José Vicente Haro
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
DEA en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España
Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello
Fellow on Democracy, Development and Rule of Law por Stanford University
Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la UCAB de 2001 al 2015
Actual Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional
I. Salutación protocolar.
Ilustres Presidente y demás Miembros del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui con sede en Barcelona.
Dr. Luis Beltran Calderon Mejías, Presidente del Colegio de Abogados, pero, sobre todo, amigo y abogado comprometido con la activa del gremio de abogados en la reconstrucción y recuperación de la justicia en Venezuela. Dres. Mounir Wakil, José Félix Gómez Fermin y Juan Ramón García P., miembros de la Junta Directiva de este Colegio de Abogados y de su Instituto de Estudios Jurídicos.
Ilustres Colegas Abogados, autoridades locales y regionales, estudiantes de derecho y futuros juristas. Señoras y señores.
II. El papel del abogado en la sociedad democrática y en el Estado Constitucional.
Los abogados somos, ante todo y sobre todo, el reflejo fiel del Estado de la Justicia en Venezuela. No voy a hacer uso del lugar común de todos los discursos de mis queridos colegas y amigos que siempre atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de Justicia, la total responsabilidad del grado de injusticia que vivimos y padecemos hace bastante décadas los venezolanos.
Antes de eso debemos reconocer y asimilar que, como indica la Constitución venezolana, nosotros también somos, para bien y para mal, parte del sistema de justicia y corresponsables de la situación actual de la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela por acción y/u omisión. Todos tenemos un “mea culpa” que hacer al respecto y, para dar el ejemplo, yo soy el primero en dar un paso al frente y decir, sin ambages, complejos o temores, que también soy corresponsable de la situación grave que vive Venezuela en materia de justicia porque todos los días me acuesto pensando: he podido hacer más hoy y no lo he hecho, he podido dar más, pero no lo he hecho, he cometido errores, he podido hacer las cosas mejor, no soy perfecto y debo corregir aquello que haya que corregir, superar lo que se deba superar, evolucionar ante todo y continuar: puedo ser mejor de lo que soy, siempre se puede ser mejor, siempre podemos ser mejores abogados.
Algunos pensaran que yo, José Vicente Haro, algo he hecho por la justicia y los Derechos Humanos en Venezuela y, tal vez, por modestia no lo reconozco en este momento, pero, honestamente les digo desde lo más profundo de mi corazón: sé que siempre se puede hacer más, pero por las razones que fueren no hacemos más de lo que se nos permite o de lo que está a nuestro alcance y yo también asumo la responsabilidad por todo aquello que tal vez he podido hacer y el tiempo, las circunstancias y las limitaciones me lo han impedido, pero nunca, nunca, podrán servir como excusa. Frente a las injusticias no hay excusas que valgan en la lucha que debe librarse contra ellas.
Cuando recuerdo el juramento que hice ante el entonces Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda, al recibirme como miembro de ese Colegio de Abogados, recuerdo haber jurado por hacer valer la Constitución y las leyes, por trabajar y luchar por la justicia, por hacer honor a nuestro Ministerio, recuerdo hacer jurado cumplir con el artículo 2 del nuestro Código de Ética: “servir a la justicia, asegurar la libertad y el Ministerio del Derecho”. Sin embargo, hoy, es poco lo que creo que humildemente he hecho por la justicia, he podido hacer mucho más. Recuerden: siempre se puede dar más y el único límite real y verdadero para ello somos nosotros mismos.
III. El abogado como Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos.
Cuando pensamos en lo que somos los abogados no podemos dejar de mencionar que somos unos simples pero importantes agentes entre los ciudadanos y las Instituciones. La correa de trasmisión entre los ciudadanos que buscan justicia y las Instituciones que están obligadas a brindarla y garantizarla porque, al fin y al cabo, somos quienes colocan al alcance de los ciudadanos los mecanismos para hacer efectiva la Constitución y los Derechos garantizados por la Constitución.
Por ello, la principal misión y compromiso que tenemos los abogados es con la Constitución, los Derechos Humanos y los Ciudadanos.
La Constitución es el documento político jurídico en el que se basa y fundamenta el Estado Constitucional en general, pero en particular, constituye ante todo el reconocimiento de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.
Los abogados somos los agentes llamados a traducirla y hacerla realidad, tanto a la Constitución como a los Derechos Humanos, para garantizar aquello que juramos al comenzar nuestro Ministerio: “servir a la justicia y a la libertad”.
