Venezuela y la violación sistemática de Derechos Humanos: un problema de Estado y de ciudadanía

“Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
aprobada por la   primera Asamblea Constituyente de la 
Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789. 

¿Venezuela respeta los Derechos Humanos? Parece ya una pregunta con respuesta evidente con sustento en todas las decisiones, medidas, dictámenes, informes, señalamientos, recomendaciones y conclusiones que en los últimos años ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, entre otros. 

No! Venezuela no respeta los Derechos Humanos, como queda en evidencia en el pronunciamiento reiterado que los mencionados organismos y, otros tantos, internacionalmente, han emitido denunciando la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

Los casos graves de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, las más de 3700 detenciones arbitrarias y violatorias de Derechos Humanos durante los años 2014 y 2015, el casi centenar de presos políticos que existen actualmente en Venezuela con procesos judiciales en los cuales, en buena parte, no se ha producido una audiencia preliminar ni una apertura de juicio pero que mantienen decenas de presos en la cárcel durante más de un año, sin poder defenderse; las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y linchamientos que actualmente se han incrementado en el país, son sólo una muestra de la verdadera situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

A todo esto se suma aquello que no ha llegado, todavía, al pronunciamiento de instancias internacionales como la OEA o la ONU. Me refiero a las graves restricciones arbitrarias e inconstitucionales para la compra de alimentos, medicamentos y productos de salud e higiene personal, básicos y fundamentales para los seres humanos, a causa de las erróneas políticas económicas que ha mantenido el gobierno de Venezuela en los últimos 17 años. Casos como la solicitud de partida de nacimiento de los bebes o niños pequeños para poder comprar un par de paquete de pañales, las largas colas y entregas limitadas de números en esas largas colas a las puertas de supermercados y farmacias para comprar un par de paquetes o unidades de pollo, carne, pasta, leche, aceite, azúcar, huevos, jabón de baño, champú, acondicionador, toallas sanitarias, papel higiénico, desodorantes u otros productos esenciales para las personas, en cantidades muy limitadas, semanalmente, cuando se logran encontrar, porque en la mayoría los casos, tales productos no llegan a la población Venezolana, la cual debe hacer una procesión, de mercado en mercado, comercio a comercio y hasta de una ciudad a otra, para poder ver si tienen la suerte de encontrar alguno de esos productos o un medicamento en particular y, para verificar, si pueden comprarlos, porque sólo los pueden comprar un día laborable a la semana y uno de los dos días del fin de semana (sábado o domingo). 

Lo anterior son, claro, violaciones a Derechos Humanos de carácter social, a los que se suman por si fuera poco, el deplorable estado de los hospitales públicos, la falta de equipos e insumos médicos en instituciones públicas de salud, lo cual ha alcanzado ya a las clínicas privadas que otrora disponían de todos los instrumentos, equipos y materiales necesarios para prestar los servicios de salud, especialmente en casos de emergencia, lo cual ahora ya no es así. 

Los Derechos Humanos en Venezuela se han convertido en letra muerta escrita en una Constitución que ya no tiene mayor vigencia, que ha quedado como un simple símbolo político y que sólo es utilizada por los representantes oficiales de Venezuela en organismos internacionales, para decir que en Venezuela existen y se respetan los derechos humanos porque están escritos en la Constitución, tal como lo hizo Nicolás Maduro ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, sólo están escritos, no se respetan, entre lo escrito en la Constitución y la realidad que viven los Venezolanos, hay una brecha tan grande como la que hay entre el cielo y el suelo. 

Ahora bien ¿Quienes son los responsables de esta grave y tan precaria situación de Derechos Humanos en Venezuela? ¿Sólo el Gobierno?. Claro que el Gobierno y todas las institucionales del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y los órganos policiales como el SEBIN, el CICPC, la Policía Nacional, las Policías Estadales, las Policías Municipales, la Guardia Nacional, entre otros órganos del Estado, son grandes responsables -y los principales-, de la grave situación de Derechos Humanos en Venezuela. 

Pero no sólo el Gobierno es responsable de esta situación. Lo es también en buena parte la débil, dividida y muchas veces desarticulada oposición que hace política en el país, y que, por ejemplo, poco o nada han hecho, por la mayoría de los presos políticos en Venezuela porque sólo se ocupan de los políticos presos pero no de los ciudadanos que por ejercer sus derechos políticos y sin estar amparados o inscritos en un partido político, han ejercido tales derechos políticos y por ello han sido privados de libertad. Esto lo digo realmente con indignación, porque me consta directamente y lo he visto impresionado y asqueado de la forma en que la gran mayoría de los políticos y partidos políticos de oposición, se han olvidado de los presos políticos que no pertenecen a un partido político ni son líderes políticos, que representan, paradógicamente, más del 95% de los presos políticos que hay en el país. 

Sin embargo, la gran responsabilidad y debemos lamentablemente reconocerlo, la tienen los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, que hemos renunciado, con excepciones por supuesto (una minoría), a la lucha por el respeto de nuestros Derechos Humanos, nos hemos comportado como una simple masa electoral de elección en elección y a eso nos hemos reducido la gran mayoría de los venezolanos.

