viernes, 25 de noviembre de 2016

LAS 44 DECISIONES INCONSTITUCIONALES DEL TSJ EN CONTRA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA SOBERANÍA DEL PUEBLO

(Las inconstitucionales Decisiones dictadas por el TSJ luego del 6D de 2015)

                                                                                                          @JOSEVICENTEHARO


1)    Decisión Nro. 260/2015 de la Sala Electoral del TSJ, de 30-12-2015, que suspendió los efectos de las proclamaciones de Diputados del Estado Amazonas violando su inmunidad parlamentaria.

2)    Decisión Nro. 1/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 5-1-2016, que con el claro objeto de deslegitimar a partidos políticos y de dividir la MUD, ordena que pasen a una etapa de renovación o legalización, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD.

3)    Decisión Nro. 1/2016 de Sala Electoral del TSJ, del 11-1-2016, que ordenó a la AN desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas a pesar que poseen inmunidad parlamentaria.

4)    Decisión Nro. 3/2016 de Sala Constitucional del TSJ, de 14-1-2016, que convalidó las inconstitucionales decisiones de la Sala Electoral sobre los Diputados de Amazonas.

5)    Decisión Nro. 4/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 20-1-16, que declaró constitucional Emergencia Económica y ordenó a poderes públicos cumplirlo, a pesar de la clara inconstitucionalidad del Decreto.

6)    Decisión Nro. 7/2016 de Sala Constitucional del TSJ, de 11-2-2016, que puso en vigencia Decreto de Emergencia Económica a pesar de su no aprobación por la AN.

7)    Decisión Nro. 9/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 1-3-2016, que eliminó inconstitucionalmente facultades de control político de la Asamblea Nacional.

8)    Decisión Nro. 184/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 17-3-2016, que prorrogó el Decreto de Emergencia Económica a pesar de no aprobación de la AN.

9)    Decisión Nro. 185/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 18-3-2016, mediante la cual se ordena al CNE comenzar los trámites para el proceso de renovación/ legalización de los partidos políticos, lo cual incluye a casi todos los que integran la MUD, decisión que permitiría eventualmente al CNE y al TSJ declarar la ilegalidad de alguno de los partidos de la MUD que no hagan la renovación que impone la Sala Constitucional en su decisión, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, y que además tiene por objeto dividir electoralmente a la MUD.

10) Decisión Nro. 225/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 29-3-2016, que declaró que la AN no puede revocar ni anular designaciones de Magistrados del TSJ, en contra de lo previsto en el Reglamento Interior y de Debates de la AN.

11) Decisión Nro. 259/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 31-3-2016, que declaró inconstitucional la Reforma de la Ley del BCV e impidió a la AN garantizar autonomía del BCV y el ejercicio del control político parlamentario sobre ese Instituto Emisor.

12) Decisión Nro. 264/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 11-4-2016, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

13) Decisión Nro. 274/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 21-4-2016, que señaló que Proyecto de Enmienda que estaba siendo aprobado por la AN, para recortar el período presidencial, no podría aplicarse al presente periodo constitucional.

14) Decisión Nro. 269/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 22-4-2016, que suspende los efectos de artículos de Reglamento Interior y Debates de la AN relacionados con sus atribuciones privativas en materia de control político y que, además, pretende regular su funcionamiento interno, régimen de convocatoria de sesiones, derechos de palabra, entre otros, con un detalle tal, que viola su garantía constitucional institucional de autonomía como Parlamento y Poder Público electo por el pueblo.

15) Decisión Nro. 327/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 28-4-16, que señaló que Ley de Bono de Alimentación para Pensionados queda sujeta en su implementación y vigencia, a la aprobación del Presidente (y la deja en un limbo jurídico).

16) Decisión Nro. 341/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 5-5-16, que señaló que Ley de Reforma de la Ley Orgánica del TSJ es inconstitucional.

17) Decisión Nro. 343/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 6-5-16, que señaló que Ley que otorga propiedad a Beneficiarios de GMVV es inconstitucional.

18) Sentencia Nro. 411/2016 dictada por la Sala Constitucional del TSJ, del 20-5-2016, que declara "constitucional" Decreto de Estado de Excepción NO APROBADO por la AN.

19) Decisión Nro. 415/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 24-5-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD.

20) Decisión Nro. 460/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 9-6-2016, que declaró inconstitucional la LEY ESPECIAL PARA ATENDER LA CRISIS NACIONAL DE SALUD y que, además, le otorgó una amplia Ley Habilitante a Nicolás Maduro, de manera ilegitima e inconstitucional.

21) Decisión Nro. 473/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 14-6-2017, en contra de la Asamblea Nacional, sobre el asunto del Reglamento Interior y de Debates de la AN, que le ordena al Parlamento acatar fallo inconstitucional Nro. 269/2016 en esa materia, ya antes aquí citado.

