo del Presidente de la República" e interpretó que "sólo existe abandono del cargo cuando existe un abandono físico, voluntario, injustificado, absoluto y permanente en el cargo" por parte del Presidente. Esta decisión, además, en violación a la inmunidad parlamentaria de los Diputados de la Asamblea Nacional ordena que sean investigados por incurrir presuntamente en el delito de conspiración tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como  supuestos de usurpación de funciones, desviación de poder y violación de la Constitución, para lo cual ordenó oficiar al Consejo Moral Republicano y, especialmente, al Ministerio Público y Contraloría General de la República, para que realicen o ejecuten las actuaciones correspondientes en contra de los Diputados de la Mesa de Unidad Democrática. En esta decisión la Sala Constitucional nuevamente se fundamentó en el supuesto "desacato" en que estaría la Asamblea Nacional y que ha seguido sirviendo de argumento principal para este tipo de Decisiones inconstitucionales desde agosto de 2016 y señala que la Sala tomará la decisión correspondiente sobre ese desacato a tenor de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (que establece una sanción penal).   

50) Decisión Nro. 12/2017 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 31-1-2017, que, al admitir la acción de nulidad en contra del Acuerdo Parlamentario de la Asamblea Nacional referido al juicio político contra Nicolás Maduro que se llevó a cabo a finales de 2016, la Sala Constitucional ratificó una vez más que todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos mientras se mantenga el supuesto desacato y, ratificó, entre otros puntos, la orden a los Diputados de la Asamblea Nacional de no convocar ni realizar actos que alteren el "orden público". 

51) Decisión Nro. 87/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 24-2-2017 que nuevamente usurpando funciones del Parlamento y extralimitándose en sus atribuciones constitucionales ordenó que el Bono de Alimentación de los Trabajadores de la Asamblea Nacional los pagará el Poder Ejecutivo por órgano del Ministerio de Finanzas en virtud del "supuesto desacato" en que continuaría la Asamblea Nacional. 

52) Decisión Nro. 88/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 24-2-2017 que declaró sin validez y sin efecto jurídico alguno la investigación y los resultados de la misma, que en el 2016 hizo la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre las gestión de Rafael Ramírez, Ex-Presidente de PDVSA y Ex-Ministerio de Energía y Petroleo (Actual Embajador de Venezuela ante la ONU). En esta Decisión se volvió a ratificar el arbitrario e injustificado criterio de la Sala Constitucional según el cual el Control Político (que debe realizar según la Constitución la Asamblea Nacional), no tiene efecto jurídico alguno y no es vinculante absolutamente para los demás órganos del Poder Público, violando los artículos 187.3, 222, 223 y 224 de la Constitución. Además y en una declaración y orden, de suma gravedad, se ordenó abrir una investigación o proceso penal y también de carácter administrativo fiscal contra el Presidente de la Comisión de Contraloría de la AN en el año 2016, Diputado Freddy Guevara, sugiriendo estar incurso en varios ilícitos y delitos previstos en leyes penales venezolanas. En este sentido, se ordenó oficiar al Ministerio Público (para que inicie la investigación penal contra dicho Diputado y también se ordenó oficiar a la Contraloría General de la República para que inicie la investigación administrativa y fiscal contra el mismo). La investigación, según la Decisión de la Asamblea Nacional, incluirá a los demás Diputados que desde la Comisión de Contraloría realizaron la investigación correspondiente.      

53) Decisión Nro. 90/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24-2-2017 que, en violación de lo establecido en el artículo 244 de la Constitución, dispuso que, en virtud del supuesto "desacato en que persiste la AN", las Memorias y Cuentas que deben presentar el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Ejecutivo deben ser presentadas y entregadas o consignadas ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, todo lo cual es otra extralimitación de sus atribuciones constitucionales, y violación de facultades constitucionales que tiene la Asamblea Nacional en materia de control político.