Por lo demás, los venezolanos se han resignado a no tener derechos, a que le violen los derechos, a perder gradual y peligrosamente sus principales derechos. Los venezolanos en realidad nunca se han comportado como un cuerpo de conciudadanos que ejercen sus derechos y deberes constitucionales y que hacen respetar sus derechos humanos. Los venezolanos se han conformado con ser una simple masa electoral que hace, ciegamente, lo que le dicen los políticos de uno u otro bando, uno u otro partido, recibiendo y agradeciendo, las migajas que deja el poder y la demagogia a su paso, a cambio de un voto.  

Por ello, el tema de los Derechos Humanos en Venezuela pasa de ser un problema coyuntural sólo atribuible al régimen que nos ha gobernado en los últimos 17 años. Se presenta, en realidad, como un problema cultural, educativo y social, propio de los venezolanos y su idiosincrasia, que, progresivamente y con gran falta de ciudadanía, en su gran mayoría, se han convertido en testigos y, a la vez, protagonistas y causantes de su propia destrucción. 

Mientras los venezolanos nos comportemos sólo como masa electoral y no como verdaderos ciudadanos, estamos destinados a una precaria situación de Derechos Humanos, por muchas más décadas, gobierne el gobierno que gobierne, haya o no cambio. Aquí el cambio debe comenzar por todos y cada uno de los venezolanos y su actitud frente a sí mismos y frente a su sociedad, frente a sus derechos y sus deberes como ciudadanos, frente a la Constitución.  

La situación es tan precaria que mucho me temo que no viviré para ver una Venezuela donde, sea el gobierno que sea, se respeten los Derechos Humanos y en la cual los venezolanos se comporten como verdaderos ciudadanos. Perdonen tanta franqueza pero después de tantos años luchando, contra la corriente, por el Derecho, la justicia y los Derechos Humanos, debo advertir lo que lamentablemente veo es, en mi humilde opinión, una cruda y dura realidad que tarde o temprano todos tendremos que reconocer para reflexionar y verdaderamente cambiar, si tenemos realmente la valentía y el coraje como ciudadanos, de hacerlo.

José Vicente Haro

Profesor de Postgrado de la UCV y de la UCAB

Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política

Defensor de Derechos Humanos 

  

   @JOSEVICENTEHARO    

LA TORTURA EN VENEZUELA: A PROPÓSITO DEL TERRIBLE CASO ARAMINTA GONZALEZ

Quien ha sido torturado lo sigue estando.

Quien ha sufrido ese tormento no podrá ya

encontrar un lugar en el mundo,

la maldición de la impotencia no se extingue jamás.

La fe en la humanidad, tambaleante ya 

con la primera bofetada 

demolida por la tortura, luego, 

no se recupera jamás. 

Jean Améry

Filósofo Austríaco 

Torturado y deportado a Auschwitz  

Desde la época de La Rotunda, la tristemente celebre cárcel que Juan Vicente Gómez convirtiera en el centro de reclusión de sus presos políticos y torturados, se habla de tortura en Venezuela, aunque existen textos y libros de historia que hablan de esa práctica en nuestro país desde la época de la colonia.

La Sagrada, en la Dictadura de Juan Vicente Gómez, la Seguridad Nacional en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la DIGEPOL de 1959 a 1969, la DISIP de 1969 al 2009, el SEBIN del 2009 hasta el presente, la PTJ de 1958 a 2001 y el CICPC del 2001 hasta el presente, son los órganos policiales y/o, según el caso, de inteligencia, en cuyos centros de reclusión se practicó, impunemente, y aún se práctica, impunemente, la tortura. Sobre la vigente práctica de la tortura en Venezuela, baste citar, entre otros, el Informe que en el año 2014 emitió el Comité de la Tortura de la ONU, precisamente refiriéndose a la situación vigente de la Tortura en Venezuela.

En otras palabras, la tortura en épocas de dictadura y de democracia, ha sido, lamentablemente, una práctica sistemática en cuerpos policiales y de inteligencia en Venezuela y, sigue aún vigente, aún impune.

No obstante, Venezuela ha ratificado las Convenciones contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA. 

Por otra parte, el artículo 46 de la Constitución venezolana reconoce el derecho humano a no ser objeto de torturas y a tal efecto indica: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación (…)”.

Aunado a lo anterior, en Venezuela se aprobó en el 2013 la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, la cual, al tipificar el delito de tortura establece que el funcionario público que en funciones inherentes a su cargo lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado o sancionada con la pena de quince a veinticinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política, por un período equivalente a la pena decretada. (Artículo 17). Esta es la tipificación legal del delito de tortura en Venezuela.

Además, Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes establece que el funcionario público que someta o inflija trato cruel a una persona sometida o no a privación de libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, genere sufrimiento, daño físico o psíquico, será sancionado o sancionada con pena de trece a veintitrés años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. (Artículo 18). Esta es la tipificación legal del delito de trato cruel en Venezuela.

La referida Ley condena además los tratos inhumanos y degradantes indicando que el funcionario público que en funciones inherentes a su cargo, cometa actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral, será sancionado o sancionada con la pena de tres a seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. (Artículo 21). Esta es la tipificación legal del delito de tratos inhumanos y degradantes en Venezuela.

Ahora bien, como muchas disposiciones constitucionales, el artículo 46.1 de la Constitución venezolana es, lamentablemente, letra muerta, las Convenciones contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la OEA, no son respetadas a pesar de tener rango constitucional conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución y, la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes es, como dicen coloquialmente en Venezuela, un saludo a la bandera, no tiene vigencia, no se aplica, no se cumple, es permanentemente violada.