22) Decisión Nro. 478/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 14-6-2016, que suspendió (inconstitucionalmente) los efectos de Acuerdos aprobados por la AN en fecha 10 y 31 de Mayo de 2016 y abre un procedimiento por supuesta controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por supuesta usurpación de funciones por parte del Poder Legislativo en materia de relaciones internacionales.

23) Decisión Nro. 612/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 15-7-2016, que desconoció la inmunidad parlamentaria que conforme a la Constitución tienen los Diputados Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto, Diputados Suplentes de la AN.

24) Decisión Nro. 614/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 19-7-2016, que declaró inconstitucional la revocación que hizo la Plenaria de la AN, del Acto de Designación de los Magistrados “Express” nombrados el 23-12-2015 por la anterior AN.

25) Decisión Nro. 615/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 19-7-2016, que declaró constitucional, la ilegitima e inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica NO APROBADO por la AN.

26) Decisión Nro. 618/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 20-7-2016, que limita severamente las facultades contraloras que tiene la AN sobre las operaciones que realice el Banco Central de Venezuela.    

27) Decisión Nro. 108/2016 de la Sala Electoral del TSJ, del 1-8-2016, que consideró y declaró desacato de la AN por haber incorporado en sus curules a los Disputados del Estado Amazonas.

28) Decisión Nro. 126/2016 de la Sala Electoral del TSJ, del 11-8-2016, en la que se ratifica la medida de suspensión a los diputados de Amazonas y la región sur indígena e indica, nuevamente, que la AN está en desacato.

29) Decisión Nro. 797/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 19-8-16, que anuló sesiones y decisiones de mayo y junio de la AN por haber estado presentes en esas sesiones los Diputados del Estado Amazonas. 

30) Decisión Nro. 808/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-9-2016, que declaró NULA la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, y también, nulos absolutamente todos los actos jurídicos de la AN que se hayan adoptado y se adopten mientras permanezca en supuesto desacato.

31) Decisión Nro. 810/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 21-9-2016 que puso en vigencia el inconstitucional Decreto de Estado de Excepción Decretado el 13-9-2016, NO APROBADO por la AN.

32) Decisión Nro. 814/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 11-10-2016, que ratifica supuesto desacato de la AN, declara que sus actos son nulos e inválidos y dispone que el Presidente puede dictar un Decreto Ley de Presupuesto para el año 2017, ratificando que el Estado de Excepción, inconstitucionalmente, le permitiría dictar Leyes Habilitantes al Presidente (sin que se le haya otorgado una Ley Habilitante por la AN).

33) Decisión Nro. 147/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 17-10-2016, que declara que para que se pueda considerar convocado el Referendo Revocatorio, debe haberse alcanzado en todos los Estados y en el Distrito Capital, un numero de manifestaciones de voluntad del 20% de Electores inscritos en el Registro Electoral, en cada entidad, con la consecuencia que, de no alcanzarse en alguno de los Estados, no se consideraría convocado el Referendo Revocatorio.     

34) Decisión Nro. 878/2016 que emitió la Sala Constitucional del TSJ, el 21-10-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación (que debe incluir verificación barométrica de sus militantes, entre otros requisitos), lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, pues la Sala Constitucional los menciona expresamente. 

35) Decisión Nro. 893/2016 de fecha 25-10-2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que prohíbe a la AN realizar investigaciones sobre supuestos actos de corrupción realizados en PDVSA por su Ex-Presidente Rafael Ramirez, desconociendo absolutamente las facultades constitucionales de control político y para la determinación de Responsabilidad Política que tiene la AN según los artículos 187.3 y 222, 223 y 224 de la Constitución.  

36) Decisión Nro. 907/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 28-10-2016, dictada sobre el debate de la supuesta doble nacionalidad de Nicolas Maduro y con la cual se pretende evitar que la Asamblea Nacional ejerza su función de control político concluyendo la investigación que ha iniciado sobre el tema en febrero de 2016, de acuerdo con lo establecido en el Art. 222 de la Constitución y las denuncias que ante el Parlamento se han hecho al respecto. 

37) Decisión Nro. 938/2016 de la Sala Constitucional del TSJ,  de fecha 4-11-2016, que declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República sancionada por la AN y que insiste, una vez más, que la AN estaría en desacato y que todos sus actos son nulos y sin validez alguna.

38) Decisión Nro. 939/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-11-2016, que declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sancionada por la AN y que insiste, también, una vez más, que la AN estaría en desacato y que todos sus actos son nulos y sin validez alguna.

39) Decisión Nro. 153/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 10-11-2016, mediante la cual declara inadmisible una acción de amparo que trataba de restablecer o reactivar Referendo Revocatorio.