54) Decisión Nro. 113/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 20 de Marzo de 2017, mediante la cual la Sala Constitucional nuevamente declaró constitucional y apruebó la inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica aprobada por el Decreto Nro. 2.792 del 13 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41.112 de la misma fecha. Esta nueva prórroga al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica la ha hecho el TSJ contraviniendo nuevamente lo establecido en los Artículos 338 y 339 de la Constitución y, recurriendo, una vez más, al supuesto "desacato" en que estaría la Asamblea Nacional y que harían, según el TSJ, sus actos nulos y sin validez jurídica alguna. Debe indicarse nuevamente que el actual Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica y. por vía de consecuencia, la Decisión Nro. 113/2017 de la Sala Constitucional es inconstitucional e improcedente porque, como mínimo, el referido violan abiertamente los artículos 112, 115, 150, 187.7, 187.9, 240, 246, 265, 296, 299, 311, 312, 314, 315, 318, 319, 320, 338 y 339 de la Constitución. 

Finalmente, dicho Decreto no fue aprobado por el Parlamento como lo requiere la Constitución. 

55) Decisión Nro.155/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 28-3-2017. Esta Decisión declaró declara nulo el Acuerdo de Asamblea Nacional sobre la Carta Democrática, por supuesta e inexistente "injerencia de una autoridad extranjera"; reduce a su mínima expresión y prácticamente dejó sin efecto la inmunidad parlamentaria por supuesto desacato de la Asamblea Nacional; también señaló que inmunidad parlamentaria no existiría en casos de "ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)"; es decir, abre otro grave mecanismo para la persecución política de los Diputados de oposición de la Asamblea Nacional; "ordenó" a N. Maduro utilizar el Estado de Excepción para adoptar cualquier medida para "evitar un estado de conmoción" y en este sentido le ordena adoptar cualquier medida Internacional "para salvaguardar el orden constitucional"; asimismo, le "ordenó" a N. Maduro dictar cualquier medida:civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social;  incluso "ordenó" a N. Maduro legislar y reformar la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra la Corrupción, Código Penal, Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. (Altamente grave y alarmante). En otras palabras, la Decisión 155/2017 le dio a Maduro una ilegítima "Habilitación Legislativa" para legislar en cualquier materia penal. Decisión 155/2017 viola el Artículo 203 de la Constitución según el cual solo la Asamblea Nacional le puede dar una "Habilitación Legislativa" a Maduro. Además, Decisión 155/2017 violó la garantía de "reserva legal" en materia penal: solo el Parlamento puede legislar en materia penal. La Decisión 155/2017 tuvo como uno de sus objetivos llevar, inconstitucionalmente, a la Jurisdicción Militar, a Diputados opositores de Asamblea Nacional. Por otra parte, la Decisión 155/2017 abrió un proceso para decidir, la aplicación o no, en Venezuela, de normas de la OEA y/o interpretar cómo deben aplicarse; y además ordenó a N. Maduro a revisar actuación de la OEA y otros organismos internacionales de los que sea parte Venezuela que estuvieren desplegando conductas similares a las del Secretario General de la OEA. (Parece sugerir un retiro de tales organismos).
La Decisión 155/2017 incurrió en graves violaciones de la Constitución y en usurpación, extralimitación de atribuciones y abuso de poder. En definitiva, la Decisión 155/2017 debe considerarse absolutamente inconstitucional, ilegítima y nula con base en Art. 25 Constitucional.

56) Decisión 156/2017 de la Sala Constitucional de fecha 29-3-2017 que interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa. Debe recordarse que solo con autorización de la AN y con base en el Art. 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se puede autorizar la creación de empresas mixtas. En todo caso lo más grave de Decisión 156/2017 es que dice que Sala Constitucional asumirá competencias del Parlamento mientras dure supuesto "desacato". Lo anterior es otra grave, inconstitucional e ilegítima usurpación de funciones que de facto anuncia la Sala Constitucional del TSJ contra Asamblea Nacional

57) Decisión 157/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1 de abril de 2017 mediante la cual se hizo una "ACLARATORIA" inconstitucional e ilegítima por ordenes del Consejo de Defensa de la Nación (actuando fuera de sus competencias constitucionales), mediante la cual se aclaró "de Oficio la Sentencia Nro. 155 de fecha 28 de marzo de 2017 en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido", y además se suprimió "la cautelar 5.1.1 de dicho fallo" que le daba poderes inconstitucionales e ilimitados a Nicolás Maduro Moros. 