Actualmente prácticas de torturas que se comenten en Venezuela se llevan a cabo, por lo general, en la Dirección de Investigación contra el Terrorismo del CICPC y en el SEBIN.

En el caso del CICPC, el llamado "masaje de la PTJ" ahora "masaje del CICPC", sigue vigente. Este irónicamente llamado "masaje", consiste, según el relato de mis defendidos (en mi actividad de Defensor de Derechos Humanos que han sido torturados en dicha sede), en una práctica que incluye, tapar la cabeza del detenido con papel periódico o con una bolsa, luego amarrarla con tirro a nivel del cuello, para producir la asfixia de la victima durante las torturas. Se le amarran con tirro los tobillos y muñecas. Se cubre el cuerpo de la persona con una colchoneta y se le amarra alrededor esa colchoneta para luego poder proceder a aplicarle golpes con patadas, puñetazos, palos y objetos contundentes en el cuerpo, que al estar cubierto con la colchoneta, no queda con marcas que se puedan visualizar a simple vista. Además, se utiliza un percutor o taladro que se le coloca a la persona torturada en los oídos amenazándola de picar su cuerpo o perforarlo con dicho aparato. También y, generalmente, en el caso de las mujeres se utiliza un aparato que le llaman el "helicóptero" para así arrancar partes del cabello de la persona o víctima. Durante todo este proceso de tortura se suele insultar, amenazar, intimidar y coaccionar física y psicológicamente a la víctima para que diga o haga lo que se le obliga a hacer o decir, para que confiese delitos que no ha cometido o diga nombres o personas que supuestamente conocería. En varios casos, se utilizan descargas eléctricas en el cuerpo de la persona, como lo hacía la Seguridad Nacional, la DIGEPOL, la DISIP o como lo hace el SEBIN. Generalmente la tortura se realiza en el caso de personas que a sabiendas que son inocentes, por este terrible medio se busca su quiebre físico y mental para que confiese algo que no ha hecho, porque, muy sencillo, no hay pruebas de la comisión de un delito por esa persona y los funcionarios optan por esta práctica para justificar sus detenciones y dichos que luego reflejan en un acta policial cuestionable, por decir lo menos.

En el caso del SEBIN la tortura, tiene varias formas, sin referirme aquí al caso de la tortura blanca que se da en la sede de la llamada "Tumba" de ese organismo, mis defendidos, presos políticos que ya no están en el SEBIN y que fueron objeto de torturas en la sede del Helicoide, me narraron en su momento cómo eran llevados a la parte de arriba del SEBIN, es decir, a la zona superior a aquella donde están las celdas de reclusión de los presos comunes y presos políticos, y allí se les colocó una bolsa en la cabeza, se le roció dentro de la bolsa insecticida aerosol, luego les fue amarrada la bolsa al cuello con tirro, se ataron sus tobillos y muñecas y, seguidamente, se le aplicaban golpes, patadas y descargas eléctricas, acompañadas de insultos y fuertes amenazas que procurar igualmente doblegar o quebrar psicológicamente a la víctima.

Estoy resumiendo aquí, lo que ya en muchos casos hemos denunciado ante diversos tribunales, como defensor de derechos humanos de presos políticos, en los que me ha tocado actuar denunciando violaciones tan graves como la tortura. El común denominador en esos casos: los jueces y fiscales nunca atienden las denuncias de tortura, siempre existe alguna excusa o simplemente un silencio cómplice frente a los casos en que hacemos las denuncias y señalamos a los funcionarios responsables de las mismas. Incluso nos hemos encontrado con jueces que se niegan a transcribir en las actas de las Audiencias de Presentación o Audiencias Preliminares, las denuncias sobre torturas, los cuales, hasta han llegado a amenazarnos.       

En el caso de Araminta Gonzalez ya hemos señalado en una anterior publicación y en todas las denuncias que hemos presentado ante diversos organismos e instituciones, que ella ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En efecto, así lo hemos hecho, cumpliendo con nuestro deber como abogados defensores de Araminta Gonzalez ante la Defensoría del Pueblo y personalmente nos entrevistamos con la Doctora Yanelly Ramirez Santamaría, al respecto. Presentamos escritos, documentos y pruebas mediante escrito de fecha 3 de julio de 2015, ratificado y ampliado mediante escritos de fechas 6 de agosto de 2015, 10 de agosto de 2015, 24 de agosto de 2015, 26 de agosto de 2015 (Primera parte), 26 de agosto de 2015 (Segunda Parte) y 10 de septiembre de 2015. No obstante y a pesar que el Defensor del Pueblo es la Máxima Autoridad de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, instalada en Julio de este año, esa Institución NO ha hecho nada para que se investiguen a los funcionarios que torturaron a Araminta y no ha dado trámite alguno a las denuncias presentadas.