40) Decisión Nro. 948/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 15-11-2016, que a solicitud del Procurador General de la República declaró, nuevamente, que la Asamblea Nacional está en desacató y que sus actos son nulos y sin validez jurídica alguna y que, además, ordenó expresamente, entre otros puntos (resumiendo): (i) que la Asamblea Nacional se abstenga de seguir tramitando un juicio político para la determinación de la Responsabilidad Política del Presidente de la República; y (ii) prohibió convocar y realizar actos de calle que alteren el orden público, instigaciones a las autoridades y Poderes Públicos. Esta decisión también sugiere (realiza una argumentación), según la cual se cuestiona que los medios de comunicación transmitan en vivo o en diferido las convocatorias a acciones de calle realizadas por Diputados de la Oposición y actores políticos que tendrían por objeto "despojar al actual Gobierno Constitucional del Poder", todo lo cual, según la Sala Constitucional, perturbaría el dialogo que ha sido convocado desde el Poder Ejecutivo.

41) Decisión Nro. 952/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 21-11-2016, que declaró "constitucional" y puso en vigencia la nueva prórroga del Decreto de Estado de Excepción Decretada por N. Maduro en fecha 13 de noviembre de 2016, no obstante que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones constitucionales NO aprobó dicha prórroga en sesión de fecha 15 de noviembre de 2016, con lo cual la Sala Constitucional viola, nuevamente, la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en esta materia. 

42) Decisión Nro. 1112/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 25 de noviembre de 2016, que declaró "inconstitucional" la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario Docente, argumentando, entre otros alegatos, que la AN no habría acordado con el Poder Ejecutivo fuentes de financiamiento y viabilidad Presupuestaria para dicha Ley, lo cual es inconstitucional porque la AN no tiene esa obligación conforme a la Constitución para sancionar una Ley de esa naturaleza que procura garantizar el Derecho Humano al salario de los Docentes. Además, el TSJ argumentó nuevamente en esta decisión, que la AN seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

43) Decisión Nro.1113/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 25 de noviembre de 2016, que declaró "inconstitucional" Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, violando así Derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución y en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas suscritos y ratificados por Venezuela. Además, el TSJ argumentó nuevamente en esta decisión, que la AN seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

44) Decisión Nro. 1114/2016 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 25 de noviembre de 2016, que declaró "inconstitucional" la Ley de Reforma de Ley Orgánica del Servicio de Policía, argumentando, entre otros alegatos, que la AN no habría acordado con el Poder Ejecutivo fuentes de financiamiento y viabilidad Presupuestaria para dicha Ley, lo cual es inconstitucional porque la AN no tiene esa obligación conforme a la Constitución para sancionar una Ley. Además, el TSJ argumentó nuevamente en esta decisión, que la AN seguiría en supuesto "desacato" por no desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas que fueron incorporados a mediados de 2016 nuevamente en sus curules, porque la desincorporación realizada el 15-11-2016 no se habría realizado con las formalidades que la Sala Constitucional exige: votación en Plenaria dejando sin efecto la incorporación de los Diputados de Amazonas y dejando sin efecto su juramentación como Diputados.

jueves, 23 de junio de 2016

LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO EN LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA.



José Vicente Haro
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
DEA en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España
Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello
Fellow on Democracy, Development and Rule of Law por Stanford University
Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la UCAB de 2001 al 2015
Actual Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional



I. Salutación protocolar.

Ilustres Presidente y demás Miembros del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui con sede en Barcelona.

Dr. Luis Beltran Calderon Mejías, Presidente del Colegio de Abogados, pero, sobre todo, amigo y abogado comprometido con la activa del gremio de abogados en la reconstrucción y recuperación de la justicia en Venezuela. Dres. Mounir Wakil, José Félix Gómez Fermin y Juan Ramón García P., miembros de la Junta Directiva de este Colegio de Abogados y de su Instituto de Estudios Jurídicos. 

Ilustres Colegas Abogados, autoridades locales y regionales, estudiantes de derecho y futuros juristas. Señoras y señores.


II. El papel del abogado en la sociedad democrática y en el Estado Constitucional.

Los abogados somos, ante todo y sobre todo, el reflejo fiel del Estado de la Justicia en Venezuela. No voy a hacer uso del lugar común de todos los discursos de mis queridos colegas y amigos que siempre atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de Justicia, la total responsabilidad del grado de injusticia que vivimos y padecemos hace bastante décadas los venezolanos.

Antes de eso debemos reconocer y asimilar que, como indica la Constitución venezolana, nosotros también somos, para bien y para mal, parte del sistema de justicia y corresponsables de la situación actual de la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela por acción y/u omisión. Todos tenemos un “mea culpa” que hacer al respecto y, para dar el ejemplo, yo soy el primero en dar un paso al frente y decir, sin ambages, complejos o temores, que también soy corresponsable de la situación grave que vive Venezuela en materia de justicia porque todos los días me acuesto pensando: he podido hacer más hoy y no lo he hecho, he podido dar más, pero no lo he hecho, he cometido errores, he podido hacer las cosas mejor, no soy perfecto y debo corregir aquello que haya que corregir, superar lo que se deba superar, evolucionar ante todo y continuar: puedo ser mejor de lo que soy, siempre se puede ser mejor, siempre podemos ser mejores abogados.  