IV. El ejercicio de la abogacía y nuestros compromisos con la Constitución y los Derechos Humanos.
Cuando comenzamos y nos adentramos al ejercicio de la abogacía como digna profesión que es, muchas veces nos sumergimos en el trabajo del día a día, de los casos, de los clientes, de los honorarios. Vamos haciendo de nuestra profesión toda una empresa, importante, digna y necesaria en una sociedad, pero la más de las veces nos alejamos de lo que fue ese juramento que hicimos ante nuestros Colegios de Abogados para defender la Constitución, los Derechos Humanos, la libertad y la justicia.
El día a día nos lleva por derroteros que nos alejan de nuestra sublime misión y debemos reconocer que ello nos atrapa en un “sino” en el cual o nos debemos a la profesión y a nuestros clientes, o nos debemos a la justicia. Algunos logran armonizar ambas cosas, muchos otros no.
Entre tantas experiencias en Instituciones Públicas y Privadas en mi actividad profesional, yo estuve casi 15 años de mi vida trabajando para una Firma de Abogados muy importante en Venezuela que tiene muchas sedes en varias ciudades del país, allí llegué, dentro de un complejo sistema a ser abogado junior, luego abogado Asociado, posteriormente Socio y finalmente Miembro de la Junta Directiva o Consejo de Administración. Y les diré algo, los dos últimos años allí, ya como Socio (2007-2009) sentí ese divorcio terrible entre el ejercicio de la profesión y la justicia y la libertad por la que juré al inicio de mi carrera, hasta el punto que mis opiniones en televisión nacional o internacional o en prensa y radio, contra la Reforma Constitucional en 2007 y en defensa de la Constitución, eran ya vistas como inconvenientes por varios de mis socios, porque no era conveniente atacar al Gobierno o decir la verdad que todos pensamos.
Para muchos abogados es más conveniente hacer negocios y guardar silencio, ser indiferentes, ser cobardes. Basta criticar al gobierno y los males de Venezuela campaneando un Whisky pero no enfrentando las injusticias. Pero no soy quien para juzgar, la libertad implica, incluso, el no hacer nada, con la paradoja de que esa inacción se convierta en tu propia cárcel.
A finales de 2009 tome la decisión más importante de mi vida, dejar de ser un abogado más, retirarme de esa Firma por cuestiones de principios y valores éticos y, asumir, sin más y con todas las dificultades que ello me ha implicado, la defensa de la Constitución, de los Derechos Humanos y de la Democracia en Venezuela. No ha sido fácil, por el contrario, escogí el camino más difícil, aquel que no me permitía el confort y me imponía el sacrificio, humano, económico y sobre todo el riesgo y el peligro en medio de una dictadura que poco a poco se ha ido consolidando. Al principio pensé ingenuamente, debo confesar, que podría armonizar ambas actividades, la privada y la pública por la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos. Al final tuve que darme cuenta que cuando uno asume seriamente el compromiso por la defensa de la democracia y los Derechos Humanos corres el grave riesgo de no poder asumir y mantener adecuadamente otras responsabilidades privadas y ese fue mi caso y así lo tuve que asumir muy duramente y cargo con orgullo, pero no sin algún pesar, esa responsabilidad.
Todo ello se hizo dramáticamente patente para mi cuando asumí gratuitamente y sin ninguna ONG que me patrocine y sin financiamiento alguno, la defensa gratuita de casi 200 presos políticos de los cuales hoy solo me quedan en prisión los terribles e injustos casos de Araminta Gonzalez y Gregory Sanabria (este último acusado junta al Alcalde Antonio Ledezma en la misma causa). Esta lucha por los presos políticos me ha llevado a situaciones complejas y me han hecho enfrentar fuertes amenazas de muerte por parte del SEBIN y el CICPC a varios de cuyos funcionarios he denunciado con nombre y apellido, nacional e internacionalmente ante las Instituciones correspondientes, todo lo cual, dio lugar a una Medida Cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para mi protección en agosto de 2015. Sin embargo, siempre las amenazas siguen, los riesgos están allí, pero más que eso, puede el compromiso de lo que juramos cuando nos recibimos de abogados: luchar por la justicia y la libertad.
Mi lucha no ha sido fácil, puede parecer significativa para algunos, pero para mí, no es suficiente en resultados: no duermo tranquilo sabiendo que Araminta Gonzalez cumple el mes que viene 2 años sin que se haya dado apertura a su Juicio y que en este tiempo haya intentado suicidarse 2 veces producto de las graves torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto por el hecho de ser una presa política. No puedo dormir tranquilo pensando que en el SEBIN el estudiante Gregory Sanabria ya lleva 1 año y 8 meses en igual situación, sin que se haya abierto su causa a juicio y padeciendo graves problemas de salud. No nunca es suficiente. Hasta que no se logra la justicia y la libertad no hemos completado nuestra misión en los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad en materia de Derechos Humanos.