Conscientes que la Defensoría del Pueblo podría, por razones políticas o por las razones que fueran, abstenerse de investigar las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ha sufrido Araminta González, también hicimos en su momento, las denuncias correspondientes ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, lo cual realizamos mediante escrito de fecha 31 de julio de 2015, ratificado y ampliado en escritos presentados en fecha 10 de agosto de 2015 y 26 de agosto de 2015, todo ello a los fines que se realicen las investigaciones correspondientes por la Fiscalía y se sancione a los responsables de tales violaciones de Derechos Humanos, SIN EMBARGO HASTA LA FECHA NO HA HABIDO UNA RESPUESTA FORMAL DE ESA INSTITUCIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS FORMULADAS, sólo se ha comisionado a una Fiscalía de Derechos Fundamentales para investigar el caso y allí, hasta ahora, la causa está prácticamente paralizada, con muchas investigaciones y diligencias pendientes de realizar por esa Fiscalía. El Director de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Juan Carlos Tabarez, sólo se limitó a enviar un oficio a la Juez que conoce el caso, anexando uno de nuestros escritos y solicitando realice la Audiencia Preliminar en el caso de Araminta, la cual ha sido diferida más de 15 veces por ya haber transcurrido 1 año 3 meses y 5 días desde el día que fuera detenida. Sobre las torturas y la responsabilidad de los funcionarios del CICPC existe, hasta ahora, un cómplice silencio por parte de esa Dirección.

De igual manera hemos denunciado reiteradamente ante el TRIBUNAL PRIMERO EN FUNCIONES  DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA-EXTENSION BARLOVENTO, a cargo de la Juez Mariam Altuve Arteaga, las violaciones de Derechos Humanos, es decir, las Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de los cuales fue objeto Araminta Gonzalez, lo cual realizamos mediante escritos de fecha 30 de junio de 2015, 23 de julio de 2015 y 10 de septiembre de 2015, presentados ante ese Tribunal, SIN QUE SE HAYA REALIZADO ACTUACIÓN ALGUNA POR ESE JUZGADO PARA INVESTIGAR LAS DENUNCIAS, ni actuación alguna con el objeto de remitir ante las autoridades competentes tales denuncias para su investigación, lo cual constituye una violación de lo establecido en el artículo 24 de la Ley venezolana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Además, hemos solicitado reiteradamente al referido Tribunal, le otorgue a Araminta Gonzalez una medida menos gravosa a la Privativa de Libertad, especialmente por sus delicadas condiciones psiquiátricas y psicológicas producto de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales ha sido objeto y habida cuenta que ha transcurrido 1 año 3 meses y 5 días (más de 460 días privada de libertad, sin que se haya realizado su audiencia preliminar y sin que se haya abierto juicio penal en su contra); todo lo cual hemos hecho mediante escritos de fecha 26 de mayo de 2015, 10 de junio de 2015, 30 de junio de 2015, 23 de julio de 2015 y 10 de septiembre de 2015, sobre los cuales, para variar, ese Tribunal no ha dado respuesta alguna.

En todas las referidas denuncias hemos señalado directamente con nombres y apellidos a los funcionarios responsables de las torturas cometidas contra Araminta: funcionarios de la Dirección de Investigación contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Comisario Jefe Carlos López, Comisario Francisco Bullon, Inspector Jefe José Bolívar, Detective Jefe Ian Del Castillo, Detectives agregados José Guillermo,  Kelwuin Armas, José Lugo, Elvis Rosales, Estik Díaz; y los detectives Harolt Rodriguez, Julio Mota, Jhonalvis Ramos, Gonzalo Ibarra, Pedro Rodríguez y Yessenia Sanchez, según toda la investigación que hemos realizado y pruebas que así lo demuestran. Importante señalar que todos los referidos funcionarios actuaron bajo ordenes del Comisario Jefe Gervacio Vera.

Al día siguiente de un irregular allanamiento a su apartamento en Guarenas, sin la presencia de Araminta y con graves irregularidades desde el punto de vista legal, Araminta es detenida por funcionarios, antes mencionados, en el Centro Comercial Lido y, en ese momento, los funcionarios que la abordaron le indicaron a Araminta Gonzalez, que ella debía obligatoriamente acompañarlos, o de lo contrario ellos la podrían incluso “matar”. En ese momento, le pusieron esposas, la golpearon en varias oportunidades en el pecho, en la cabeza y en la cara, la encapucharon con un trapo y la llevaron arrastrada hasta un vehículo y luego hasta la delegación u oficinas de la Dirección de Investigación contra el Terrorismo del CICPC localizada en la Avenida Urdaneta.

Al llegar a la sede de la Dirección de Investigación contra el Terrorismo del CICPC, la llevaron a un cuarto donde habían varias colchonetas, le sacaron la capucha y la acostaron encima de una de las colchonetas, le quitaron las esposas; en ese momento le forraron las muñecas, tobillos y cabeza con periódico y tirro y luego le esposaron un tobillo a la muñeca y la envolvieron en la colchoneta. La golpearon en repetidas oportunidades para que dijera nombres de supuestos cómplices o financistas, que ella no conocía, ni sabía a quienes se referían esos funcionarios. Luego de eso la siguieron golpeando con tablas, patadas, cascos y le dieron martillazos en los dedos de los pies. Aunado a ello, la asfixiaron con bolsas plásticas en la cabeza y en ese momento los funcionarios la fotografiaron reiteradas veces y se reían e proferían insultos. En varias oportunidades se colocaron sobre su cuerpo y le halaban el pantalón hacia abajo.