Algunos pensaran que yo, José Vicente Haro, algo he hecho por la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela y, tal vez, por modestia no lo reconozco en este momento, pero, honestamente les digo desde lo más profundo de mi corazón: sé que siempre se puede hacer más, pero por las razones que fueren no hacemos más de lo que se nos permite o de lo que está a nuestro alcance y yo también asumo la responsabilidad por todo aquello que tal vez he podido hacer y el tiempo, las circunstancias y las limitaciones me lo han impedido, pero nunca, nunca, podrán servir como excusa. Frente a las injusticias no hay excusas que valgan en la lucha que debe librarse contra ellas.  

Cuando recuerdo el juramento que hice ante el entonces Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda, al recibirme como miembro de ese Colegio de Abogados, recuerdo haber jurado por hacer valer la Constitución y las leyes, por trabajar y luchar por la justicia, por hacer honor a nuestro Ministerio, recuerdo hacer jurado cumplir con el artículo 2 del nuestro Código de Ética: “servir a la justicia, asegurar la libertad y el Ministerio del Derecho”. Sin embargo, hoy, es poco lo que creo que humildemente he hecho por la justicia, he podido hacer mucho más. Recuerden: siempre se puede dar más y el único límite real y verdadero para ello somos nosotros mismos.


III. El abogado como Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos.

Cuando pensamos en lo que somos los abogados no podemos dejar de mencionar que somos unos simples pero importantes agentes entre los ciudadanos y las Instituciones. La correa de trasmisión entre los ciudadanos que buscan justicia y las Instituciones que están obligadas a brindarla y garantizarla porque, al fin y al cabo, somos quienes colocan al alcance de los ciudadanos los mecanismos para hacer efectiva la Constitución y los Derechos garantizados por la Constitución.

Por ello, la principal misión y compromiso que tenemos los abogados es con la Constitución, los Derechos Humanos y los Ciudadanos.

La Constitución es el documento político jurídico en el que se basa y fundamenta el Estado Constitucional en general, pero en particular, constituye ante todo el reconocimiento de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.

Los abogados somos los agentes llamados a traducirla y hacerla realidad, tanto a la Constitución como a los Derechos Humanos, para garantizar aquello que juramos al comenzar nuestro Ministerio: “servir a la justicia y a la libertad”.


IV.  El ejercicio de la abogacía y nuestros compromisos con la Constitución y los Derechos Humanos.  

Cuando comenzamos y nos adentramos al ejercicio de la abogacía como digna profesión que es, muchas veces nos sumergimos en el trabajo del día a día, de los casos, de los clientes, de los honorarios. Vamos haciendo de nuestra profesión toda una empresa, importante, digna y necesaria en una sociedad, pero la más de las veces nos alejamos de lo que fue ese juramento que hicimos ante nuestros Colegios de Abogados para defender la Constitución, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia.

El día a día nos lleva por derroteros que nos alejan de nuestra sublime misión y debemos reconocer que ello nos atrapa en un “sino” en el cual o nos debemos a la profesión y a nuestros clientes, o nos debemos a la justicia. Algunos logran armonizar ambas cosas, muchos otros no.

Entre tantas experiencias en Instituciones Públicas y Privadas en mi actividad profesional,  yo estuve casi 15 años de mi vida trabajando para una Firma de Abogados muy importante en Venezuela que tiene muchas sedes en varias ciudades del país, allí llegué, dentro de un complejo sistema a ser abogado junior, luego abogado Asociado, posteriormente Socio y finalmente  Miembro de la Junta Directiva o Consejo de Administración. Y les diré algo, los dos últimos años allí, ya como Socio (2007-2009) sentí ese divorcio terrible entre el ejercicio de la profesión y la justicia y la libertad por la que juré al inicio de mi carrera, hasta el punto que mis opiniones en televisión nacional o internacional o en prensa y radio, contra la Reforma Constitucional en 2007 y en defensa de la Constitución,  eran ya vistas como inconvenientes por varios de mis socios, porque no era conveniente atacar al Gobierno o decir la verdad que todos pensamos.

Para muchos abogados es más conveniente hacer negocios y guardar silencio, ser indiferentes, ser cobardes. Basta criticar al gobierno y los males de Venezuela campaneando un Whisky pero no enfrentando las injusticias. Pero no soy quien para juzgar, la libertad implica, incluso, el no hacer nada, con la paradoja de que esa inacción se convierta en tu propia cárcel.   

A finales de 2009 tome la decisión más importante de mi vida, dejar de ser un abogado más, retirarme de esa Firma por cuestiones de principios y valores éticos y, asumir, sin más y con  todas las dificultades que ello me ha implicado, la defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la Democracia en Venezuela. No ha sido fácil, por el contrario, escogí el camino más difícil, aquel que no me permitía el confort y me imponía el sacrificio, humano, económico y sobre todo el riesgo y el peligro en medio de una dictadura que poco a poco se ha ido consolidando. Al principio pensé ingenuamente, debo confesar, que podría armonizar ambas actividades, la privada y la pública por la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos. Al final tuve que darme cuenta que cuando uno asume seriamente el compromiso por la defensa de la democracia y los Derechos Humanos corres el grave riesgo de no poder asumir y mantener adecuadamente otras responsabilidades privadas y ese fue mi caso y así lo tuve que asumir muy duramente y cargo con orgullo, pero no sin algún pesar, esa responsabilidad.  