Esta aclaratoria además de ser ilegitima e inconstitucional por su origen y forma mantiene incólumes e inalterables las más grandes violaciones de la Constitución reflejadas en el fallo 155/2017 y que representan un quebrantamiento, adicional, al orden constitucional en Venezuela. La inmunidad parlamentaria en Venezuela sigue siendo totalmente desconocida por el régimen y entre los Decretos de Estados de Excepción y Emergencia Económica y las Decisiones de la Sala Constitucional aquí reportadas, se le han dado los poderes más ilimitados e ilegítimos a Nicolás Maduro. Es decir, la aclaratoria en referencia en nada altera la grave situación de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela.              

58) Decisión 158/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1 de abril de 2017 mediante la cual principalmente se "aclaró de Oficio la sentencia Nro. 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo, referido a que la Sala garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime".  

Esta aclaratoria también, además de ser ilegitima e inconstitucional, por su origen y forma, mantiene incólumes e inalterables las más grandes violaciones de la Constitución reflejadas en el fallo 156/2017 y que representan un quebrantamiento, adicional, al orden constitucional en Venezuela. Se mantiene el desconocimiento de la facultad que tiene la Asamblea Nacional para aprobar o no la Constitución de empresas mixtas conforme al Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y, en general, el régimen venezolano sigue considerando ilegítima a la Asamblea Nacional por supuesto un "desacato" y considera ilegítima a la Asamblea Nacional y no reconoce sus facultades constitucionales. Actualmente, la Sala Constitucional con base en el supuesto "desacato" desconoce ilegítimamente un Poder del Estado: el Parlamento.      
         

II. Decisiones Inconstitucionales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra los Partidos Políticos 

1)    Decisión Nro. 1/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 5-1-2016, que con el claro objeto de deslegitimar a partidos políticos y de dividir la MUD, ordena que pasen a una etapa de renovación o legalización, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD.


2)    Decisión Nro. 185/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 18-3-2016, mediante la cual se ordena al CNE comenzar los trámites para el proceso de renovación/ legalización de los partidos políticos, lo cual incluye a casi todos los que integran la MUD, decisión que permitiría eventualmente al CNE y al TSJ declarar la ilegalidad de alguno de los partidos de la MUD que no hagan la renovación que impone la Sala Constitucional en su decisión, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, y que además tiene por objeto dividir electoralmente a la MUD.


3) Decisión Nro. 415/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 24-5-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD.


4) Decisión Nro. 878/2016 que emitió la Sala Constitucional del TSJ, el 21-10-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación (que debe incluir verificación barométrica de sus militantes, entre otros requisitos), lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, pues la Sala Constitucional los menciona expresamente. 


5) Decisión Nro. 223 de la Sala Constitucional del TSJ, del 28 de abril de 2017, mediante la cual se hizo una interpretación de los artículos 67 de la Constitución y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos en el marco del ilegítimo e inconstitucional proceso de renovación/legalización de partidos políticos, decisión que en apariencia buscaría flexibilizar el proceso de renovación de partidos políticos pero que, en realidad, además de buscar la flexibilización del proceso para los partidos oficialistas del Gran Polo Patriótico, pretende (y a todas luces se observa en el momento en que se emitió), que los partidos beneficiados por el fallo participen en el ilegítimo e inconstitucional "Proceso Constituyente Popular" que pretende eliminar la Constitución de 1999.  



III. Otras Decisiones Inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia a destacar por su gravedad en la violación de la Constitución, la Soberanía Popular y los Derechos Humanos. 



1) Decisión Nro. 147/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 17-10-2016, que declara que para que se pueda considerar convocado el Referendo Revocatorio, debe haberse alcanzado en todos los Estados y en el Distrito Capital, un numero de manifestaciones de voluntad del 20% de Electores inscritos en el Registro Electoral, en cada entidad, con la consecuencia que, de no alcanzarse en alguno de los Estados, no se consideraría convocado el Referendo Revocatorio. 

2) Decisión Nro. 153/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 10-11-2016, mediante la cual declara inadmisible una acción de amparo que trataba de restablecer o reactivar Referendo Revocatorio.