En esas lamentables e inhumanas circunstancias, los funcionarios procedieron inmediatamente a acercar a sus oídos y cuerpo una especie de percutor o taladro y le decían reiteradamente que la iban a picar en pedacitos y a lanzar al Guaire sino ella no les decía lo que ellos querían escuchar. La llamaron por duros y degradantes adjetivos calificativos como: “Máldita Bruja”, “Estupida”, entre otros que, por respeto a la opinión pública nos permitimos no transcribir. Posteriormente e inmediatamente a lo anterior, la sacaron de la colchoneta y le doblaron las extremidades hacia atrás, le jalaron los cabellos hasta arrancárselos, con lo que ellos llamaban el “Helicóptero”. Y en ese momento le dijeron que si no le entregaba a alguien la iban a matar. Fueron aproximadamente, según ella recuerda, más de 4 horas de terribles torturas por partes de los funcionarios del CICPC, torturas que con mayores detalles hemos denunciado ante las autoridades competentes antes señaladas.

Araminta Gonzalez fue posteriormente trasladada a los Tribunales donde se la "colocó" en el proceso judicial que se sigue contra el ciudadano Vasco Da Costa y ortos (quien posteriormente en una carta dirigida a la opinión pública manifestó que no conocía a Araminta González). Luego Araminta  fue llevada presa al CICPC de El Rosal y luego al INOF. En éste último Centro de Reclusión Araminta Gonzalez, fue desnudada, le revisaron su cuerpo desnudo detalladamente, sus cabellos y boca y otras zonas corporales. En ese momento la trasladaron a una especie de celda de castigo que la llaman zona de resguardo o celda de reflexión, donde estuvo por mas de 20 días sin agua potable, ni papel higiénico, ni pasta de dientes u otros elementos de aseo personal que no se le permitían utilizar. Además le tuvieron restringidos los alimentos. Desde entonces, hasta ahora, ya hemos informado mucho, en diferentes medios de comunicación, sobre los detalles del vía crucis que ha vivido y sigue viviendo Araminta González.

Inicialmente a Araminta se le acusó de Terrorista, luego el propio Ministerio Público reconoció que no era procedente la acusación por Terrorismo y, en su lugar, le atribuyó la supuesta comisión de los delitos de Asociación para Delinquir y supuesta Fabricación de Artefactos Explosivos, sin que haya prueba ni evidencia alguna que, Araminta, haya alguna vez fabricado un artefacto explosivo o que los materiales e instrumentos de estudio y trabajo, encontrados en su casa, en un irregular e ilegal allanamiento, servían para la fabricación de artefactos explosivos. Mucho menos se ha demostrado su vinculación con un Grupo de Delincuencia Organizada destinado a cometer delitos que amerite que se le haya atribuido el Delito de Asociación para Delinquir. En otras palabras el caso de Araminta González, es un caso que ha sido, lamentablemente, fabricado, montado.

Una gran paradoja, una gran ironía: los funcionarios que torturaron a Araminta González son los que han sido promovidos como testigos y principal prueba para atestiguar en su contra. ¿Será por eso que se les protege tanto? ¿Será por eso que no se les abre a ellos directamente una investigación?

En fin, ya el caso de Araminta Gonzalez lo hemos presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU y lo hemos presentado ante el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura. Si no es en Venezuela, será en la ONU donde podremos poner en evidencia que, en Venezuela, la Tortura es una realidad y una práctica sistemática de sus cuerpos policiales.

Mientras, recordemos que conforme a la Constitución (artículo 29) "(...) Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía". Con base en esta norma, la tortura, por ser una violación grave a los derechos humanos, es uno de esos delitos que no prescribe y, tarde o temprano, los responsables de las torturas contra Araminta Gonzalez, tendrán que asumir su responsabilidad y responder en consecuencia.

También debe recordarse que en materia de violaciones de Derechos Humanos los funcionarios no pueden escudarse en órdenes superiores, dicho de otra manera, no se aplica el principio de obediencia debida. Por ello, el artículo 25 de la Constitución señala que: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores".

En todo caso, las Convenciones contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (artículo 33), consideran no validas y nulas absolutamente, cualesquiera declaraciones o confesiones realizadas por una persona víctima de tortura.

Luego de 1 año 3 meses y 5 días injustamente presa y luego de ser torturada, Araminta no ha tenido su Audiencia Preliminar, las denuncias sobre las torturas de las cuales fue objeto por parte de funcionarios del CICPC no han tenido mayor investigación y ella, sigue, cargando con su cruz, una cruz que no sólo le pesa a ella, sino a todos aquellos que, estando a su lado, la levantamos en cada caida, en cada duro momento en que la pesadilla de las torturas de las cuales fue objeto, reviven en su mente, donde permanecerán, lamentablemente, de por vida. 

José Vicente Haro García

Abogado/Profesor/Defensor de Derechos Humanos

Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política.

@JOSEVICENTEHARO

Sobre las amenazas de muerte en mi contra por defender presos políticos

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, incluso hoy yo plantaría un árbol".

Martin Luther King 


Lamento tener que invertir tiempo en un asunto que no debería ser el principal, en el marco de mi labor como ciudadano, abogado, profesor y Defensor de Derechos Humanos. No obstante, las circunstancias, me han obligado a robarle tiempo al tiempo para redactar estas palabras por ser el responsable de un equipo y por tener depositada en mi, la confianza de los presos políticos que defiendo y la de sus familiares y seres queridos.