Todo ello se hizo dramáticamente patente para mi cuando asumí gratuitamente y sin ninguna ONG que me patrocine y sin financiamiento alguno, la defensa gratuita de casi 200 presos políticos de los cuales hoy solo me quedan en prisión los terribles e injustos casos de Araminta Gonzalez y Gregory Sanabria (este último acusado junta al Alcalde Antonio Ledezma en la misma causa). Esta lucha por los presos políticos me ha llevado a situaciones complejas y me han hecho enfrentar fuertes amenazas de muerte por parte del SEBIN y el CICPC a varios de cuyos funcionarios he denunciado con nombre y apellido, nacional e internacionalmente ante las Instituciones correspondientes, todo lo cual, dio lugar a una Medida Cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para mi protección en agosto de 2015. Sin embargo, siempre las amenazas siguen, los riesgos están allí, pero más que eso, puede el compromiso de lo que juramos cuando nos recibimos de abogados: luchar por la justicia y la libertad.   

Mi lucha no ha sido fácil, puede parecer significativa para algunos, pero para mí, no es suficiente en resultados: no duermo tranquilo sabiendo que Araminta Gonzalez cumple el mes que viene 2 años sin que se haya dado apertura a su Juicio y que en este tiempo haya intentado suicidarse 2 veces producto de las graves torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto por el hecho de ser una presa política. No puedo dormir tranquilo pensando que en el SEBIN el estudiante Gregory Sanabria ya lleva 1 año y 8 meses en igual situación, sin que se haya abierto su causa a juicio y padeciendo graves problemas de salud. No nunca es suficiente. Hasta que no se logra la justicia y la libertad no hemos completado nuestra misión en los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad en materia de Derechos Humanos.

Disculpen por haberme puesto como referencia y haber citado dos de mis casos como ejemplos, pero, creo, que es la mejor forma de decirles a ustedes, colegas, amigos de carrera, que no basta con hacer nuestro trabajo bien y atender bien a nuestros clientes: debemos mojarnos los pies también asumiendo con solidaridad, humanidad, desprendimiento, humildad y valentía (sin miedo), casos “pro bono” en materia de Derechos Humanos, porque al fin y al cabo todos los abogados somos defensores de la Constitución y de los Derechos Humanos. Y aclaro: no soy un ejemplo, solo soy un luchador más, como lo son o pueden ser cada uno de ustedes.    


V. Los abogados como base fundamental para reconstruir el sistema de justicia y recuperar el Poder Judicial en Venezuela.

Si hay ciudadanos que conocemos los problemas de la justicia en Venezuela somos los abogados que acudimos día a día a las Instituciones judiciales y ante los auxiliares de justicia a gestionar nuestros casos.

Más allá de lo que debemos y podemos hacer asumiendo con valentía y compromiso la defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos en Venezuela, tenemos otra tarea ineludible en un futuro cercano y la cual no podemos esquivar: trabajar en la reconstrucción del Sistema de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y de las demás instituciones asociadas a la justicia, incluyendo los cuerpos policiales que hoy, como el SEBIN y el CICPC practican sistemáticamente la tortura como política de Estado.

Esto implica un compromiso adicional de carácter institucional y gremial en el que tenemos que colaborar todos los que llevemos la justicia como parte de nuestra lucha de vida y que tengamos y entendamos el derecho como un Ministerio para la libertad.

Pero esa reinstitucionalización no pasa sólo por nuestros órganos de la Administración de Justicia y órganos auxiliares, toca también a nuestras Escuelas de Derecho, nuestra Academia y nuestra educación en las ciencias jurídicas: no podemos seguir hundiéndonos o, por decirlo más sutilmente, tolerando la mediocridad: debemos aspirar a más en lo individual y en lo colectivo incluso desde el punto de vista académico.  

Los retos son muchos, yo sólo les he señalado algunos.   

VI. Los abogados y nuestra importante actividad gremial: el ejemplo del Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado realizada en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016.

Finalmente y porque no puede haber lugar u ocasión más propicia para ello, quiero resaltar la necesidad y obligación que tenemos los abogados de involucrarnos en los asuntos de carácter gremial que pueden contribuir a los objetivos tantas veces nombrados en este discurso.