3) Decisión Nro. 910/2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28-10-2016, que en contra de lo establecido en los artículos 29 y 261 de la Constitución, asignó a la "jurisdicción militar" y no a la "jurisdicción ordinaria" conocer del caso denominado Masacre de "El Amparo", que versa sobre violaciones de derechos humanos.   

4) Decisión Nro. 9/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30-1-2017, que ratificó la Decisión 910/2016 de esa Sala de fecha 28-10-2016 y que, en contra de lo establecido en los artículos 29 y 261 de la Constitución, asignó a la "jurisdicción militar" y no a la "jurisdicción ordinaria" conocer del caso denominado Masacre de "El Amparo", que versa sobre violaciones de derechos humanos.   


lunes, 27 de marzo de 2017

Venezuela: ¿Un país sin Ciudadanos?

        
         por  José Vicente Haro García       

Algunos analistas atribuyen la situación de Venezuela a que no tenemos Ciudadanos, no tenemos ciudadanía. La crisis de la sociedad venezolana y del Estado fallido que tenemos actualmente pudiera contribuir, junto con otros elementos, a concluir que hemos llegado al presente en estas circunstancias, porque en efecto no tenemos Ciudadanos.

Sin Embargo, me permito, en el ejercicio de mi libertad de expresión y pensamiento, apuntar que tal vez la conclusión no deba ser tan radical o absoluta. Es cierto, tenemos millones de personas habitantes de un territorio que formó hace más de 200 años una Nación llamada Venezuela, con un Estado fallido en la actualidad, a causa de lo que todos sabemos y conocemos ha sucedido en nuestro país especialmente en los últimos 18 años. Sin embargo, yo acotaría: tenemos millones de personas, pero pocos Ciudadanos en comparación con nuestra población y con lo que se requiere para rescatar el país, la sociedad venezolana, la democracia de la Nación y restituir un Estado donde impere el Estado Constitucional para beneficio de todos los venezolanos.  

Es cierto que la gran mayoría de los habitantes de Venezuela ya no obran como Ciudadanos, ya no actúan con base en los valores y principios que determinan la ciudadanía, tales como: La Libertad, la Responsabilidad, el Compromiso, la Ética, la Honestidad, el Respeto, la Tolerancia, la Comprensión, la Solidaridad, la Igualdad, la No Discriminación, la Educación, el Trabajo, el Esfuerzo, la Constancia, la Meritocracia, la No violencia, la Equidad, la Justicia, la Participación, la Democracia y el Pluralismo, entre otros. Esta es lamentablemente la realidad de la sociedad venezolana y sobre esto sobran los estudios y referencias.

La mayoría de los habitantes de Venezuela han pasado a ser, prácticamente, solo personas y hasta simples semovientes (si se me permite la afirmación por más dura que sea), que salen día a día en busca de la satisfacción de sus instintos más básicos: sobrevivir, no morir, adquirir algún ingreso y con ello los medicamentos que con mucho esfuerzo se puedan encontrar, adquirir la comida que se pueda encontrar o alcance comprar para alimentarse y, en muchos casos, personas que ruegan y, hasta suplican, a las circunstancias, no morir en un Hospital o en una casa, porque, ya, en muchos casos, resulta hasta utópico llegar al Hospital y, mucho más, a una clínica. La realidad se impone con su cruda fuerza hasta aniquilar física y mentalmente a la persona destruyendo cualquier posibilidad para que los principios y valores ciudadanos rijan su accionar: se impone la supervivencia por encima de todo, queda a un lado todo lo demás, incluso, los derechos y deberes ciudadanos que nacen de los valores y principios ciudadanos y de la dignidad humana. Principios y valores ciudadanos, derechos y deberes ciudadanos pasan a ser algo etéreo para muchos, incomprensibles y hasta inservibles, muy lamentablemente: no dan de comer, ni curan una enfermedad. Reitero: la gran mayoría de las personas en Venezuela solo sobreviven.  

Frente a ese duro panorama, no podemos afirmar que no existan Ciudadanos en Venezuela, por el contrario, todavía a quienes, aunque seamos, por mucho, los menos, pese a las circunstancias, nos resistimos a renunciar a ser Ciudadanos y a abandonar Venezuela. Como siempre digo: Rendirse nunca, Retroceder jamás.