En los últimos meses y, especialmente, desde febrero 2015, mi equipo, la doctora Pierina Camposeo y mi persona, hemos recibido constantes y permanentes amenazas de muerte vía telefónica a través de números que aparecen en la pantalla de nuestros teléfonos como "numero oculto" o "numero privado". 

A ello se han sumado amenazas a través de imágenes y mensajes vía Twitter dirigidos directamente a mi con mensajes acompañados de lo mismo: amenazas de muerte con imágenes de fotos de lo que sería mi cadáver en la calle -bañado en sangre- así como de lo que sería mi cadáver en una de las salas de la morgue de bello monte, también bañado en sangre, imágenes que son, efectivamente, las de un cadáver y que sostienen, en esos mensajes, será mi cadáver pronto. Algunas de esas fotos -no todas las cuales conservo bajo resguardo- pueden verse en el TimeLine de mi Twitter @JOSEVICENTEHARO. Las cuentas Twitter desde las cuales fueron enviadas, fueron creadas para proferir las amenazas pero luego de las denuncias realizadas, fueron eliminadas por quienes las crearon para atacarme.

Por si fuera poco, a todo lo anterior se agregan los abordajes agresivos, físicos y personales de personas armadas y -cuidadosamente- ocultas tras varias maniobras (abordando por la espalda e intempestivamente) con la utilización intimidatoria y sobre el costado de armas en contra de mi colega Defensora de Derechos Humanos, Pierina Camposeo, así como contra mi persona: el mismo día, a la misma hora en dos sitios diferentes de la ciudad, todo coordinado, casualmente, el miércoles 15 de marzo de 2015, poco antes del mediodía. 

La amenaza es la misma y el motivo sigue siendo el mismo. Nos instan a abandonar las causas en las que defendemos gratuitamente -pro bono- a presos políticos que lamentablemente están privados de libertad con motivo de las manifestaciones y protestas que se sucedieron en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. 

Todo esto, reitero, lamentablemente debe alejar mi atención, por unos minutos, de lo importante, para redactar estas palabras que a este nivel me toca por abordar no sin antes recordar que si se trata de amenazas de muerte, todos los venezolanos tenemos inexorablemente una potencial y al azar, amenaza de muerte, proveniente del hampa y de la delincuencia que se cobra la vida de alrededor de 25.000 personas anualmente en nuestro país, por lo que no soy el único "honrado" -por decirlo irónicamente-, en tener una amenaza de muerte como una sombra que me persigue o persigue a mi equipo. A lo anterior se deben agregar las amenazas que, ya es un hecho público, notorio y comunicacional, hacen los colectivos armados a ciudadanos y personas que son atacadas por el simple hecho de expresarse políticamente en contra del régimen que gobierna actualmente Venezuela. En otras palabras, no soy el único venezolano que podría decir que corre el riesgo de terminar muerto en las calles de este país que alguna vez fue la sucursal del cielo.  

Nuestra Constitución, la de todos los venezolanos, establece el derecho humano que tiene toda persona, independientemente del tipo proceso administrativo o judicial que obre en su contra, de estar debidamente asistido de un abogado: Artículo "49.1 La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso". En ese mismo artículo se establece el derecho humano a la presunción de inocencia que tiene toda persona, hasta que no se demuestre lo contrario por una sentencia definitiva y firme, luego de un proceso judicial que debe contar con todas las garantías propias de la defensa y del debido proceso, derechos humanos universales inherentes a toda persona. 

Por otra parte, nuestra Constitución establece claramente el Sistema de Justicia venezolano incluyendo dentro del mismo a los abogados. En su artículo 253 la Carta Magna indica que "...El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio."

Con estas o con otras palabras lo que trato de expresar es claro: nuestra profesión de abogados y, más aún, de Defensores de Derechos Humanos, está amparada en la Constitución y forma parte clave de los Derechos Humanos reconocidos por ella y del Sistema de Justicia que la misma Carta Magna ha creado. Lamentablemente nuestra Constitución está tan devaluada y es tan violada constantemente que decir esto, lo obvio, ya parece toda una osadía especialmente cuando se le recuerda a los órganos de seguridad del Estado y me refiero a la policía, la PNB, el SEBIN, así como a los demás órganos policiales con los que, desde el 12 de febrero de 2014 me ha tocado lidiar cada vez que voy, con mi equipo, a visitar a nuestros defendidos, presos políticos, ciudadanos que tienen derecho a tener un abogado o abogados que los defiendan. 

Pero al parecer ya pedir que se cumpla y respete la Constitución en nuestro país es mucho exigir. Aquí se han aplastado por la fuerza del Estado muchos derechos humanos y en especial el derecho a la presunción de inocencia de mis defendidos: todos, en lugar de presumirse inocentes, se presumen culpables, hasta tanto logremos, a pesar de todo un sistema enfocado y parcializado en su contra, demostrar lo contrario y lograr su libertad. 

Lo mismo sucede con mi equipo, mi persona. No se parte de la base que estamos ejerciendo nuestra profesión y nuestra obligación como abogados y que somos parte del Sistema de Justicia previsto en la Constitución, sino, contrariamente, se asume que estamos haciendo una defensa que, por decir lo menos, es incomoda al régimen y especialmente a los órganos policiales y de inteligencia que yo, en lo particular, no he dudado ni dudaré en denunciar cuando han violado los derechos humanos de nuestros defendidos. 