En este sentido y aunado a la actividad gremial ordinaria y extraordinaria en la que muchos estamos y debemos seguir trabajando, hay que apoyar aquellas iniciativas que desde el gremio contribuyan para el rescate de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, tales como la reciente iniciativa, que ya es una realidad, el Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016, el cual está presidido por el Dr. Wilmer Pereira pero que cuenta en su directiva con una gruesa e importante representación gremial de otros representantes de Colegios de Abogados de otros Estados del país. En el caso del Estado Anzátegui esa novel Institución cuenta con el apoyo de Eduardo René Franco como Vice Rector Académico, mejor representación por este importante Estado, quizás imposible,  

Dicho Instituto tiene por objeto contribuir al desarrollo profesional, ético, académico, jurídico y científico del Derecho en Venezuela, así como la promoción y desarrollo de los Derechos Humanos en Venezuela. Tarea muy importante en estos momentos siendo una iniciativa gremial. Ese Instituto tiene en este sentido realizar alianzas científicas, académicas, profesionales y académicas con Universidades, instituciones nacionales e internacionales, así como gremios, para el cumplimiento de sus fines. En materia de Derechos Humanos ya ha establecido convenios con la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y con el Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras instituciones en materia de Derechos Humanos.

Son precisamente ese tipo de proyectos e iniciativas que todos los abogados debemos apoyar individual o colectivamente como gremio, aportando nuestro granito de arena y así ir poco a poco, pero más temprano que tarde, rescatando ese sistema de justicia del que somos parte y corresponsables.

Queridos y estimados colegas, ha sido un honor que hayan depositado su confianza en mí  para hacerles extender este día del abogado, 23 de junio de 2016, mis consideraciones sobre nuestro papel, como profesionales y gremio, en la Defensa de la Constitución y los Derechos Humanos.

VII. Reflexión final. 

Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:


“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo” Mahatma Gandhi          


Barcelona, 23 de junio de 2016. 

LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO EN LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA.



José Vicente Haro
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
DEA en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España
Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello
Fellow on Democracy, Development and Rule of Law por Stanford University
Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la UCAB de 2001 al 2015
Actual Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional



I. Salutación protocolar.

Ilustres Presidente y demás Miembros del Colegio de Abogados del Estado Falcón con sede en Coro.

Dr. Wilmer Pereira, Presidente del Colegio de Abogados, pero, sobre todo, querido y extraordinario exalumno, comprometido profesional y gran impulsor por la presencia y la lucha activa del gremio de abogados en la reconstrucción y recuperación de la justicia en Venezuela.

Ilustres Colegas Abogados, autoridades locales y regionales, estudiantes de derecho y futuros juristas. Señoras y señores.


II. El papel del abogado en la sociedad democrática y en el Estado Constitucional.

Los abogados somos, ante todo y sobre todo, el reflejo fiel del Estado de la Justicia en Venezuela. No voy a hacer uso del lugar común de todos los discursos de mis queridos colegas y amigos que siempre atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de Justicia, la total responsabilidad del grado de injusticia que vivimos y padecemos hace bastante décadas los venezolanos.

Antes de eso debemos reconocer y asimilar que, como indica la Constitución venezolana, nosotros también somos, para bien y para mal, parte del sistema de justicia y corresponsables de la situación actual de la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela por acción y/u omisión. Todos tenemos un “mea culpa” que hacer al respecto y, para dar el ejemplo, yo soy el primero en dar un paso al frente y decir, sin ambages, complejos o temores, que también soy corresponsable de la situación grave que vive Venezuela en materia de justicia porque todos los días me acuesto pensando: he podido hacer más hoy y no lo he hecho, he podido dar más, pero no lo he hecho, he cometido errores, he podido hacer las cosas mejor, no soy perfecto y debo corregir aquello que haya que corregir, superar lo que se deba superar, evolucionar ante todo y continuar: puedo ser mejor de lo que soy, siempre se puede ser mejor, siempre podemos ser mejores abogados.  

Algunos pensaran que yo, José Vicente Haro, algo he hecho por la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela y, tal vez, por modestia no lo reconozco en este momento, pero, honestamente les digo desde lo más profundo de mi corazón: sé que siempre se puede hacer más, pero por las razones que fueren no hacemos más de lo que se nos permite o de lo que está a nuestro alcance y yo también asumo la responsabilidad por todo aquello que tal vez he podido hacer y el tiempo, las circunstancias y las limitaciones me lo han impedido, pero nunca, nunca, podrán servir como excusa. Frente a las injusticias no hay excusas que valgan en la lucha que debe librarse contra ellas.  

Cuando recuerdo el juramento que hice ante el entonces Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda, al recibirme como miembro de ese Colegio de Abogados, recuerdo haber jurado por hacer valer la Constitución y las leyes, por trabajar y luchar por la justicia, por hacer honor a nuestro Ministerio, recuerdo hacer jurado cumplir con el artículo 2 del nuestro Código de Ética: “servir a la justicia, asegurar la libertad y el Ministerio del Derecho”. Sin embargo, hoy, es poco lo que creo que humildemente he hecho por la justicia, he podido hacer mucho más. Recuerden: siempre se puede dar más y el único límite real y verdadero para ello somos nosotros mismos.