Sin embargo, la Ciudadanía no sólo se vive e internaliza con base en la concientización en nuestro fuero interno, de los principios y valores ciudadanos, de nuestros derechos y deberes ciudadanos, sino también, como aspecto fundamental; con base en la identidad e identificación y el vínculo con la nacionalidad, con nuestra Nación, con nuestra Venezuela. Aquí un apartado necesario: muchos de los pocos Ciudadanos que nos quedan están perdiendo ese vínculo y ya no se hallan, no se ven o no encuentran en Venezuela. Estudian y trabajan con mucha constancia y esfuerzo con un solo propósito y esperanza: irse del país y, en la mayoría de los casos, no volver más, pero no podemos cuestionarlos, esa es una decisión que parte del ejercicio de su libertad y hay que aceptarlo y respetarlo. Este es el punto en que debemos comprender en que la Ciudadanía implica por concepto, el vínculo que por nuestra nacionalidad nos identifica y nos da la identidad con la Nación pero, ya muchos Ciudadanos venezolanos no se encuentran identificados con Venezuela, ya no sienten esa identidad. Esa es otra cruda realidad que debemos aceptar y asumir.

Sin restar importancia a las palabras de Uslar, volvimos de la frase “sembrar el petróleo” en el sino de la sociedad y política Venezolana y en la histórica deuda a la que le atribuimos muchos de nuestros males. Tal vez nunca comprendimos que la clave para construir la gran Nación que todos deseábamos ver en Venezuela, pasaba por sembrar los principios y valores ciudadanos, los derechos y deberes ciudadanos y en reforzar el vínculo de nuestros connacionales con la nacionalidad venezolana, con Venezuela, no simplemente en “sembrar el petróleo”.  

Nunca es tarde para comenzar a hacerlo, más en las circunstancias actuales, pero debemos comenzar desde el núcleo fundamental de la sociedad: la familia, la escuela, la comunidad hasta abarcar nuestra sociedad en general y, debemos hacerlo, como lo demuestran los estudios más avanzados: desde las edades más tempranas y desde la educación: desde el preescolar, la primaria en primera y segunda etapa y, por supuesto, en el bachillerato, en los niveles técnicos superiores y en la Universidad. Debe ser un proyecto que transversalice TODOS los niveles educativos y TODOS los niveles de nuestra sociedad.  

En la Venezuela de hoy los Ciudadanos son un bien escaso, en la Venezuela del futuro no lo sabemos, no soy optimista al respecto pero no me daré por vencido en poner cada grano de arena que pueda, para la construcción de ciudadanía. Lo que sí podemos afirmar es que una sociedad sin Ciudadanos estará condenada a vivir en manos de tiranía, bajo la sumisión y la dominación total.   


                    josevicenteharo@gmail.com

jueves, 23 de junio de 2016

LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO EN LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA.



José Vicente Haro
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
DEA en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España
Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello
Fellow on Democracy, Development and Rule of Law por Stanford University
Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la UCAB de 2001 al 2015
Actual Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional



I. Salutación protocolar.

Ilustres Presidente y demás Miembros del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui con sede en Barcelona.

Dr. Luis Beltran Calderon Mejías, Presidente del Colegio de Abogados, pero, sobre todo, amigo y abogado comprometido con la activa del gremio de abogados en la reconstrucción y recuperación de la justicia en Venezuela. Dres. Mounir Wakil, José Félix Gómez Fermin y Juan Ramón García P., miembros de la Junta Directiva de este Colegio de Abogados y de su Instituto de Estudios Jurídicos. 

Ilustres Colegas Abogados, autoridades locales y regionales, estudiantes de derecho y futuros juristas. Señoras y señores.


II. El papel del abogado en la sociedad democrática y en el Estado Constitucional.

Los abogados somos, ante todo y sobre todo, el reflejo fiel del Estado de la Justicia en Venezuela. No voy a hacer uso del lugar común de todos los discursos de mis queridos colegas y amigos que siempre atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de Justicia, la total responsabilidad del grado de injusticia que vivimos y padecemos hace bastante décadas los venezolanos.