Estoy consciente que para más de uno de esos órganos policiales y funcionarios es preferible alejarme por la fuerza de toda la causa y defensa de los Derechos Humanos que he mantenido por más de un año e, incluso, si fuere necesario para sus "objetivos", es preferible ejecutarnos y matarnos. No lo dudo. 

Sin embargo, yo tampoco tengo duda alguna que nada de esto que mi colega Pierina Camposeo, mi persona y los miembros de mi equipo hemos vivido, nos va a alejar de nuestro deber que como ciudadanos, venezolanos, abogados y Defensores de Derechos Humanos, tenemos y en lo cual seguiremos a pesar de las circunstancias y las fuertes amenazas. 

El régimen y sus colaboradores, colectivos, órganos de inteligencia y policiales tendrán entonces que respetar nuestro derecho o ejecutar sus amenazas que, en lo que a mi respeta, no me quitan el sueño, solo me han quitado tiempo y eso ya esa una perdida lamentable, porque el tiempo es el único bien escaso que nunca se recupera. 

Cuando era estudiante de derecho tenía un sueño: hacer justicia. Lo sigo teniendo, pero ya no es un sueño, ni una esperanza y mucho menos un deseo: es una convicción y una lucha inquebrantable en mi vida. Esencia de mi vida y profesión. Aunque sea utópico en este país, aunque parezca prácticamente imposible, aunque sea ahora muy arriesgado para mi vida y la de mi equipo. Reitero, seguiremos adelante. No vamos a claudicar, no vamos a ceder frente a las amenazas. 

Un país no se construye con amenazas, un país no se construye cediendo ante ellas. Un país no se construye con miedo y mucho menos con cobardía.

La justicia es un valor esencial en una sociedad, la justicia por la que hasta el mismo Jesucristo abogó, es una misión de vida, una creencia, una convicción y un norte como la linea del horizonte para quienes estudiamos derecho pensando, tal vez ilusamente, que en este país se podía hacer justicia. Por ello, no podemos traicionarla, sería traicionarnos a nosotros mismos, traicionar nuestra esencia como abogados. 

Agradezco de corazón a la comunidad de amigos en Twitter que sin conocerlos personalmente siempre han reaccionado con un apoyo solidario, firme y claro hacia nuestra labor. En especial, como cristiano que soy, valoro y agradezco las oraciones y bendiciones que recibo por esa vía. Son una gran motivación. 

También debo agradecer a un gremio que siempre he admirado con respeto y es sin duda el gremio ejemplo de solidaridad coraje y valentía: el gremio de los periodistas que siempre están allí pendientes de este tipo de casos y que además de reportar y hacer pública mis denuncias me han manifestado su respaldo y apoyo, como siempre. Ellos también sufren y han sufrido persecuciones por hacer su trabajo. Este gremio es un ejemplo de apoyo a sus miembros, situación que contrasta del gremio de los abogados del cual me siento, por decir lo menos, avergonzado, porque la cobardía y el miedo siempre los lleva a reaccionar de la misma manera: callar, pasar agachados. Cuando un colega huele a muerto prefieren esperar el cadáver pasar y guardar un cómplice silencio, el mismo silencio que guardan esas Universidades donde he dado clase pero que nunca se atreven a decir nada para cuidar sus individuales intereses. Menos mal que nunca he esperado nada ni del gremio de los abogados, ni de mis colegas profesores de derecho que prefieren esconderse en las aulas universitarias antes de salir a defender la Constitución y los Derechos Humanos de los cuales dan grandes clases magistrales, pero que, salvo contadas y honrosas excepciones, como si se tratara de una asunto meramente teórico, solo predican en las protegidas paredes de las aulas universitarias. 

En definitiva, a pesar de las circunstancias, mi mensaje sigue siendo el mismo, claro y meridiano:  Rendirse Nunca, Retroceder Jamás! 

@JOSEVICENTEHARO

EL 23 DE ENERO DE 2015 Y EL FUTURO DE VENEZUELA

Venezuela significa y representa tantas cosas que los venezolanos hemos lamentablemente "aprendido" a olvidar. Venezuela tiene muchos puntos de encuentro que nos unen a todos los venezolanos, incluso, a los que políticamente están distantes o totalmente opuestos, pero hemos dejado que el odio sembrado por unos y por otros, nos separe y nos divida de tal manera que hemos desdibujado la esencia de lo que es ser venezolano y esto ha llevado a muchos a apostar a la condena, ostracismo y, hasta la muerte, de los hermanos venezolanos que son adversarios políticos. 

Desde el 23 de enero de 1958 han pasado ya casi 60 años y hoy 23 de enero de 2015, tal vez siendo una voz disidente debo expresar, como un simple ciudadano, que hoy no tenemos nada que celebrar, por el contrario, tenemos mucho que lamentar. Lamentar casi 60 años de una educación pública, primaria, media y diversificada hecha para crear y mantener un pueblo ignorante que ni siquiera es consciente de sus derechos humanos y sus deberes constitucionales; casi 60 años de corrupción generalizada gobierno tras gobierno, Presidente tras Presidente; casi 60 años de violaciones sistemáticas y generalizadas a los Derechos Humanos que hoy, con el actual régimen ha llegado ha su máxima expresión y degradación; casi 60 años donde -seamos claros- nunca hubo división de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Controlaría General de la República y, mucho menos, del órgano electoral. Nunca borrare de mi mente las arbitrariedades que pude ver directamente cometer desde la Corte Suprema de Justicia en muchos juicios políticos, donde, precisamente podía yo constatar lo que sucedía en la Venezuela de aquél entonces. 