III. El abogado como Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos.

Cuando pensamos en lo que somos los abogados no podemos dejar de mencionar que somos unos simples pero importantes agentes entre los ciudadanos y las Instituciones. La correa de trasmisión entre los ciudadanos que buscan justicia y las Instituciones que están obligadas a brindarla y garantizarla porque, al fin y al cabo, somos quienes colocan al alcance de los ciudadanos los mecanismos para hacer efectiva la Constitución y los Derechos garantizados por la Constitución.

Por ello, la principal misión y compromiso que tenemos los abogados es con la Constitución, los Derechos Humanos y los Ciudadanos.

La Constitución es el documento político jurídico en el que se basa y fundamenta el Estado Constitucional en general, pero en particular, constituye ante todo el reconocimiento de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.

Los abogados somos los agentes llamados a traducirla y hacerla realidad, tanto a la Constitución como a los Derechos Humanos, para garantizar aquello que juramos al comenzar nuestro Ministerio: “servir a la justicia y a la libertad”.


IV.  El ejercicio de la abogacía y nuestros compromisos con la Constitución y los Derechos Humanos.  

Cuando comenzamos y nos adentramos al ejercicio de la abogacía como digna profesión que es, muchas veces nos sumergimos en el trabajo del día a día, de los casos, de los clientes, de los honorarios. Vamos haciendo de nuestra profesión toda una empresa, importante, digna y necesaria en una sociedad, pero la más de las veces nos alejamos de lo que fue ese juramento que hicimos ante nuestros Colegios de Abogados para defender la Constitución, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia.

El día a día nos lleva por derroteros que nos alejan de nuestra sublime misión y debemos reconocer que ello nos atrapa en un “sino” en el cual o nos debemos a la profesión y a nuestros clientes, o nos debemos a la justicia. Algunos logran armonizar ambas cosas, muchos otros no.

Entre tantas experiencias en Instituciones Públicas y Privadas en mi actividad profesional,  yo estuve casi 15 años de mi vida trabajando para una Firma de Abogados muy importante en Venezuela que tiene muchas sedes en varias ciudades del país, allí llegué, dentro de un complejo sistema a ser abogado junior, luego abogado Asociado, posteriormente Socio y finalmente  Miembro de la Junta Directiva o Consejo de Administración. Y les diré algo, los dos últimos años allí, ya como Socio (2007-2009) sentí ese divorcio terrible entre el ejercicio de la profesión y la justicia y la libertad por la que juré al inicio de mi carrera, hasta el punto que mis opiniones en televisión nacional o internacional o en prensa y radio, contra la Reforma Constitucional en 2007 y en defensa de la Constitución,  eran ya vistas como inconvenientes por varios de mis socios, porque no era conveniente atacar al Gobierno o decir la verdad que todos pensamos.

Para muchos abogados es más conveniente hacer negocios y guardar silencio, ser indiferentes, ser cobardes. Basta criticar al gobierno y los males de Venezuela campaneando un Whisky pero no enfrentando las injusticias. Pero no soy quien para juzgar, la libertad implica, incluso, el no hacer nada, con la paradoja de que esa inacción se convierta en tu propia cárcel.   

A finales de 2009 tome la decisión más importante de mi vida, dejar de ser un abogado más, retirarme de esa Firma por cuestiones de principios y valores éticos y, asumir, sin más y con  todas las dificultades que ello me ha implicado, la defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la Democracia en Venezuela. No ha sido fácil, por el contrario, escogí el camino más difícil, aquel que no me permitía el confort y me imponía el sacrificio, humano, económico y sobre todo el riesgo y el peligro en medio de una dictadura que poco a poco se ha ido consolidando. Al principio pensé ingenuamente, debo confesar, que podría armonizar ambas actividades, la privada y la pública por la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos. Al final tuve que darme cuenta que cuando uno asume seriamente el compromiso por la defensa de la democracia y los Derechos Humanos corres el grave riesgo de no poder asumir y mantener adecuadamente otras responsabilidades privadas y ese fue mi caso y así lo tuve que asumir muy duramente y cargo con orgullo, pero no sin algún pesar, esa responsabilidad.  

Todo ello se hizo dramáticamente patente para mi cuando asumí gratuitamente y sin ninguna ONG que me patrocine y sin financiamiento alguno, la defensa gratuita de casi 200 presos políticos de los cuales hoy solo me quedan en prisión los terribles e injustos casos de Araminta Gonzalez y Gregory Sanabria (este último acusado junta al Alcalde Antonio Ledezma en la misma causa). Esta lucha por los presos políticos me ha llevado a situaciones complejas y me han hecho enfrentar fuertes amenazas de muerte por parte del SEBIN y el CICPC a varios de cuyos funcionarios he denunciado con nombre y apellido, nacional e internacionalmente ante las Instituciones correspondientes, todo lo cual, dio lugar a una Medida Cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para mi protección en agosto de 2015. Sin embargo, siempre las amenazas siguen, los riesgos están allí, pero más que eso, puede el compromiso de lo que juramos cuando nos recibimos de abogados: luchar por la justicia y la libertad.   