Antes de eso debemos reconocer y asimilar que, como indica la Constitución venezolana, nosotros también somos, para bien y para mal, parte del sistema de justicia y corresponsables de la situación actual de la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela por acción y/u omisión. Todos tenemos un “mea culpa” que hacer al respecto y, para dar el ejemplo, yo soy el primero en dar un paso al frente y decir, sin ambages, complejos o temores, que también soy corresponsable de la situación grave que vive Venezuela en materia de justicia porque todos los días me acuesto pensando: he podido hacer más hoy y no lo he hecho, he podido dar más, pero no lo he hecho, he cometido errores, he podido hacer las cosas mejor, no soy perfecto y debo corregir aquello que haya que corregir, superar lo que se deba superar, evolucionar ante todo y continuar: puedo ser mejor de lo que soy, siempre se puede ser mejor, siempre podemos ser mejores abogados.  

Algunos pensaran que yo, José Vicente Haro, algo he hecho por la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela y, tal vez, por modestia no lo reconozco en este momento, pero, honestamente les digo desde lo más profundo de mi corazón: sé que siempre se puede hacer más, pero por las razones que fueren no hacemos más de lo que se nos permite o de lo que está a nuestro alcance y yo también asumo la responsabilidad por todo aquello que tal vez he podido hacer y el tiempo, las circunstancias y las limitaciones me lo han impedido, pero nunca, nunca, podrán servir como excusa. Frente a las injusticias no hay excusas que valgan en la lucha que debe librarse contra ellas.  

Cuando recuerdo el juramento que hice ante el entonces Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda, al recibirme como miembro de ese Colegio de Abogados, recuerdo haber jurado por hacer valer la Constitución y las leyes, por trabajar y luchar por la justicia, por hacer honor a nuestro Ministerio, recuerdo hacer jurado cumplir con el artículo 2 del nuestro Código de Ética: “servir a la justicia, asegurar la libertad y el Ministerio del Derecho”. Sin embargo, hoy, es poco lo que creo que humildemente he hecho por la justicia, he podido hacer mucho más. Recuerden: siempre se puede dar más y el único límite real y verdadero para ello somos nosotros mismos.


III. El abogado como Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos.

Cuando pensamos en lo que somos los abogados no podemos dejar de mencionar que somos unos simples pero importantes agentes entre los ciudadanos y las Instituciones. La correa de trasmisión entre los ciudadanos que buscan justicia y las Instituciones que están obligadas a brindarla y garantizarla porque, al fin y al cabo, somos quienes colocan al alcance de los ciudadanos los mecanismos para hacer efectiva la Constitución y los Derechos garantizados por la Constitución.

Por ello, la principal misión y compromiso que tenemos los abogados es con la Constitución, los Derechos Humanos y los Ciudadanos.

La Constitución es el documento político jurídico en el que se basa y fundamenta el Estado Constitucional en general, pero en particular, constituye ante todo el reconocimiento de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.

Los abogados somos los agentes llamados a traducirla y hacerla realidad, tanto a la Constitución como a los Derechos Humanos, para garantizar aquello que juramos al comenzar nuestro Ministerio: “servir a la justicia y a la libertad”.


IV.  El ejercicio de la abogacía y nuestros compromisos con la Constitución y los Derechos Humanos.  

Cuando comenzamos y nos adentramos al ejercicio de la abogacía como digna profesión que es, muchas veces nos sumergimos en el trabajo del día a día, de los casos, de los clientes, de los honorarios. Vamos haciendo de nuestra profesión toda una empresa, importante, digna y necesaria en una sociedad, pero la más de las veces nos alejamos de lo que fue ese juramento que hicimos ante nuestros Colegios de Abogados para defender la Constitución, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia.

El día a día nos lleva por derroteros que nos alejan de nuestra sublime misión y debemos reconocer que ello nos atrapa en un “sino” en el cual o nos debemos a la profesión y a nuestros clientes, o nos debemos a la justicia. Algunos logran armonizar ambas cosas, muchos otros no.