Es un lugar común decir, los venezolanos no tenemos memoria de nuestra historia. Lamentablemente es cierto y por eso, creemos que antes éramos felices y que ahora hemos tocado fondo. Todo lo contrario, antes éramos, lo mismo que ahora, en general, un pueblo ignorante, capaz de dejarse llevar por el primer demagogo y encantador de serpientes que con un regular marketing político se proponía alcanzar el poder, antes nos conformábamos con lo que teníamos porque en realidad no aspirábamos a ser verdaderos ciudadanos capaces de ejercer con fuerza y determinación activa nuestros derechos y deberes políticos, al contrario, la máxima aspiración del venezolano, en general, siempre fue durante todos estos años, que el Estado nos resolviera los problemas, que el Estado nos diera aquello que no éramos, por flojera, falta de educación, ignorancia o comodidad. Por eso, por desgracia, el socialismo a calado tan fácilmente en muchos sectores de la población. 

Desde el 23 de enero de 1958 nos acostumbramos a que el Estado nos tenía que resolver los problemas y los gobernantes hábilmente descuidaron la educación y el trabajo como lo valores principales a sembrar en nuestra sociedad, para ellos poder manejar al pueblo y a los ciudadanos, como una simple masa electoral. 

Desde 1999 estamos recogiendo los frutos de esa siembra de anti-valores, incluyendo la anti-política, que fue el caldo de cultivo ideal para la llegada de un Socialismo de corte Autoritario, Militarista y Comunista que ha marcado a Venezuela en los últimos 15 años. 

Todavía recuerdo cuando el 27 de febrero de 1989 (con el caracazo), la gente decía que, definitivamente, habíamos tocado fondo, no obstante, la historia y el tiempo siempre demuestra que en la política, así como en la vida, nunca se toca fondo, siempre se puede estar peor, para muestra: el lamentable presente de Venezuela y el incierto futuro de los venezolanos. 

Venezuela está perdida y a la deriva, sin brújula, como un barco sin rumbo, como lo están muchos de los Venezolanos que la padecen y la sufren día a día, por una educación mediocre, por la falta de empleo y por una pobreza que prácticamente ha eliminado a la clase media o la ha reducido a su mínima expresión.

Venezuela se ha convertido en un país donde el pueblo se comporta como masa, no como un cuerpo de conciudadanos conscientes de sus derechos humanos y sus deberes constitucionales, capaces de luchar por sus derechos y con la responsabilidad suficiente de cumplir con sus deberes constitucionales.

Hoy 23 de enero de 2015 no hay nada que celebrar, pero si mucho que lamentar. Son casi 60 años de oportunidades perdidas, de proyectos inconclusos, de mala educación, de posicionamiento de los anti-valores ciudadanos como los parámetros de referencia de la actuación del Estado, de sus funcionarios y, lo más triste, de muchos venezolanos. 

Hoy tenemos una supuesta revolución que nos ha impuesto un Socialismo al que pareciera se haberse acostumbrado la mayoría de los ciudadanos y, la "felicidad suprema", es conseguir los alimentos, productos de higiene personal y medicamentos que necesitamos. Con que facilidad se han adaptado la mayoría de los venezolanos a esta realidad y a esta degradación constante de su dignidad y de sus derechos. 

Releyendo la historia pareciera que el 23 de enero solo fue un día en el que salimos de una sangrienta dictadura, para entrar en una degradante etapa que ha terminado, con el paso de los años y el permiso de muchos venezolanos y, en especial, de su pésima dirigencia política, en otra dictadura, esta vez, una dictadura moderna, disfrazada de democracia, donde no hay respeto a la Constitución, a los Derechos Humanos y a la División de Poderes y donde los militares son los que gobiernan, nuevamente Venezuela, como si esto, que alguna vez fue un verdadero país, fuera un cuartel en el que rige el estado general de sospecha que aplicaba Stalin en su atroz dictadura y donde se detiene a cualquier persona por solo expresar su opinión por una red social o por tomar una foto,                                                     
Yo he vivido solo 40 años de los casi 60 que han pasado desde aquel 23 de enero de 1958. A estas alturas de la vida ya no vivo de esperanzas ni ilusiones, ni lucho por la democracia, los Derechos Humanos y la libertad por vanas expectativas de que las cosas van a cambiar. Si a la historia me remito, muchas veces dudo de estar vivo para ver ese verdadero cambio. A estas alturas de la vida lucho por convicción y por que es mi deber ciudadano con Venezuela, con la Constitución y con los principios y valores que rigen mi actuación. Lo seguiré haciendo, pero tengo los pies sobre la tierra, estoy consciente de lo que es hoy Venezuela y de lo que es el Venezolano de hoy. Por eso y por ser 23 de enero de 2015 hago un alto para expresar estas palabras y seguir adelante en mi lucha democrática, como abogado, profesor, ciudadano, Defensor de la Constitución y de los Derechos Humanos, para decirles, hermanos venezolanos, hoy no tenemos nada que celebrar, si mucho que lamentar y muchísimo que reflexionar.  

@JOSEVICENTEHARO

Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. Defensor de Derechos Humanos.