Disculpen por haberme puesto como referencia y haber citado dos de mis casos como ejemplos, pero, creo, que es la mejor forma de decirles a ustedes, colegas, amigos de carrera, que no basta con hacer nuestro trabajo bien y atender bien a nuestros clientes: debemos mojarnos los pies también asumiendo con solidaridad, humanidad, desprendimiento, humildad y valentía (sin miedo), casos “pro bono” en materia de Derechos Humanos, porque al fin y al cabo todos los abogados somos defensores de la Constitución y de los Derechos Humanos. Y aclaro: no soy un ejemplo, solo soy un luchador más, como lo son o pueden ser cada uno de ustedes.
V. Los abogados como base fundamental para reconstruir el sistema de justicia y recuperar el Poder Judicial en Venezuela.
Si hay ciudadanos que conocemos los problemas de la justicia en Venezuela somos los abogados que acudimos día a día a las Instituciones judiciales y ante los auxiliares de justicia a gestionar nuestros casos.
Más allá de lo que debemos y podemos hacer asumiendo con valentía y compromiso la defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos en Venezuela, tenemos otra tarea ineludible en un futuro cercano y la cual no podemos esquivar: trabajar en la reconstrucción del Sistema de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo y de las demás instituciones asociadas a la justicia, incluyendo los cuerpos policiales que hoy, como el SEBIN y el CICPC practican sistemáticamente la tortura como política de Estado.
Esto implica un compromiso adicional de carácter institucional y gremial en el que tenemos que colaborar todos los que llevemos la justicia como parte de nuestra lucha de vida y que tengamos y entendamos el derecho como un Ministerio para la libertad.
Pero esa reinstitucionalización no pasa sólo por nuestros órganos de la Administración de Justicia y órganos auxiliares, toca también a nuestras Escuelas de Derecho, nuestra Academia y nuestra educación en las ciencias jurídicas: no podemos seguir hundiéndonos o, por decirlo más sutilmente, tolerando la mediocridad: debemos aspirar a más en lo individual y en lo colectivo incluso desde el punto de vista académico.
Los retos son muchos, yo sólo les he señalado algunos.
VI. Los abogados y nuestra importante actividad gremial: el ejemplo del Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado realizada en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016.
Finalmente y porque no puede haber lugar u ocasión más propicia para ello, quiero resaltar la necesidad y obligación que tenemos los abogados de involucrarnos en los asuntos de carácter gremial que pueden contribuir a los objetivos tantas veces nombrados en este discurso.
En este sentido y aunado a la actividad gremial ordinaria y extraordinaria en la que muchos estamos y debemos seguir trabajando, hay que apoyar aquellas iniciativas que desde el gremio contribuyan para el rescate de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, tales como la reciente iniciativa, que ya es una realidad, el Instituto Venezolano de Estudios Superiores de Derecho y Justicia (INVEDEJUS), aprobado en la XLIX Asamblea General Ordinaria del Inpreabogado en Santa Ana, Coro, y protocolizado en marzo de 2016, el cual está presidido por el Dr. Wilmer Pereira pero que cuenta en su directiva con una gruesa e importante representación gremial de otros representantes de Colegios de Abogados de otros Estados del país. En el caso del Estado Anzátegui esa novel Institución cuenta con el apoyo de Eduardo René Franco como Vice Rector Académico, mejor representación por este importante Estado, quizás imposible,
Dicho Instituto tiene por objeto contribuir al desarrollo profesional, ético, académico, jurídico y científico del Derecho en Venezuela, así como la promoción y desarrollo de los Derechos Humanos en Venezuela. Tarea muy importante en estos momentos siendo una iniciativa gremial. Ese Instituto tiene en este sentido realizar alianzas científicas, académicas, profesionales y académicas con Universidades, instituciones nacionales e internacionales, así como gremios, para el cumplimiento de sus fines. En materia de Derechos Humanos ya ha establecido convenios con la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y con el Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras instituciones en materia de Derechos Humanos.
Son precisamente ese tipo de proyectos e iniciativas que todos los abogados debemos apoyar individual o colectivamente como gremio, aportando nuestro granito de arena y así ir poco a poco, pero más temprano que tarde, rescatando ese sistema de justicia del que somos parte y corresponsables.
Queridos y estimados colegas, ha sido un honor que hayan depositado su confianza en mí para hacerles extender este día del abogado, 23 de junio de 2016, mis consideraciones sobre nuestro papel, como profesionales y gremio, en la Defensa de la Constitución y los Derechos Humanos.
VII. Reflexión final.
Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:
Concluyo con un mensaje para nuestra reflexión, como abogados, ciudadanos y seres humanos, que reflejo en la siguiente cita final:
“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo” Mahatma Gandhi
Barcelona, 23 de junio de 2016.