Entre tantas experiencias en Instituciones Públicas y Privadas en mi actividad profesional,  yo estuve casi 15 años de mi vida trabajando para una Firma de Abogados muy importante en Venezuela que tiene muchas sedes en varias ciudades del país, allí llegué, dentro de un complejo sistema a ser abogado junior, luego abogado Asociado, posteriormente Socio y finalmente  Miembro de la Junta Directiva o Consejo de Administración. Y les diré algo, los dos últimos años allí, ya como Socio (2007-2009) sentí ese divorcio terrible entre el ejercicio de la profesión y la justicia y la libertad por la que juré al inicio de mi carrera, hasta el punto que mis opiniones en televisión nacional o internacional o en prensa y radio, contra la Reforma Constitucional en 2007 y en defensa de la Constitución,  eran ya vistas como inconvenientes por varios de mis socios, porque no era conveniente atacar al Gobierno o decir la verdad que todos pensamos.

Para muchos abogados es más conveniente hacer negocios y guardar silencio, ser indiferentes, ser cobardes. Basta criticar al gobierno y los males de Venezuela campaneando un Whisky pero no enfrentando las injusticias. Pero no soy quien para juzgar, la libertad implica, incluso, el no hacer nada, con la paradoja de que esa inacción se convierta en tu propia cárcel.   

A finales de 2009 tome la decisión más importante de mi vida, dejar de ser un abogado más, retirarme de esa Firma por cuestiones de principios y valores éticos y, asumir, sin más y con  todas las dificultades que ello me ha implicado, la defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la Democracia en Venezuela. No ha sido fácil, por el contrario, escogí el camino más difícil, aquel que no me permitía el confort y me imponía el sacrificio, humano, económico y sobre todo el riesgo y el peligro en medio de una dictadura que poco a poco se ha ido consolidando. Al principio pensé ingenuamente, debo confesar, que podría armonizar ambas actividades, la privada y la pública por la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos. Al final tuve que darme cuenta que cuando uno asume seriamente el compromiso por la defensa de la democracia y los Derechos Humanos corres el grave riesgo de no poder asumir y mantener adecuadamente otras responsabilidades privadas y ese fue mi caso y así lo tuve que asumir muy duramente y cargo con orgullo, pero no sin algún pesar, esa responsabilidad.  

Todo ello se hizo dramáticamente patente para mi cuando asumí gratuitamente y sin ninguna ONG que me patrocine y sin financiamiento alguno, la defensa gratuita de casi 200 presos políticos de los cuales hoy solo me quedan en prisión los terribles e injustos casos de Araminta Gonzalez y Gregory Sanabria (este último acusado junta al Alcalde Antonio Ledezma en la misma causa). Esta lucha por los presos políticos me ha llevado a situaciones complejas y me han hecho enfrentar fuertes amenazas de muerte por parte del SEBIN y el CICPC a varios de cuyos funcionarios he denunciado con nombre y apellido, nacional e internacionalmente ante las Instituciones correspondientes, todo lo cual, dio lugar a una Medida Cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para mi protección en agosto de 2015. Sin embargo, siempre las amenazas siguen, los riesgos están allí, pero más que eso, puede el compromiso de lo que juramos cuando nos recibimos de abogados: luchar por la justicia y la libertad.   

Mi lucha no ha sido fácil, puede parecer significativa para algunos, pero para mí, no es suficiente en resultados: no duermo tranquilo sabiendo que Araminta Gonzalez cumple el mes que viene 2 años sin que se haya dado apertura a su Juicio y que en este tiempo haya intentado suicidarse 2 veces producto de las graves torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto por el hecho de ser una presa política. No puedo dormir tranquilo pensando que en el SEBIN el estudiante Gregory Sanabria ya lleva 1 año y 8 meses en igual situación, sin que se haya abierto su causa a juicio y padeciendo graves problemas de salud. No nunca es suficiente. Hasta que no se logra la justicia y la libertad no hemos completado nuestra misión en los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad en materia de Derechos Humanos.