Mi lucha no ha sido fácil, puede parecer significativa para algunos, pero para mí, no es suficiente en resultados: no duermo tranquilo sabiendo que Araminta Gonzalez cumple el mes que viene 2 años sin que se haya dado apertura a su Juicio y que en este tiempo haya intentado suicidarse 2 veces producto de las graves torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto por el hecho de ser una presa política. No puedo dormir tranquilo pensando que en el SEBIN el estudiante Gregory Sanabria ya lleva 1 año y 8 meses en igual situación, sin que se haya abierto su causa a juicio y padeciendo graves problemas de salud. No nunca es suficiente. Hasta que no se logra la justicia y la libertad no hemos completado nuestra misión en los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad en materia de Derechos Humanos.

Disculpen por haberme puesto como referencia y haber citado dos de mis casos como ejemplos, pero, creo, que es la mejor forma de decirles a ustedes, colegas, amigos de carrera, que no basta con hacer nuestro trabajo bien y atender bien a nuestros clientes: debemos mojarnos los pies también asumiendo con solidaridad, humanidad, desprendimiento, humildad y valentía (sin miedo), casos “pro bono” en materia de Derechos Humanos, porque al fin y al cabo todos los abogados somos defensores de la Constitución y de los Derechos Humanos. Y aclaro: no soy un ejemplo, solo soy un luchador más, como lo son o pueden ser cada uno de ustedes.    


V. Los abogados como base fundamental para reconstruir el sistema de justicia y recuperar el Poder Judicial en Venezuela.

Si hay ciudadanos que conocemos los problemas de la justicia en Venezuela somos los abogados que acudimos día a día a las Instituciones judiciales y ante los auxiliares de justicia a gestionar nuestros casos.

Más allá de lo que debemos y podemos hacer asumiendo con valentía y compromiso la defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos en Venezuela, tenemos otra tarea ineludible en un futuro cercano y la cual no podemos esquivar: trabajar en la reconstrucción del Sistema de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y de las demás instituciones asociadas a la justicia, incluyendo los cuerpos policiales que hoy, como el SEBIN y el CICPC practican sistemáticamente la tortura como política de Estado.

Esto implica un compromiso adicional de carácter institucional y gremial en el que tenemos que colaborar todos los que llevemos la justicia como parte de nuestra lucha de vida y que tengamos y entendamos el derecho como un Ministerio para la libertad.

Pero esa reinstitucionalización no pasa sólo por nuestros órganos de la Administración de Justicia y órganos auxiliares, toca también a nuestras Escuelas de Derecho, nuestra Academia y nuestra educación en las ciencias jurídicas: no podemos seguir hundiéndonos o, por decirlo más sutilmente, tolerando la mediocridad: debemos aspirar a más en lo individual y en lo colectivo incluso desde el punto de vista académico.  

Los retos son muchos, yo sólo les he señalado algunos.   

VI. Los abogados y nuestra importante actividad gremial: el ejemplo del Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado realizada en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016.

Finalmente y porque no puede haber lugar u ocasión más propicia para ello, quiero resaltar la necesidad y obligación que tenemos los abogados de involucrarnos en los asuntos de carácter gremial que pueden contribuir a los objetivos tantas veces nombrados en este discurso.

En este sentido y aunado a la actividad gremial ordinaria y extraordinaria en la que muchos estamos y debemos seguir trabajando, hay que apoyar aquellas iniciativas que desde el gremio contribuyan para el rescate de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, tales como la reciente iniciativa, que ya es una realidad, el Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016, el cual está presidido por el Dr. Wilmer Pereira pero que cuenta en su directiva con una gruesa e importante representación gremial de otros representantes de Colegios de Abogados de otros Estados del país.

Dicho Instituto tiene por objeto contribuir al desarrollo profesional, ético, académico, jurídico y científico del Derecho en Venezuela, así como la promoción y desarrollo de los Derechos Humanos en Venezuela. Tarea muy importante en estos momentos siendo una iniciativa gremial. Ese Instituto tiene en este sentido realizar alianzas científicas, académicas, profesionales y académicas con Universidades, instituciones nacionales e internacionales, así como gremios, para el cumplimiento de sus fines. En materia de Derechos Humanos ya ha establecido convenios con la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y con el Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras instituciones en materia de Derechos Humanos.

Son precisamente ese tipo de proyectos e iniciativas que todos los abogados debemos apoyar individual o colectivamente como gremio, aportando nuestro granito de arena y así ir poco a poco, pero más temprano que tarde, rescatando ese sistema de justicia del que somos parte y corresponsables.

Queridos y estimados colegas, ha sido un honor que hayan depositado su confianza en mí  para hacerles extender este día del abogado, 23 de junio de 2016, mis consideraciones sobre nuestro papel, como profesionales y gremio, en la Defensa de la Constitución y los Derechos Humanos.

VII. Reflexión final. 

Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:


“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo” Mahatma Gandhi          



     Coro, 23 de junio de 2016.