Disculpen por haberme puesto como referencia y haber citado dos de mis casos como ejemplos, pero, creo, que es la mejor forma de decirles a ustedes, colegas, amigos de carrera, que no basta con hacer nuestro trabajo bien y atender bien a nuestros clientes: debemos mojarnos los pies también asumiendo con solidaridad, humanidad, desprendimiento, humildad y valentía (sin miedo), casos “pro bono” en materia de Derechos Humanos, porque al fin y al cabo todos los abogados somos defensores de la Constitución y de los Derechos Humanos. Y aclaro: no soy un ejemplo, solo soy un luchador más, como lo son o pueden ser cada uno de ustedes.    


V. Los abogados como base fundamental para reconstruir el sistema de justicia y recuperar el Poder Judicial en Venezuela.

Si hay ciudadanos que conocemos los problemas de la justicia en Venezuela somos los abogados que acudimos día a día a las Instituciones judiciales y ante los auxiliares de justicia a gestionar nuestros casos.

Más allá de lo que debemos y podemos hacer asumiendo con valentía y compromiso la defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos en Venezuela, tenemos otra tarea ineludible en un futuro cercano y la cual no podemos esquivar: trabajar en la reconstrucción del Sistema de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y de las demás instituciones asociadas a la justicia, incluyendo los cuerpos policiales que hoy, como el SEBIN y el CICPC practican sistemáticamente la tortura como política de Estado.

Esto implica un compromiso adicional de carácter institucional y gremial en el que tenemos que colaborar todos los que llevemos la justicia como parte de nuestra lucha de vida y que tengamos y entendamos el derecho como un Ministerio para la libertad.

Pero esa reinstitucionalización no pasa sólo por nuestros órganos de la Administración de Justicia y órganos auxiliares, toca también a nuestras Escuelas de Derecho, nuestra Academia y nuestra educación en las ciencias jurídicas: no podemos seguir hundiéndonos o, por decirlo más sutilmente, tolerando la mediocridad: debemos aspirar a más en lo individual y en lo colectivo incluso desde el punto de vista académico.  

Los retos son muchos, yo sólo les he señalado algunos.   

VI. Los abogados y nuestra importante actividad gremial: el ejemplo del Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado realizada en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016.

Finalmente y porque no puede haber lugar u ocasión más propicia para ello, quiero resaltar la necesidad y obligación que tenemos los abogados de involucrarnos en los asuntos de carácter gremial que pueden contribuir a los objetivos tantas veces nombrados en este discurso.

En este sentido y aunado a la actividad gremial ordinaria y extraordinaria en la que muchos estamos y debemos seguir trabajando, hay que apoyar aquellas iniciativas que desde el gremio contribuyan para el rescate de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, tales como la reciente iniciativa, que ya es una realidad, el Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016, el cual está presidido por el Dr. Wilmer Pereira pero que cuenta en su directiva con una gruesa e importante representación gremial de otros representantes de Colegios de Abogados de otros Estados del país. En el caso del Estado Anzátegui esa novel Institución cuenta con el apoyo de Eduardo René Franco como Vice Rector Académico, mejor representación por este importante Estado, quizás imposible,  

Dicho Instituto tiene por objeto contribuir al desarrollo profesional, ético, académico, jurídico y científico del Derecho en Venezuela, así como la promoción y desarrollo de los Derechos Humanos en Venezuela. Tarea muy importante en estos momentos siendo una iniciativa gremial. Ese Instituto tiene en este sentido realizar alianzas científicas, académicas, profesionales y académicas con Universidades, instituciones nacionales e internacionales, así como gremios, para el cumplimiento de sus fines. En materia de Derechos Humanos ya ha establecido convenios con la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y con el Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras instituciones en materia de Derechos Humanos.

Son precisamente ese tipo de proyectos e iniciativas que todos los abogados debemos apoyar individual o colectivamente como gremio, aportando nuestro granito de arena y así ir poco a poco, pero más temprano que tarde, rescatando ese sistema de justicia del que somos parte y corresponsables.

Queridos y estimados colegas, ha sido un honor que hayan depositado su confianza en mí  para hacerles extender este día del abogado, 23 de junio de 2016, mis consideraciones sobre nuestro papel, como profesionales y gremio, en la Defensa de la Constitución y los Derechos Humanos.

VII. Reflexión final. 

Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:


“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo” Mahatma Gandhi          


Barcelona, 23 de junio de 2016.